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La Contraloría General de la República (CGR) cuenta en el desastroso Instituto de Previsión Social (IPS) con la síndica María José Candia, designada por el contralor general Camilo Benítez Aldana para auditarlo y fiscalizarlo. Por los actos y documentos que autorice dicha funcionaria, es ilimitadamente solidaria y responsable con el Consejo de Administración, presidido por Vicente Bataglia. Como el IPS tiene mucho que ocultar por obvias razones, su máxima autoridad creyó necesario declarar, el 26 de agosto de 2021, que el síndico no forma parte del Consejo de Administración ni de los procesos internos, o sea, pretende que no debe vigilar su gestión económica y financiera. El 13 de julio de 2022, el contralor general señaló al presidente que, entre otras cosas, el síndico de entonces –Francisco González– debía asistir a las sesiones, fiscalizar los procesos de contratación pública, controlar las obligaciones contraídas por la entidad y pedir documentos sobre la órdenes de pago, antes de ser ejecutadas: la falta de provisión de los informes daría lugar al inicio de acciones judiciales.
Pues bien, estos antecedentes muestran que las relaciones entre ambos órganos están deterioradas desde hace un par de años, debido a la falta de transparencia del IPS, una entidad que es “la corrupción en su máxima expresión” y que ni siquiera sabe lo que debe, al decir del propio contralor general. El 15 de noviembre de 2022, la CGR le pidió documentos relativos a la deuda acumulada de 250 millones de dólares contraída con empresas farmacéuticas, así como informes sobre las líneas de crédito aprobadas por el Consejo de Administración para abonarla, que ya superarían los 425.000 millones de guaraníes: un mes más tarde, el pedido fue satisfecho a medias y tras ser reiterado, el IPS tuvo el descaro de excusarse con ¡la falta de recursos humanos y materiales para atenderlo como es debido! Podría decirse: la caradurez en su máxima expresión, porque si algo caracteriza al ente es la abundancia de recursos humanos.
A la CGR se le agotó la paciencia el 6 de febrero: emplazó a Vicente Bataglia a entregar todos los documentos dentro de 24 horas y le advirtió que, de no hacerlo, apelará al art. 20 de su ley orgánica, que le autoriza a solicitar a un juez en lo civil el allanamiento de la sede del IPS, con el auxilio de la fuerza pública. Ayer, el titular del ente pidió al contralor una prórroga de cinco días para el envío de los informes solicitados, atendiendo “..la magnitud, complejidad y al volumen de documentaciones que maneja la institución”.
Se ha llegado a tal extremo –sin precedentes– debido a que el Consejo de Administración de la entidad previsional se burla, en última instancia, de la norma constitucional que define a la CGR como “el órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades”. Es evidente que la entidad previsional se rige por la exclusiva voluntad de su presidente y de sus miembros, acaso porque tendrían buenos motivos para que nadie eche un ojo a sus respectivos desempeños en materia económico-financiera. Es de pública notoriedad el pésimo servicio que prestan a los asegurados, así como a los jubilados y pensionados: aquí no pueden esconder nada.
El emplazamiento referido coincidió con una movilización convocada por las organizaciones que aglutinan a sus víctimas, para protestar contra la corrupción imperante y la negligencia médica, entre otras calamidades. Al hacerlo, también protestaron de hecho contra sus propios representantes en el Consejo de Administración, remunerados con más de 30 millones de guaraníes mensuales: Miguel Ángel Doldán (empleadores), Gustavo Arias (trabajadores) y Roberto Brítez (jubilados y pensionados). Todos ellos deben irse a sus casas o a algún sitio menos acogedor, al igual que Ricardo Oviedo y Ludia Silvera, representantes respectivos de los ministerios de Salud Pública y Bienestar Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Todos son responsables, junto con el presidente del Consejo de Administración, de la debacle sanitaria y económico-financiera del IPS, que no parece conmover al jefe del Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, quien continúa de brazos cruzados.
En IPS se malversa y se maltrata, mientras el Gobierno y el “sector privado” hacen la vista gorda. Valga de consuelo que al menos la CGR se ha dispuesto, al fin, a cumplir con su ineludible deber, siendo de esperar que sus eventuales hallazgos forzados sirvan para develar aunque más no sea una pequeña parte de unos consuetudinarios desmanes administrativos. Y que los responsables reciban el castigo que se merecen.