En época electoral es importantísimo tener aliados, sobre todo si manejan mucho dinero y pueden proveer medicamentos para asistir a la clientela con dinero y productos ajenos y conseguir adeptos. Así se ha denunciado muchas veces desde antaño en el Instituto de Previsión Social (IPS), una productiva vaca lechera a la cual ordeñar para conseguir votos.
No puede descartarse que ello haya influido para que legisladores de los dos sectores antagónicos del gobernante Partido Colorado se unieran en la Cámara de Diputados y hayan decidido no recomendar al Poder Ejecutivo que remueva del cargo al presidente del Consejo de Administración del ente previsional, Vicente Bataglia, tras ser interpelado el último 16 de agosto. En efecto, el citado cuerpo legislativo dejó pasar los días, sin emitir un voto de censura a su vergonzosa gestión. Esto implica que los diputados aprobaron con el silencio la falta de medicamentos e insumos, la insuficiencia de médicos especialistas, el maltrato a los pacientes y sus familiares, la sideral deuda con las firmas proveedoras y las licitaciones públicas amañadas, entre otras miserias de una administración inepta y presuntamente corrupta. Montaron un teatro para que la opinión pública crea que les preocupa el suplicio cotidiano de los aportantes, pero a la hora de la verdad lo consintieron con el desinterés real o la cobardía manifiesta.
Los asegurados están indefensos, pues si sus representantes en el Consejo de Administración son cómplices o encubridores de los desmanejos, los legisladores se han revelado como unos impostores: ni tan solo veinte de ellos tuvieron la decencia de pedir el tratamiento del voto de censura, antes de que fenezca el plazo reglamentario. Hugo Ramírez (ANR, abdista) admite que hay deficiencias administrativas, pero estima que no son tantas como para que el doctor Bataglia haya sido al menos interpelado a propuesta de sus correligionarios cartistas, que luego dejaron caducar su propia iniciativa, acaso como un gesto conciliatorio con el Gobierno. También los diputados de la “concertación” hicieron mutis por el foro, demostrando que la alternativa planteada para 2023 no es precisamente radical.
Uno de los temas que más inquietaron a los diputados fue la desvinculación de 604 de los 11.302 contratados hasta el 30 de junio de este año; el malestar ligado al clientelismo consuetudinario indujo al presidente de la Cámara, Carlos María López (PLRA), a aclarar más tarde que él no recibió cargos para repartir entre sus allegados: “Hay que preguntar a los que recibieron esos cupos”, dijo. Es probable, entonces, que el no censurado agradezca el tácito apoyo obtenido, mediante otras numerosas contrataciones de personas físicas, que pueden ser muy útiles ante las próximas elecciones internas y generales. Para los politicastros, el IPS es un importante centro de influencias indebidas, hasta en forma de “recomendaciones” para conseguir turnos, medicamentos o camas. En dicha perversa práctica, la regla “te doy para que me des” tiene vigencia efectiva, para mal de la generalidad de los asegurados y para bien de unos avivados con padrinos a sueldo de los contribuyentes.
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Todo indica que el doctor Bataglia aún goza de la confianza del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el mismo que pidió la renuncia de su antecesor Armando Rodríguez, tras detectarse una licitación fraudulenta. En el Palacio de López se consienten sus pésimos servicios, pese a los lacerantes testimonios de las víctimas. ¿Le debe algo Marito para seguir haciendo oídos sordos al clamor de los asegurados y sus familiares? Tampoco le alarma el penoso estado financiero de la entidad. Cabe volver a recordar que, en su discurso inaugural del 15 de agosto de 2018, expresó su anhelo de que “ir a un hospital en Paraguay no se convierta en un drama mayor que la propia enfermedad”. Pero, ir a uno del IPS lo sigue siendo, después de cuatro años.
En lo que va de su mandato, el jefe del Poder Ejecutivo se ha destacado por sus designaciones erróneas, siendo la referida una de las peores; supo corregirse un par de veces, pero ahora está evidenciando que se empecina en el desacierto. No sería tan necio para creer que la inconducta de los diputados debe interpretarse como una señal de que los asegurados están satisfechos con las deplorables prestaciones, de modo que solo resta presumir que el doctor Bataglia se mantiene en el puesto por razones inconfesables, similares a las que prevalecieron en el Palacio Legislativo. Está visto que los aportantes no pueden contar con el apoyo de los poderes políticos ni, desde luego, con el de los consejeros que los representan; solo les resta apelar a sus propias fuerzas, con el respaldo ciudadano. Urge que, mediante reiteradas manifestaciones pacíficas y denuncias ante el Ministerio Público, se busque poner fin al latrocinio que afecta a los aportantes, en la medida en que su dinero está muy lejos de reflejarse en un buen servicio.
En verdad, no se trata solo de que el presidente del Consejo de Administración vaya a su casa: también deben irse sus demás miembros, para que de una vez por todas se intente liberar al IPS de los graves vicios que lo consumen desde hace décadas, con la infame coparticipación público-privada.