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Uno de los dramas de este sector de vital importancia para el futuro de las nuevas generaciones es la pésima infraestructura educativa: el 45% de las instalaciones debe ser refaccionado y no solo para comodidad de alumnos y docentes, ya que está en juego nada menos que su integridad física. Es esta cuestión cargan con una gran responsabilidad las Municipalidades y Gobernaciones, que reciben dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para asignarlo al almuerzo escolar, así como a la construcción, el mantenimiento y el equipamiento de los centros educativos, atendiendo los pedidos que la Dirección de Planificación del MEC recibe de sus organismos distritales.
Como es público y notorio, los recursos del Fonacide son gestionados de la peor manera, ante la escasa fiscalización de la Contraloría General de la República y, sobre todo, de la comunidad educativa, también integrada por los padres de los alumnos: se malversa ante sus ojos, como si esta práctica delictiva nada tuviera que ver con la calidad de la enseñanza impartida. Suelen manifestarse los docentes, como acaban de hacerlo ante las puertas del MEC los de la Organización de Trabajadores de la Educación Sindicato Nacional, pero no así quienes deberían tener el mayor interés en que sus hijos sean bien atendidos con el dinero de los contribuyentes, que ellos mismos integran.
Esta lamentable pasividad, como si la enseñanza no fuera afectada por las precarias condiciones en que es impartida, tiene que ser reemplazada por la vigilancia ciudadana: los intendentes, los gobernadores y los concejales, tanto municipales como departamentales, deben saber que están siendo observados y que serán denunciados penalmente si atentan contra el porvenir de los educandos.
Desde luego, también es preciso poner la lupa en el MEC, atendiendo lo dicho por Eduardo Petta, siendo ministro en 2019: “Si hoy hablamos de educación en el nivel que estamos, que nos pone en los últimos lugares en matemáticas, ciencia y lectura, obedece a muchos factores; sin embargo, uno de los culpables más importantes que tiene hoy la educación es la corrupción” (las negritas son nuestras). Es plausible que los docentes protesten ante tantas carencias, pero también deberían quejarse de la insuficiente formación y capacitación que reciben ellos mismos, al menos con el mismo énfasis con que suelen reclamar que se reajuste el salario o se atenúe el rigor de los exámenes de evaluación.
Nada de lo dicho aquí es nuevo. Lo de la precariedad de la infraestructura educativa se repite cada año, sobre todo en esta época de comienzo de clases, si bien suele acaparar la atención en cualquier época cuando se derrumba un aula o los alumnos se ven obligados a dar clases bajo los árboles. Se debe tomar conciencia de la urgencia del desafío de la educación en el Paraguay, de lo contrario se continuará hipotecando el porvenir de la patria. Ni más ni menos.