En conversación con ABC TV, el presidente Mario Abdo Benítez dijo que quiere la aprobación de un Presupuesto razonable para su último año de mandato. Añadió que ello es “un desafío” por las fuertes presiones en el Congreso en tiempo electoral y reconoció que uno de los problemas es el “puenteo” por parte de ministros y titulares de entes que recurren directamente a las cámaras para negociar sus asignaciones al margen del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. El deseo del jefe de Estado es inobjetable y su preocupación por los incrementos que introduzca el Poder Legislativo es justificada. Pero que se declare poco menos que incompetente para controlar los “pedidos” de sus propios subalternos denota una lamentable y notoria falta de firmeza y de liderazgo, que ha sido precisamente una de las grandes falencias de su gestión, independientemente de sus buenas o malas intenciones.
El Presidente “recomendó” a los representantes de las instituciones que “hablen con el ministro de Hacienda”, porque “no es correcto” que se salten las instancias y que todo el proceso “debería” suscribirse “dentro del ámbito” del Ejecutivo. Inaudito.
El Presidente no puede dejar al arbitrio de funcionarios bajo su mando la posibilidad de negociar por separado el Presupuesto porque con ello no solo está tolerando un hecho de inaceptable indisciplina institucional, sino que está cometiendo un acto claramente inconstitucional.
La Constitución Nacional, en su artículo 216, otorga única y exclusivamente al Poder Ejecutivo la potestad de presentar cada año al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación. Y la misma Constitución, en su artículo 226, define que el Poder Ejecutivo “es ejercido por el Presidente de la República”.
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Se trata de un poder unipersonal e indelegable, detentado por una sola persona. Ni los ministros ni los funcionarios de “rango ministerial” ni ningún otro de cualquier clase o jerarquía son ni pueden ser “parte” del Poder Ejecutivo, como erróneamente se suele señalar. Ni siquiera lo es el Vicepresidente, salvo en los momentos en que ejerce la suplencia por las causales y bajo las condiciones establecidas. Los ministros y titulares de entes son colaboradores del Poder Ejecutivo, nombrados por este, pero la única persona que tiene la facultad constitucional de presentar y negociar con el Congreso el proyecto de Presupuesto General es el Presidente de la República, en este caso Mario Abdo Benítez. Ni siquiera lo es el ministro de Hacienda, que solo puede hacerlo en cumplimiento de instrucciones y bajo la responsabilidad de su superior.
Por lo tanto, “constituye una falta a sus deberes constitucionales y a su compromiso con la ciudadanía el que Marito simplemente “recomiende” respetar los canales y “no saltarse las instancias”. Su obligación es dejar claro que, una vez hechas las consultas internas y adoptadas las decisiones, es el remitido con su firma, y ningún otro, el proyecto de Presupuesto del Poder Ejecutivo autorizado por la Constitución Nacional. Y si alguien desautoriza a la Carta Magna y a él mismo, lo que corresponde no es “recomendar”, sino proceder a la inmediata destitución.
El que esta sea una práctica común y no privativa de este Gobierno no la hace menos deplorable y perniciosa. Este arraigado vicio da origen a espurias componendas entre la clase política y altos funcionarios a costa de los contribuyentes y los intereses del país. Así se producen las consabidas transadas donde se aprueban más contrataciones clientelistas, más gastos innecesarios, más recursos para grupos partidarios y de presión, al margen de las verdaderas prioridades nacionales, a cambio de cuotas de poder, participación en la repartija y lealtades que nada tienen que ver con el funcionamiento orgánico del Gobierno al que esos funcionarios dicen pertenecer y responder.
Y si es funesta en general, lo es mucho más en las actuales circunstancias, cuando las finanzas públicas están al borde del precipicio después del tremendo derroche de fondos públicos en los últimos años, lo cual solo parcialmente es consecuencia de la pandemia, y cuando imperiosamente se necesita volver a un estado de relativo equilibrio para asegurar la sostenibilidad fiscal y macroeconómica, condición indispensable para el crecimiento real, el desarrollo del país y la calidad de vida de la población.