El Consejo Nacional de Salarios Mínimos anunció a través de su presidenta, la directora del Trabajo Karina Gómez, que el 20 de junio se definirá un ajuste del orden del 5,1% en “todos los salarios mínimos vigentes en el país”. Dijo que el Consejo no analiza el hecho desde el punto de vista económico, porque eso le corresponde al Banco Central, sino desde “una política salarial a nivel social”, dentro de los “derechos fundamentales del trabajo”. El “estudio técnico-económico” del BCP al que se refirió la funcionaria es simplemente la variación del Índice de Precios al Consumidor en el período en cuestión, pero que haya una política salarial en el país es una falsedad y lo es mucho más que se la contemple desde una perspectiva social y de derechos de los trabajadores.
Ninguna política social, ni de cualquier clase, se puede hacer partiendo del abierto desconocimiento de la realidad, y ese es exactamente este caso. Lo denota el mismo hecho de que la directora mencione “todos los salarios mínimos vigentes”, cuando es ampliamente sabido que, salvo excepciones muy puntuales, el único que se tiene en cuenta es el de actividades diversas no especificadas, y aun este solo para una minoría de trabajadores formales y como referencia para aplicación de precios, cálculo de multas y otros fines por el estilo. La parte ampliamente mayoritaria de la fuerza laboral en el país no es beneficiada con el ajuste del salario mínimo. Al contrario, sufre sus consecuencias en términos de una pérdida todavía mayor del valor adquisitivo del salario real.
Según la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, de una población económicamente activa de cerca de 3.750.000, apenas
un millón, poco más de un cuarto del total, son trabajadores formales, ya incluidos los funcionarios públicos de la administración central, los entes descentralizados, las municipalidades y las gobernaciones.
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A su vez, solo una parte de ese millón de trabajadores formales es asalariada, ya que el cálculo se hace sobre los que cotizan en algún sistema formal de jubilaciones y pensiones y los inscriptos en el Registro Único de Contribuyentes. Muchos son cuentapropistas o profesionales independientes que emiten facturas. De los que perciben salarios en el sector privado, un alto porcentaje figura con el mínimo solo a los efectos del aporte al Instituto de Previsión Social y otras cajas, por la práctica común, aunque ilegal, de eludir la contribución obrero-patronal completa al seguro social.
Todo esto significa que, siendo generosos, un eventual ajuste del salario mínimo llegaría a tan solo uno de cada siete u ocho trabajadores, a la par de perjudicar de una u otra manera a todo el resto. Incluso aquellos que sí recibirán el pequeño aumento, pronto lo verán licuado por la consecuente suba de precios.
Queda claro que esto está lejos de ser una “política salarial a nivel social”. Lo sería, por ejemplo, si el Gobierno se preocupara por mantener la estabilidad macroeconómica para que no haya inflación, por reducir drásticamente la informalidad mediante la generación de incentivos para la inversión y la contratación formales, y por impulsar una reforma que tome en consideración las verdaderas características del mercado laboral paraguayo, para beneficiar a la mayoría, no solamente a una pequeña parte en el mejor de los casos.
Pero la verdad es que la informalidad crece en vez de disminuir. La Encuesta Permanente de Hogares Continua arrojó un número de trabajadores no agropecuarios informales de 1.780.712 en el primer trimestre de 2023, superior al de 1.763.983 del primer trimestre de 2021, en plena pandemia.
Ello es consistente con las estimaciones privadas. Por ejemplo, la organización civil ProDesarrollo, que monitorea el fenómeno de la economía informal desde 2015, calculó que el mercado negro movió 22.019 millones de dólares en 2022, equivalentes al 45,9% de la actividad económica total, por encima del año anterior y al nivel del pico máximo alcanzado durante las restricciones por la crisis sanitaria.
En estas condiciones, un pequeño ajuste del salario mínimo, que sería de unos 130.000 guaraníes, no dejará contento a nadie y causará más perjuicios que beneficios. Es probable que sea inevitable porque así lo contempla una ley obsoleta que no se atreven a revisar. Pero, en todo caso, que lo hagan sin shows demagógicos, que no le mientan a la gente ni se mientan a sí mismos, y, por favor, que no hablen de política salarial y política laboral, porque este Gobierno ha carecido de ambas.