La libertad de prensa puede ser atacada mediante un acto administrativo, una querella penal o un pistoletazo: el primer recurso, como el que dispuso la clausura de este diario en 1984 y la detención de sus periodistas, es más bien propio de una dictadura, en tanto que los otros dos pueden emplearse en democracia, tal como viene ocurriendo, desde 1989, en perjuicio de periodistas de distintos medios. En otras palabras, si otrora la prensa estaba expuesta a las embestidas del poder político autoritario, hoy debe temer, sobre todo, los ataques realizados en sede judicial en nombre “del honor y la reputación”, o en la vía pública por parte de criminales desalmados. La mafia apela al asesinato brutal de periodistas, cuya primera víctima fue Santiago Leguizamón, muerto en 1991, en Pedro Juan Caballero; la última, Humberto Coronel, fue acribillada en la misma ciudad, elevando a veinte el número de comunicadores eliminados desde la caída de la dictadura, entre ellos nuestro excorresponsal en Curuguaty Pablo Medina y su hermano Salvador.
Aunque la estadística paraguaya está muy lejos de la mexicana, por ejemplo, que solo este año ya registra quince asesinatos, resulta inquietante que los hombres de prensa sean blancos de la furia criminal, casi siempre impune, por parte de quienes –según las más altas autoridades– ya han permeado todas las entidades públicas, entre las que se cuentan el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial. El Estado fracasa cuando no protege el derecho a la vida, más aún cuando sabe de la amenaza de muerte recibida por una persona, como en el caso del locutor recién ultimado: denunció la amenaza en junio último, al igual que su colega Gustavo Báez, también de Radio Amambay y en la mira mafiosa.
En este contexto, resultan miserables la excusa y el consejo brindados por la agente fiscal Katia Uemura, que votó en las últimas elecciones internas de la ANR y cuyo esposo, Daniel Montenegro, habría sido objeto de un intento de asesinato en julio último: “No atribuiría a la Policía ni a la Fiscalía esa responsabilidad (la de custodiar), porque una persona amenazada directamente debe resguardarse. De repente, tratar de arreglar las cosas si es que la situación lo permitiera y no estar así regalándose”. O sea que Humberto Coronel no solo debía protegerse por sí mismo contra el fuerte aparato mafioso, sino también ¡¡¡ponerse de acuerdo con sus capos!!! Es simplemente intolerable que un miembro del Ministerio Público pretenda desligar al Estado de su deber constitucional de garantizar un derecho básico y que, en cambio, sugiera una negociación para que el amenazado de muerte salve su vida a cambio del silencio, de una suma de dinero o de cualquier otra contraprestación, por así llamarla. La canallesca recomendación es propia de alguien que, entre otras cosas, no tiene la menor idea de la dignidad del cargo que ocupa.
La impotencia estatal manifestada por la agente fiscal dice mucho acerca de la falta de idoneidad, de honestidad o de empeño de quienes deben combatir el crimen organizado, especialmente en la capital del Amambay, escenario de reiterados atentados, aunque sea asiento del Grupo Táctico CODI - FTC y de la Oficina de Seguridad Bipartita en Fronteras. Para peor, la impresentable integrante del Ministerio Público culpa al occiso de su propia muerte, al afirmar que no debía “estar así regalándose”. El vocabulario utilizado revela no solo el nivel cultural de quien lo emplea, sino también su condición moral: la de Katia Uemura es francamente deplorable, razón por la que mal puede seguir representando a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales. Sugiere que, si alguien es amenazado, debe esconderse todo el tiempo que dure el peligro, o “transar” con la mafia. Para ella, es evidente que las autoridades no deben ocuparse de desenmascarar y castigar a los culpables.
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Por último, urge que Pedro Juan Caballero sea liberada, de una vez por todas, de las garras del crimen organizado, que la aprisionan desde hace décadas. Desde luego, la tarea tiene que extenderse a todo el país, en favor de toda la población, no solo de los periodistas, que en verdad no tienen un mejor derecho a la vida que otras personas, pese a que en los últimos tiempos la prensa libre se ha venido convirtiendo en el principal bastión en que se refugia la población ante la defección de las autoridades que deben defenderla, como Katia Uemura.
ABC Color, que conoce lo que es perder a un miembro del equipo por culpa de balas asesinas, hace llegar su solidaridad y sentidas condolencias a Radio Amambay, y a la familia del periodista Humberto Coronel.