El arbitrario peaje impuesto en 2022 por el Gobierno argentino, violando la libre navegación de los ríos internacionales y el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (1992), celebrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, está teniendo serias consecuencias para nuestro país, aparte de conllevar un sobrecosto de unos 55 millones de dólares anuales para la logística fluvial. El último incidente causado por dicha medida unilateral afectó a un convoy de barcazas de la naviera Mercurio Group, que transportaba a nuestro país 50 millones de litros de combustible de una firma distribuidora multinacional: fue retenido en el puerto de Zárate, pese a que la propia Justicia argentina había prohibido la detención de naves en condiciones de zarpado, y fue liberado recién ayer, tras efectuarse el pago extorsivo de más de 27.000 dólares.
En declaraciones a la prensa del país vecino, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, dijo que el emblema Shell podría quedar desabastecido y que el encarecimiento provocado por estas disposiciones tiene un impacto “muy negativo” en el conjunto de la economía paraguaya, dado que el mercado local sufriría un sobrecosto “muy importante” de los combustibles. El flagrante atropello que supone el peaje también afecta a los otros tres países signatarios del acuerdo, pero resulta claro que su principal víctima es el Paraguay, según surge también del comunicado emitido el último domingo por nuestro Gobierno y el de los de Bolivia, Brasil y Uruguay, con relación al grave incidente referido. Allí expresaron su “especial preocupación por tratarse de una restricción a la libertad de tránsito de bienes estratégicos y sensibles para un país signatario, que tiene comprometido el abastecimiento de combustible y que puede afectar el precio de dicho insumo, lo que representa una afectación grave que exacerba la vulnerabilidad de dicho Estado por su condición de país sin litoral” (las negritas son nuestras).
En el mismo documento se reitera el pedido de que el Gobierno argentino suspenda la aplicación de dos resoluciones ministeriales, ya que hasta ahora ha hecho oídos sordos a sus reclamos, pese a cierto compromiso verbal asumido con el Presidente de la República. En efecto, el 26 de agosto, la Cancillería nacional dio a conocer que recibió “con sorpresa y desagrado el anuncio del Ministerio de Transporte de Argentina, de mantener el cobro del peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná, luego de que los ministros Sergio Massa (de Economía) y Diego Giuliano (de Transporte), en una reunión con el presidente Santiago Peña en Asunción, acordaran levantar la medida”. Si al despojo se suman la mentira y el desaire es porque el Gobierno de Alberto Fernández no tiene el menor interés en llegar a un acuerdo a través del diálogo amistoso.
Es comprensible, pues, que el jefe del Poder Ejecutivo haya pedido un arbitraje en el marco del acuerdo sobre la hidrovía y anunciado una demanda en el ámbito del Mercosur, por el incumplimiento de las normas de libre circulación. El Paraguay puede esperar el laudo arbitral con suma confianza, pues el art. 5° del acuerdo dice que, sin el previo consentimiento de los signatarios, no se podrá fijar ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos, basado solo en la navegación.
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Para justificar la exacción, el Gobierno argentino aduce que servirá para financiar las inversiones realizadas desde 2020, con el fin de facilitar la navegación por el río Paraná; empero, resulta que nunca ha demostrado que se haya hecho alguna obra de dragado o mantenimiento, como sí lo hicieron, según la publicación Paraguay Fluvial & Logística, el Estado paraguayo y doce puertos privados, sin exigir peaje alguno a las naves argentinas que operan en el puerto de Posadas. Dado el comportamiento hostil del Gobierno del país vecino, es comprensible que el nuestro haya adoptado contramedidas para inducirlo quizá a revocar su despropósito, como negarle su apoyo en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, aumentar la cantidad de energía que la Administración Nacional de Electricidad retira de la Entidad Binacional Yacyretá y reclamar los más de ciento cincuenta millones de dólares que la Argentina adeuda, sobre todo, por la cesión del excedente paraguayo de la energía.
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay no pueden seguir tolerando un evidente cobro indebido, que además implica trabar el libre acceso al mar por vía fluvial, abusando de una ubicación geográfica. Siendo fiel a su historia, nuestro país debe seguir bregando con toda energía por la libertad de navegación en los ríos internacionales, en todos los foros.