Con respecto al último ejercicio presupuestario, la Contraloría General de la República (CGR) informó que quince de los 262 intendentes del país no justificaron cabal u oportunamente el uso de los royalties y de los recursos del Fondo de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), recibidos por sus municipalidades, sobre todo, para almuerzos escolares y obras de infraestructura educativa. En el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, en tiempo y forma, del dinero transferido por el Ministerio de Hacienda, sobresalieron tanto los intendentes colorados Denis Torres (Areguá), Hilario Adorno (Puerto Casado) y Gustavo Rodríguez (San Pedro de Ycuamandyyú), como la liberal Mirtha Elizabeth Fernández (Valenzuela), pues no creyeron necesario demostrar lo que hicieron con los recursos recibidos en ninguno de esos conceptos. Pese a todo, los cuatro fueron reelectos en octubre de 2021, de lo que se desprende que los vecinos no fueron puntillosos a la hora de controlar sus respectivos desempeños, dado que si en este periodo no fueron transparentes, tampoco lo habrían sido durante el anterior.
Más aún, la Municipalidad regida por el sampedrano fue intervenida en noviembre de 2021, pero él no está imputado, pese a que en la Cámara Baja se dijo que hay pruebas contundentes de que había malversado unos 1.700 millones de guaraníes. La valenzolana sí lo está desde abril de este año, por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, delitos relacionados con parques infantiles y empedrados “fantasmales”, que habrían causado un daño patrimonial de 600 millones de guaraníes. Atendiendo el historial de los jefes comunales en esta relevante cuestión, se observa que se están volviendo mucho más cumplidores, desde el punto de vista formal: si en 2017, por ejemplo, 75 de ellos no rindieron cuentas de los recursos del Fonacide, esta vez no lo han hecho solo cinco, lo que no significa en absoluto que todas ellas respondan a la verdad. Es decir, existen sospechas de que las rendiciones están en los papeles, pero no así que esté rigurosamente confirmado por los contralores que los “gastos” que aparecen se correspondan efectivamente con las obras realizadas.
Es probable que no sean veraces, entre otras, las rendiciones de cuentas del intendente colorado Gustavo Penayo (Caapucú), quien, de acuerdo a la CGR, presentó los documentos, aunque con tardanza con respecto a los royalties: está acusado por la mayoría de los ediles, que piden que la Municipalidad sea intervenida, de haber malversado tres mil millones de guaraníes del Fonacide y de los royalties. En este caso –una de las pocas excepciones– también se ha dado una ejemplar movilización ciudadana en defensa del patrimonio municipal, digna de ser imitada allí donde los intendentes, muchas veces en complicidad con los ediles, desvían los fondos asignados a la infraestructura educativa, al almuerzo escolar y a los gastos de capital. Así, se ve que los habitantes de las ciudades pueden tener una participación fundamental para evitar que el dinero que les corresponde a todos sea engullido por autoridades sinvergüenzas.
No resultaría difícil, sobre todo en las localidades pequeñas y medianas, que la gente controle la correcta inversión de los recursos: el súbito enriquecimiento de esas autoridades no debería pasar desapercibido, como tampoco la inexistencia de las obras que debían construirse con el dinero proveniente del Fonacide y de los royalties. Claro que para constatar lo último habría que estar previamente informado de los proyectos municipales, razón por la cual es preciso emplear los mecanismos legales de participación ciudadana, como la asistencia a las sesiones de la Junta Municipal y a las audiencias públicas, que deben ser convocadas a más tardar el 15 de febrero de cada año, para que las Municipalidades informen de su gestión.
La corrupción local debe ser combatida, en primer lugar, por los propios vecinos, sin perjuicio, desde luego, de que la CGR, el Ministerio Público y la judicatura ejerzan sus respectivas competencias, como es debido. Hasta la fecha, solo tres exintendentes han sido condenados por delitos cometidos en el cargo: Roberto Cárdenas (Lambaré, ANR), Gustavo Alfonso (Arroyos y Esteros, ANR), y el actual edil César Balbuena (Santa Elena, PLRA), cuyo caso se halla aún en estudio en la Corte Suprema de Justicia. Las autoridades municipales deben sentirse vigiladas por quienes tienen el legítimo interés de vivir en un municipio dotado de calles, plazas y escuelas bien hechas, como corresponde. Las víctimas de la corrupción no deben permitir que las tomen por idiotas.
Hace un año y con el apoyo de la Unión Europea, la CGR, la organización no gubernamental Juntos por la Educación y la Federación de Vecinalistas del Paraguay lanzaron la campaña “Exigí rendición de cuentas”, para instar a la ciudadanía a hacer el seguimiento, el monitoreo y la veeduría de la gestión pública, esto es, para sensibilizar acerca de “la importancia de la rendición de cuentas de los fondos públicos destinados a cada comuna”. Ojalá que se repita este año y que la sociedad civil recurra al portal de denuncias de la CGR a fin de informarse si un intendente rinde cuentas a la ciudadanía, de denunciar si la Municipalidad no las rinde y de calificarla en materia de transparencia, al decir del contralor general Camilo Benítez Aldana. Dicho organismo ya aprobó la documentación presentada por 208 administraciones sobre el uso de los recursos del Fonacide y de 187 sobre el de los royalties, siendo de esperar que el examen haya sido lo suficientemente estricto, pues la experiencia enseña que a la burocracia paraguaya no les cuesta nada fraguar papeles.
Demasiados recursos ya han ido a parar al barril sin fondo de la corrupción, por lo que es hora de que la población se levante firme y en forma sostenida, dentro de lo que permite la ley, para denunciar a quienes les roban su presente y su futuro.