Es sabido que los subsidios estatales –tan apreciados por los populistas– se prestan a múltiples corruptelas, que suelen ser perpetradas en connivencia entre los administradores del dinero público y los beneficiarios de hecho, pero no de derecho. Valgan como ejemplos del perverso asistencialismo practicado desde hace décadas, bajo el manto de la supuesta sensibilidad social, el Programa Tekoporã, que desde 2005 presta ayuda financiera a hogares extremadamente pobres, y la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 65 años, otorgada desde 2009 en favor de aquellos que están “en situación de pobreza”, la que no debe confundirse con la “pensión graciable”, concedida por los legisladores, aunque muchas veces no se llenen los requisitos exigidos por la ley que regula su concesión.
Son frecuentes, en ambos casos, las denuncias de que los fondos terminan en manos de personas que no deberían recibirlos, por tener suficientes recursos económicos: la cuestión es que también tienen lazos con los politicastros locales, lo que les permite colocarse “de repente” en situación de vulnerabilidad social. El escándalo más reciente al respecto estalló en Luque y tuvo como protagonista a la conocida como “hurrera” colorada María Lidia Orué de Santander, la elegante conductora de una camioneta y dueña de al menos una casa con ventanas de blíndex y salón comercial anexo: a partir de septiembre, recibiría, en principio, 572.000 guaraníes mensuales, en concepto de pensión alimentaria porque sería pobre, tras haber pedido su inclusión en un censo del Ministerio de Hacienda, realizado en parte por voluntarios escogidos por la Secretaría de Adultos Mayores de la Municipalidad luqueña. Parafraseando al presidente Santiago Peña, esta correligionaria sin duda va a “estar mejor”. Los censistas habrían constatado su “vulnerabilidad social” cuando la visitaron en una humilde vivienda ajena. El jefe de la citada secretaría, Anthony Paniagua, no habría tenido la menor idea de lo ocurrido. Según dijo, se enteró del indignante asunto a través de las redes sociales y pidió informes al Ministerio, que inició una investigación.
Por si haga falta, es de recordar que el decreto reglamentario de la Ley N° 3728/09 sobre la pensión alimentaria dice que la pobreza “se manifiesta fundamentalmente en términos de privación de los satisfactores de las necesidades básicas, tales como alimentación, salud, educación, agua potable, servicios sanitarios y de energía, entre otros, debido a la insuficiencia de ingresos, de materiales o de activos materiales y sociales”. Con toda evidencia, la feliz agraciada, que no desmintió lo ocurrido, está muy lejos de sufrir tales carencias. Así de fácil resulta en nuestro país quedarse con el dinero de los contribuyentes: lo que importa es tener buenos contactos, aunque el nivel de vida del sinvergüenza pensionado sea de sobra conocido; los realmente necesitados pueden esperar por los siglos de los siglos si no tienen los contactos adecuados que les abran las puertas del fisco.
La transparencia puede ayudar: el 18 de agosto, la Municipalidad publicó en una red social el “listado seleccionado sin objeciones”, recibido del Ministerio de Hacienda, lo que permitió a los luqueños tomar nota de la hasta entonces ignorada pobreza de su compueblana, que estará ahora muy enfadada con el intendente Carlos Echeverría (ANR), debido a la revelación posiblemente involuntaria. Desde luego, se impone excluir cuanto antes a la próspera “hurrera” de ese listado desde ya sospechoso y aprovechar la ocasión para averiguar si los demás potenciales beneficiarios se hallan realmente en situación de pobreza. Con toda seguridad, a lo largo y ancho del país se hallarían numerosos casos similares si se hiciera aunque más no sea un examen aleatorio de la verdadera capacidad económica de los receptores de la pensión alimentaria.
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Urge, pues, que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público actúen de una vez por todas para que en programas como este no se siga robando con absoluta impunidad: hasta hoy, nadie ha sido tan siquiera enjuiciado por haber otorgado o recibido fondos públicos con base en datos falsos. Por regla general, estos “gastos sociales” resultan contaminados por la corrupción desaforada: el erario resulta así exprimido en beneficio propio, de los amigos, de los parientes o de los correligionarios, sin que se ejerza el menor control sobre la autenticidad de las informaciones que justifiquen los desembolsos.
Ya es hora de combatir tanto desmanejo sin castigo, que desangra al Estado en provecho de unos farsantes bien relacionados y en perjuicio de quienes realmente necesitan ser asistidos.