Más de nueve mil residentes en Asunción promovieron una iniciativa popular para impedir la implementación del estacionamiento tarifado, plagado de presuntas irregularidades desde el inicio del proyecto. Las firmas ya fueron validadas por la Justicia Electoral, de modo que ahora corresponde que la Junta Municipal se ocupe del turbio plan que el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) pretende llevar adelante a toda costa, pese a que todo conduce a pensar que el consorcio Parxin (representado por Pedro Britos) ha vulnerado tanto la Ley de Concesiones de Obras y Servicios Públicos como el pliego de bases y condiciones. La orden de inicio de los trabajos no puede ser expedida antes de que los concejales se pronuncien sobre la exigencia ciudadana, siendo de esperar, desde ya, que estos tengan la sensatez y la honestidad de declarar la necesidad de poner fin al malhadado contrato.
Es obvio que el cambio de la composición accionaria del consorcio, sin la ineludible autorización municipal previa, supone una grave transgresión que no debe ser tolerada, aunque así lo quieran el intendente y los ediles. Es comprensible, entonces, que ya se haya anunciado una acción judicial para el caso de que se inicie la ejecución de un emprendimiento signado por la falta de transparencia, tanto por parte del contratante como del contratista, cuya empresa líder aparenta ser ahora –subrepticiamente– Geolatina SA (representada entonces por Anabela Busolini), que no cuenta con la experiencia mínima requerida. El acto administrativo que se dictara dando luz verde al engendro sería absolutamente nulo, por cohonestar una flagrante violación de la Ley N° 1618/00.
Sus férreos defensores, como el concejal Félix Ayala (PLRA) y el jefe de Gabinete, Federico Mora, alegan que la eventual rescisión conllevaría que la Municipalidad tenga que pagar una multa equivalente a 15 millones de dólares, impuesta en sede judicial debido a que en 2017 se dejó sin efecto el contrato porque Parxin no habría presentado la garantía de su fiel cumplimiento. O sea que el caso actual es muy distinto y que, si no se pretende confundir a la opinión pública, se estaría insinuando que si se volviera a rescindir el contrato, el consorcio exigiría el pago de dicha multa. En otros términos, la administración municipal estaría siendo sometida de hecho a un vulgar chantaje.
Y bien, resulta que el 2 de junio, tras haberle intimado a implementar el sistema, Parxin emitió un comunicado en el que se leía lo siguiente: “No tenemos la intención de que la Municipalidad de Asunción abone la multa, lo que esperamos (...) es que se dé cumplimiento a la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia, que establece el cumplimento de la adjudicación”. Debe insistirse en que la rescisión que ahora se impone responde a otras causas, que llegaron a conocerse solo en febrero de este año y hacen que la adjudicación resulte nula por haberse vulnerado la ley y el pliego de bases y condiciones.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Cuando salió a la luz la operación oculta, el consorcio anunció que pondría “toda esta información disposición del municipio (sic), para el esclarecimiento y transparencia de todo el proceso”. Nunca la puso o, al menos, la Municipalidad no la dio a conocer. Aunque fuera inverosímil que Parxin no buscaría cobrar la multa impuesta en el caso anterior, el Derecho y la moral exigen dejar de lado la exigencia eventual para actuar conforme a ellos. Si hace seis años se cometieron delitos, transgresiones o faltas a la hora de rescindir el contrato, la responsabilidad personal recayó sobre quienes así lo decidieron; lo mismo cabría decir si el actual intendente emite la orden de servicio, para que se ejecute un contrato en evidente violación de la ley y del pliego de bases y condiciones.
Nada ha dicho hasta hoy la Municipalidad con respecto a la composición accionaria del consorcio ni a la falta de autorización para alterarla: se limita a atemorizar con la sanción pecuniaria, a la que Parxin renunció. Hace algo más de dos meses, la Contraloría General de la República (CGR) informó que “no resulta claro cuál es la firma que mantiene el liderazgo”, razón por la cual la Municipalidad debía pedir la documentación necesaria para dilucidar el asunto. El órgano contralor también ignoraba si ella había autorizado o no la compra de acciones por parte de Geolatina SA.
Nenecho Rodríguez no puede demostrar que la compra de acciones fue autorizada por la Municipalidad, siendo él concejal, ni que los antecedentes de la citada firma, que devino líder, la avalan para implementar el estacionamiento tarifado. Si, no obstante, dictara la orden de servicio, se pondría en marcha lo que, según fuertes indicios, sería un negociado de quince años, urdido de espaldas a la opinión pública. Antes de que ello ocurra, es preciso que la Junta Municipal se ocupe del asunto en su sesión ordinaria de hoy, dado que su presidente Luis Fernando Bernal (ANR) ya recibió el 20 de junio el proyecto de ordenanza contenido en la iniciativa popular, remitida por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Por cierto, llama mucho la atención que el órgano colegiado municipal no haya advertido en su momento las notorias irregularidades apuntadas incluso por la CGR. En consecuencia, se espera que esta vez abra los ojos para subsanar tan negligente omisión, salvo que prefiera estar confabulado con la Intendencia, en lo que aparente ser un gran intento de estafa a los asuncenos y a quienes visiten nuestra ciudad capital.