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Una súbita recomposición del consorcio era relevante, pues el pliego de bases y condiciones de la licitación pública disponía que la empresa líder debía probar haber prestado servicios similares por valor de al menos 20 millones de dólares y tener una experiencia mínima de tres años en la gestión de 5.000 lugares de estacionamiento. Era evidente que Geolatina SA no podía demostrarlo, así que el 23 de agosto del año pasado suscribió una “carta de intención y compromiso de venta y cesión de derechos de participación en el consorcio”, comprometiéndose a ceder y vender la suya en favor de la firma Edivi SA. La vigencia del documento estaba “supeditada a la formalización de parte del Municipio (sic) de Asunción de la permisibilidad de la misma en el contrato de concesión referido, siendo esta una condición resolutoria del presente acuerdo”.
Hasta hoy, la Municipalidad no ha prestado su acuerdo. Es más, ni siquiera estaba enterada de la operación prevista, de modo que Geolatina SA seguiría liderando el consorcio, en violación del pliego de bases y condiciones y de la Ley de Concesiones de Obras y Servicios Públicos. El representante de Parxin, Pedro Britos, niega que se haya alterado su conformación original, así que el consorcio continuaría encabezado por Onix Parque SA. Por su parte, Daniel Díaz de Vivar, director de Edivi SA, niega que esta haya tenido una intención de compra, pese a que la “carta” –reproducida facsimilarmente por nuestro diario– fue firmada también por Luis Fernando Canillas Díaz de Vivar, representante legal de dicha firma. “Conocemos a la gente de Parxin, pero hasta ahí nomás”, dijo el primero.
El último 21 de abril, la Contraloría General de la República dio a conocer un informe que muestra la falta de transparencia en cuanto a la composición del consorcio. Entre otras cosas, señala que no hay evidencia de que la escritura pública relativa a cambios en la distribución de utilidades, suscrita de inmediato tras el acta de constitución del consorcio, “haya sido puesta a conocimiento del ente municipal antes de la suscripción del contrato”. Para dicho organismo, “no resulta claro cuál es la firma que mantiene el liderazgo”, razón por la cual la Municipalidad tiene la “obligación” de pedir la documentación necesaria para “determinar y comprobar que existe una nueva empresa líder.” Hasta hoy no lo sabe, pero el intendente desea que el estacionamiento tarifado entre en vigor este año.
Nenecho miente al decir que la CGR “no ha detectado ninguna modificación o irregularidad” y la desoye al ignorar la obligación de aclarar cuál es la empresa líder, aunque alegue estar pidiendo “todos los informes habidos y por haber”. Si la intención de Parxin de modificar su composición, incorporando a Edivi SA, no fue consumada, resultaría que la empresa líder sigue siendo Geolatina SA, firma que no cuenta con la experiencia requerida en la materia, como es de conocimiento público. Además, el repentino aumento de su participación en el consorcio original no fue autorizado por la Municipalidad, en violación de la ley. El intendente busca confundir, alegando que un tribunal arbitral falló en favor de Parxin y que lo mismo hicieron luego un Tribunal de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia: estas decisiones no tuvieron que ver con la cuestión del liderazgo en el consorcio, sino con la rescisión del contrato efectuada por la Municipalidad en 2017, debido a que el consorcio no habría presentado a tiempo la garantía de su fiel cumplimiento.
El grupo habría modificado su composición inicial sin que la Municipalidad se entere, aunque su representante lo niegue; luego, uno de sus integrantes se compromete a vender a otra firma su participación en Parxin, pero los firmantes de la “carta” lo desmienten. Los manejos ocultos del concesionario y la negligencia municipal, revelados por la CGR, han hecho del estacionamiento tarifado una iniciativa fallida. Los tejes y manejes pueden inducir a pensar que se estuvo tramando un gran negociado que duraría quince años.
Las nuevas revelaciones hacen necesario poner fin a este engendro, de acuerdo al procedimiento legal, y que los responsables se hagan cargo de las consecuencias, sin transferirlas sobre las espaldas de los castigados contribuyentes asuncenos, que deben manifestarse con firmeza y perseverancia, dentro de la ley, para no resultar una vez más víctimas de la inutilidad, la negligencia o corruptela de sus autoridades.