Sin duda alguna, los 22.000 pobladores del Alto Paraguay se hallan marginados del país, en lo que atañe a la sanidad, a la educación y a las comunicaciones. Se tiene la impresión de que están condenados menos por la geografía que por la corrupción y la indolencia de las autoridades municipales, departamentales y nacionales. En materia de salud pública, es de sobra conocido que los centros de atención están mal equipados y que carecen de especialistas, razones por las que los pacientes suelen ser trasladados de urgencia a Asunción, Pedro Juan Caballero, Concepción o Puerto Murtinho (Brasil). Cuando los necesitados no están en condiciones económicas de acceder a un avión o a una lancha, las consecuencias de su inmovilidad pueden ser fatales. En tal sentido, recordemos que a fines de agosto, los humildes familiares de una paciente con paros cardiorrespiratorios tuvieron que esforzarse para costear el combustible de un avión de la Fuerza Aérea, que debió llevarla a Asunción: desembolsaron doce millones de guaraníes.
En la práctica, los habitantes del extremo norte del Paraguay están privados de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, lo que les convierte en parias. La penosa cuestión se agrava cuando se trata de indígenas, aunque no vivan en comunidades aisladas, según surge de lo ocurrido hace unos días en el Hospital Regional de Fuerte Olimpo. Una mujer ishir, afincada junto al casco urbano, murió tras haber dado a luz y sufrido un sangrado importante. Según el Dr. Luis Martínez, director del nosocomio, se intentó mantenerla “estable” para evacuarla a Asunción, pero falleció antes de la llegada de un avión de la Fuerza Aérea.
En otras palabras, una parturienta que habría estado sana, murió debido a una situación nada insólita que, según parece, solo podía resolverse en la capital del país, situada a 772 km. Este lamentable deceso, que no ocurrió en un pequeño centro de salud, se suma a muchos otros que podrían haberse evitado si las carencias departamentales en materia sanitaria fueran menos agudas: faltan salas de terapia intensiva e intermedia, así como suficientes especialistas, aunque en la zona haya más de treinta médicos. Por lo demás, serían varios los casos mortales de mujeres preñadas y de lactantes, que nunca fueron aclarados.
El gobernador Arturo Méndez (ANR, cartista) acompañó a manifestantes que exigieron que el Hospital Regional sea intervenido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), por ser la única manera de lograr que el Gobierno central “apoye al personal de blanco, atendiendo la enorme precariedad en que se desenvuelven; el hospital (regional) se cae a pedazos”, según dijo. También deberían hacerse sentir el intendente olimpeño, Moisés Recalde (ANR, cartista); el diputado José Domingo Adorno (ANR, cartista) y la presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena, Marlene Ocampos (ANR, cartista), la exgobernadora y exdiputada investigada por lesión de confianza, que fuerza a recordar que el Alto Paraguay ha venido siendo castigado por una “clase política” muy dañina, más interesada en su propio bienestar que en el de la población.
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La ministra María Teresa Barán dispuso la intervención reclamada, por tiempo indeterminado, siendo de esperar que el informe de los funcionarios actuantes no se limite al incidente en cuestión, sino que se extienda a la marcha integral del Hospital Regional, ya visitado por el Ministerio Público en abril de 2022, debido también al fallecimiento de una mujer embarazada. Ojalá que los intervinientes no tengan la desdicha de enfermarse durante su trabajo. Hay bastante experiencia acumulada en Fuerte Olimpo del calvario que sufren sus habitantes. En mayo de este año, en el portal del MSPBS se leyó, bajo el título “Alto Paraguay, en constante crecimiento sanitario”, que “los servicios brindados (...) se van optimizando, con la mejora de infraestructura, dotación de equipamientos, capacitación y aumento de recursos humanos, así como de la capacidad de camas de intervención, flota de transporte, entre otros”. Sin embargo, continúa el calvario de sus habitantes.
En efecto, la supuesta optimización de los servicios no impidió la muerte de la indígena Cecilia Arévalo, de 29 años. Es de desear que a otros pacientes les sonría la fortuna y no deban esperar un avión militar para salvar la vida porque el Hospital Regional carece de los recursos humanos y materiales adecuados para cumplir con su misión. Hace ya demasiado tiempo que el Estado paraguayo le ha venido dando las espaldas a esa zona del país.