El Senado rechazó por mayoría tratar sobre tablas un proyecto de resolución de la “multibancada” opositora, para que el cuerpo solicite al senador Hernán Rivas (ANR, cartista) su renuncia a la condición de miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por “su notoria falta de idoneidad y honorabilidad”. El proyecto en cambio fue enviado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, entre otras, para que dictamine antes de que la iniciativa sea tratada por el pleno en una próxima ocasión.
Todo indica que el proyecto de resolución será denegado, pese a insistentes pedidos de que el susodicho dimita de su membresía en el JEM o al menos de la presidencia del mismo. El Colegio de Abogados del Paraguay llegó incluso a instar a la Cámara Alta a que rectifique “el desacierto cometido en desmedro de la ciudadanía y la institucionalidad”, al nombrarlo como uno de sus representantes en el referido órgano extrapoderes, aunque sus integrantes solo puedan ser removidos mediante un juicio político. Como es inútil pretender que Hernán Rivas tenga el decoro de renunciar por propia iniciativa, habrá que resignarse a la infamia de que conserve una investidura adicional que nunca debió haber obtenido a causa de su aparente precaria formación. Pidió que se le den seis meses de tiempo para evaluar su desempeño, de lo que se puede entender que él mismo reconoce que anteriormente no exhibió méritos suficientes para merecer su elección por sus colegas, como si un organismo como el JEM fuera un lugar para pasantes. Esto lleva también a preguntar qué méritos encontraron en él sus colegas para votarlo primero para integrar y luego presidir el ente. Huele más bien a que una aplanadora bien aceitada recibiera orden de arrasar con todo. Rivas, además, se lavó las manos aduciendo que no es el único decisor en el JEM, pues tiene “ochos” (sic) miembros. Reveló una vez más su ignorancia supina al afirmar que este órgano no se ocupa de cuestiones de fondo, sino de procedimiento. Aquí vale recordar que con anterioridad, el Estado paraguayo fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras cuestionar una decisión del JEM en el caso del exfiscal Alejandro Nissen, dándole razón a este último.
Ocurre que “adorar” a Horacio Cartes no es condición necesaria ni suficiente para juzgar a camaristas, jueces, agentes fiscales o defensores públicos. Para ocupar tan alto cargo y ejercer tan relevante función, aunque la ley no lo exija taxativamente, es imprescindible tener la autoridad moral e intelectual de la que al parecer carece el senador en cuestión. La Cámara Alta cometió el despropósito de designarlo para representarla ante el JEM, como si no hubiera habido otro senador abogado que pueda hacerlo con altura, en vez de abochornarla como lo hace el susodicho, con su ineptitud y con sus presuntos desmanejos financieros. Las demandas judiciales que soporta, la decisión de la Subsecretaría de Estado de Tributación de elaborar su “perfil de riesgo” y las inconsistencias de sus declaraciones juradas de bienes y rentas son muestras claras de que mal puede integrar un cuerpo colegiado que se ocupa de juzgar a integrantes del Poder Judicial y de los órganos auxiliares de justicia. Por de pronto, los jueces que entienden en los juicios que enfrenta por cobro de guaraníes podrían estar algo inquietos, salvo, por razones obvias, quien se ocupa del que promueve el Banco Basa, por más de 674 millones de guaraníes: ni siquiera cumple con la empresa del grupo de su venerado líder, así que los otros acreedores deberán tener mucha paciencia.
Este lamentable personaje, que ni siquiera sabe leer correctamente, también avergüenza a los ciudadanos que desean enorgullecerse de la calidad de unas instituciones integradas por personas probas y capaces, que las honren con su conducta pública y privada. Si el hecho de que integre un “honorable” órgano legislativo ya supone una ofensa a la conciencia cívica, su calidad de miembro del JEM la agrava. Por lo visto, no bastó con que Óscar González Daher haya presidido el JEM para enlodarlo, haciendo uso indebido de sus influencias; ahora resulta que Hernán Rivas tendrá el descaro de juzgar a quienes cometan “actos u omisiones que constituyen inmoralidad en su vida pública o privada y sean lesivas a su investidura”, como si no fuera inmoral, por parte suya, tener multimillonarias deudas y a la vez darse gustos carísimos, como unas alfombras persas impagas.
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Insistió ayer en que contra él se traen a colación cuestiones personales, dando a entender que son ajenas a su desempeño en el JEM, como si para ello fuera innecesario tener alguna experiencia en el ejercicio de la abogacía y presentar unas declaraciones juradas indubitables ante la Contraloría General de la República. Si le restara una pizca de dignidad, debería renunciar.
El Paraguay no puede seguir cayendo en la ignominia de pisotear la meritocracia, el esfuerzo por conseguir un título y capacitarse para servir al país y su gente. Los ciudadanos deben reaccionar y manifestarse firme y sostenidamente, dentro de la ley, para reclamar que nuestro país recurra a sus mejores hombres y mujeres, y no priorice la afiliación partidaria, la obsecuencia o la “adoración” a un líder para acceder a los cargos públicos.