En los últimos años, la pandemia y el calendario electoral han venido causando un estrago en el creciente déficit fiscal, que en este primer semestre llegó al 1,37% del producto interno bruto (PIB), y un aumento correlativo del endeudamiento público, que a fin de año alcanzará el 36% del mismo. La recaudación aduanera ha disminuido en tanto que los gastos rígidos han aumentado, debido a los reajustes salariales en favor de policías, militares, docentes y sanitarios. Aunque el Banco Mundial estima para 2023 un crecimiento económico de entre el 4% y el 5%, es improbable que aún en tal caso las cuentas públicas se saneen bastante, pues habría que ser muy optimista para confiar en que la evasión fiscal, equivalente a entre el 20% y el 30% del PIB, se reduzca en gran medida, en que la corrupción desaparezca de pronto, en que no se creen más cargos para la clientela y en que no se aliente el reclamo de compensaciones por un motivo u otro.
Por de pronto, la política de gastos de la nueva legislatura sería similar a la irresponsable de la anterior, según surge de sus últimas actuaciones: ocurre que los legisladores no velan por el dinero de los contribuyentes, pues lo que más les interesa es congraciarse con grupos de presión de diverso tipo. En este lamentable tren de cosas, al rechazar el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley por el que se indemniza a “los soldados conscriptos que prestaron servicios durante la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989″, el Congreso beneficiará con al menos 104.224 millones de guaraníes a 1.417 damnificados “potenciales”, según el decreto de objeción. Por lo visto, los legisladores creyeron irrelevante la opinión del PE de que “no existe margen para financiar gastos adicionales de esa envergadura, salvo que sea en detrimento de otros gastos”, aparte de que toda erogación mayor debe atender la capacidad de financiamiento de la Tesorería General para preservar la sostenibilidad fiscal. ¿Se atreverán esos “corazones sensibles” a recortar otros gastos para compensar el importante desembolso?
Hasta se puede llegar a ser “más papista que el Papa”, tal como lo demostró el Senado en su última sesión: elevó el Presupuesto del Ministerio Público en 80.000 millones de guaraníes, pese a que dicho órgano solo había pedido una ampliación de 64.000 millones, para la compra de equipos y el pago de deudas; la suma excedente será destinada a la creación de 468 cargos, seguramente para retribuir servicios prestados con relación al último 30 de abril. Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó dos préstamos, por un valor total de 120 millones de dólares, para que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) instale líneas de transmisión eléctrica en el Chaco; los créditos, a ser devueltos con intereses, habrían sido innecesarios si la ANDE no transfiriera al Tesoro sumas multimillonarias para financiar el Presupuesto anual, porque así lo quieren los parlamentarios desde hace décadas: este año serán 150.500 millones de guaraníes los que descapitalizarán a la empresa pública, porque la recaudación tributaria no alcanza y además conviene disimular el déficit fiscal.
Se malversa y se derrocha a mansalva, con la complicidad de quienes deberían precautelar el buen uso del dinero de sus representados. Ya hay así indicios para temer que la sensatez y la austeridad tampoco van a inspirar la conducta de los actuales legisladores, de modo que la ciudadanía tendría que intentar vigilarlos. Ya le brindarían un buen servicio al país si al menos no lo endeudaran para, entre otras desvergüenzas, satisfacer las pretensiones de una clientela política voraz, a costa del presente y del futuro de sus habitantes.
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Los congresistas merecerían bien de la patria si tomaran conciencia de lo mucho que pueden hacer apegándose estrictamente a sus funciones y atendieran las verdaderas necesidades de la población. Por de pronto, ya deberían saber que el dinero que malgastan sale del bolsillo de sus conciudadanos, cuyas urgencias son más atendibles que las suyas y las de sus paniaguados. Los platos rotos por ellos tendrán que ser pagados por sus víctimas directas e indirectas, así que conviene recordarles siempre que no han recibido una carta blanca para hacer o deshacer lo que se les antoje.