Es de esperar que el presidente electo, Santiago Peña, que se supone estará trabajando arduamente en la selección de su gabinete y en la elaboración de la agenda inicial de su gobierno, no cometa el mismo error de varios de sus antecesores de dejar lo más difícil para después. Hay al menos cinco razones que señalan que este es precisamente el momento más apropiado para encarar de una vez las medidas estructurales que imperiosamente necesita la República, entre las que se pueden mencionar, por ejemplo, el restablecimiento del equilibrio fiscal, la reforma de la función pública y del Estado, la reforma previsional, la intervención de la educación y la reforma del sector eléctrico, entre otras.
La primera razón es que esta es la etapa en la que gozará de mayor capital político y aceptación popular, no solamente de quienes lo votaron, sino también de un amplio sector de quienes no lo hicieron, todo lo cual se traducirá en un fuerte apoyo inicial por parte de una importante porción de la población y de las organizaciones de la sociedad civil, que esperan pueda tener una buena gestión en beneficio del país. No menos importante, eso se reflejará en una primera instancia en el espectro político, y más específicamente en el Congreso Nacional, no solamente porque su partido habría obtenido una mayoría propia, sino porque aun la oposición seguramente no querrá boicotear sus acciones inaugurales y cuando menos fingirá otorgarle un condicionado beneficio de la duda, en línea con el sentimiento general.
Sin embargo, tal como lo ha demostrado invariablemente nuestra misma historia, la luna de miel durará poco, y esa es la segunda razón por la que debe aprovechar este momento y no esperar. En menos de lo que se imagina todo empezará a dársele vuelta, incluso dentro de su propio partido. Pronto el desgaste inherente de la tarea de gobernar, con los reclamos cada vez más enérgicos de sectores descontentos y las crecientes críticas a su administración, justificadas o no, provocarán decepción, pérdida de paciencia, minarán su popularidad y, en forma proporcional, incrementarán los ataques de las diversas corrientes políticas. Cuando se quiera dar cuenta ya no tendrá las mismas posibilidades de adoptar medidas drásticas y de fondo.
La tercera razón es que cuanto más se tarde en tomar tales medidas, más costosas serán, tanto en términos económicos como políticos. Hay cuestiones estructurales que afectan y amenazan al país que se deben resolver antes de que hagan crisis, no cuando ya sea tarde. Un ejemplo es el delicado momento que atraviesan las finanzas públicas, con un déficit que se ha vuelto crónico y que asciende al 3,5% del PIB, un endeudamiento de cerca del 40% del PIB y con 90% del presupuesto destinado a gastos rígidos, principalmente salarios (73% de los ingresos), más transferencias para subsidios, jubilaciones y pensiones del sector público y servicio de la deuda. Si no se hace el ajuste ahora y se encuentra la manera de racionalizar, en poco tiempo el ajuste se tendrá que hacer de todos modos, pero con un mayor peso sobre la población, porque será ineludible o elevar los impuestos o permitir que se dispare la inflación, o bien haciendo los recortes, pero en un ambiente de más inestabilidad.
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Una cuarta razón es que, si se concretan las previsiones, este año será particularmente favorable desde el punto de vista económico, gracias a una muy buena cosecha y a un efecto rebote frente a los malos ejercicios anteriores. Aunque lamentablemente se suele hacer lo contrario, siempre es mejor tomar medidas estructurales en los ciclos de bonanza, porque los efectos negativos se pueden aliviar o compensar, y no en los ciclos de depresión o recesivos, cuando no hay margen para atemperar el impacto, que en gran medida recae sobre personas o sectores de por sí afectadas por la crisis.
Y finalmente, sin perjuicios de otras, hay una quinta razón de naturaleza puramente política. Así como los gobernantes deben asumir la responsabilidad por sus errores y fracasos, del mismo modo es perfectamente legítimo que pretendan recoger el rédito político por sus éxitos. Pero la equivocación en la que suelen incurrir es la de intentar ganarse ese rédito en el corto plazo, para lo cual buscan congraciarse con grupos de presión con medidas populistas, a costa del sólido reconocimiento a mediano plazo con medidas verdaderamente útiles para las mayorías y para el país. Lo que en realidad les conviene es exactamente lo contrario. Ya al principio llevar adelante las acciones aparentemente impopulares, pero necesarias, aun a costa del rechazo de algunos sectores en lo inmediato, para que las mismas surtan efecto con el tiempo y puedan demostrarse efectivas hacia el final del mandato, en las siguientes elecciones generales.
Un caso muy comentado ha sido el de la excanciller alemana Ángela Merkel. Se resistió tozudamente a la tentación populista, exigió e impuso duros ajustes en toda Europa, llevó adelante estrictas y controvertidas reformas aun durante la pandemia, que al final consiguieron, por ejemplo, reducir el desempleo de su país a la mitad y, contra la opinión mayoritaria, defendió con firmeza y a su cuenta y riesgo la apertura de Alemania a millones de refugiados durante la crisis migratoria con su célebre frase “nos arreglaremos”, lo que a la postre resultó beneficioso para la economía y el orgullo moral de su nación. Por todo ello, en su momento fue severamente vilipendiada por propios y extraños, pero el día que se retiró lo hizo no solo con los más altos honores oficiales, sino con un altísimo grado de aprobación, con el respeto y el cariño de sus conciudadanos, que salieron a los balcones con pañuelos blancos a saludarla. Santiago Peña y todos los políticos deberían estudiar y aprender esa lección.