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Desde hace casi un mes y medio la Contraloría General de la República (CGR) viene gestionando con las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) la entrega de documentos que justifiquen la deuda con proveedores, abonada ya parcialmente por el ente previsional. El objetivo es conocer si los megamillonarios montos son verdaderos y merecen ser honrados. Llamativamente los responsables se han negado sistemáticamente a proveer de tales papeles, es más, remitieron documentos que nada hacen a lo solicitado y han encontrado excusas pueriles para no cumplir con sus obligaciones. A tal punto llega el hartazgo relacionado a este trámite, que el propio contralor Camilo Benítez Aldana ha realizado declaraciones públicas en reclamo a las autoridades del IPS: “Ni ellos saben lo que deben. Es gravísimo esto. Es la corrupción en su máxima expresión”. Estas duras expresiones, sin embargo, parecen no preocupar mucho al presidente Mario Abdo Benítez, jefe directo del titular del Instituto, Vicente Battaglia, ni a las autoridades del Ministerio Público y la Justicia.
La previsional cuenta con más del millón y medio de asegurados, entre titulares y beneficiarios, conforme a datos difundidos recientemente por el ente, lo que refleja su importancia en la atención sanitaria de una significativa porción de la población paraguaya así como sus expectativas en materia de jubilación. De su salud económica y financiera dependen miles de familias. Pero es una entidad que soporta permanentes denuncias de presuntos hechos de corrupción, de pésima atención a sus asegurados y carencia de medicamentos básicos requeridos.
Oficialmente se habla de que una deuda acumulada con los proveedores de insumos y medicamentos alcanzó en algún momento 258 millones de dólares. El pasado 15 de noviembre la Contraloría le solicitó una lista de documentos a fin de examinar y validar el millonario monto. Entre otras cosas pidió nombres de proveedores, montos de deuda con cada uno de ellos, facturas y anticipos realizados, fechas de entrega del producto o medicamento y número de ID en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Tras un mes de aquella solicitud, el IPS remitió papeles que no le fueron solicitados. Días después informó a la Contraloría que no podía proveer de aquellos por el volumen que representaba, para horas después plantear una prórroga de 20 días.
Queda claro que las autoridades del Instituto, o están ocultando algo sumamente grave o no son capaces de arreglar el desorden que existe en el lugar. El fastidio que esto genera a la Contraloría llevó a su titular a anunciar la necesidad de allanar el local del IPS a fin de hacerse de los datos requeridos. El titular del instituto, Vicente Bataglia, firmó recientemente un préstamo a sola firma, en nombre de la entidad, a fin de obtener financiación por G. 350.000 millones con el objeto de cubrir parte de los compromisos atrasados con sus proveedores. El ente de control sostiene, con sólido argumento, que corresponde analizar los detalles de la misma, por que a fin de cuentas se está endeudando a los asegurados.
Esto es apenas una muestra de cómo se administra una institución que pertenece a los asegurados. Una entidad donde la Asociación de Pacientes Oncológicos viene reclamando a llantos la provisión de medicamentos básicos, donde los pacientes de cáncer deben recurrir a todo tipo de artimañas para conseguir medicina básica, donde se debe aguardar hasta cuatro meses para agendar consultas con profesionales de las diferentes especialidades, donde los asegurados sufren en pésimas condiciones la espera del alivio de sus familiares y algunos deben recurrir hasta a rifas y polladas para financiar lo que el propio instituto les pide mediante recetas cuyos pedidos deben ser adquiridos en las farmacias externas.
En contrapartida, la previsional viene priorizando sospechosamente la adjudicación de megamillonarias inversiones, que están siendo apuradas durante la administración de un Gobierno que se está yendo y con grandes dudas sobre la factibilidad de dotarlos de equipamientos médicos y personal para su funcionamiento posterior. Recientemente se autorizó la construcción de un Centro Hemato-Oncológico por 30 millones de dólares, en tanto están en proceso pendientes de aprobación la edificación del Hospital del Niño del IPS por 47 millones de dólares y la construcción de un Hospital Regional del Chaco por otros 29 millones de dólares. Es vox populi en las instituciones del Estado que los famosos “anticipos” para obras contienen los porcentajes de incentivos para los administradores de turno. Ojalá no sea este el motivo de tanto apuro por parte de las autoridades (presidente y Consejo) del IPS.
Ante las duras declaraciones del contralor general de la República, cuando menos se espera que los responsables del IPS se sacudan de la modorra y entreguen los documentos que son requeridos a fin de auditar la deuda que ya está siendo pagada. Cualquiera sea la excusa, el nuevo Gobierno que asuma en agosto venidero deberá realizar profundas reformas en su sistema de atención de la salud y salvaguardar los fondos jubilatorios para la tranquilidad y el bienestar de los asegurados. En cualquier país medianamente serio, lo que dijo el contralor Camilo Benítez al menos hubiera movilizado ya al Ministerio Público y al sistema de Justicia. Las miserias que deben soportar los asegurados aparentemente no conmueven al presidente Mario Abdo Benítez. Y a juzgar por su conducta de protección de hace meses a Vicente Bataglia, seguirá manteniendo a este inepto sobre el cual ahora pesan fuertes sospechas de corrupción, a juzgar por las declaraciones del responsable del máximo ente de control de la República.