Tras el escándalo de los supuestos títulos académicos del senador Hernán Rivas (ANR, cartista) y del diputado Orlando Arévalo (ANR, cartista), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cree oportuno modificar el Código de Organización Judicial para que los abogados que cursaron carreras de Derecho no aprobadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) aprueben exámenes antes de que el máximo órgano jurisdiccional les otorgue la matrícula para ejercer la profesión. Más allá de la autenticidad del contenido de los diplomas universitarios, lo que aquí está en juego es la calidad de la enseñanza impartida, no solo en las facultades de Derecho o en las 46 universidades privadas, mayoría “de garaje”, creadas por ley, que tienen habilitadas nada menos que 4.580 carreras, según el Registro Nacional de Carreras del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), incluidas sus filiales, muchas de ellas en localidades minúsculas. El hecho de que se ofrezca un promedio de casi cien carreras por universidad (!) es un disparate mayúsculo, atribuible a que se trata de un negocio muy rentable, que de hecho escapa al control estatal.
En esta actividad lucrativa suelen intervenir políticos de diversa índole: el exdiputado y exministro Euclides Acevedo fue rector de la hoy célebre Universidad Sudamericana, el diputado Juan Alberto Denis maneja hoy la Universidad Gran Asunción y el exdiputado Dionisio Ortega, hoy concejal fernandino por el PLRA, dirige la Universidad Nihon Gakko, que tiene la friolera de 444 carreras habilitadas (!), según el mencionado Registro del MEC; aunque esa cifra es desmentida por su esposa y correligionaria Hermelinda Alvarenga, quien dijo que solo tienen 27 carreras activas. Por cierto, Alvarenga, que afirmó ser propietaria de la casa de estudios, preside en el Senado la Comisión de Cultura y Educación, sin percibir ningún conflicto de intereses, al igual que Víctor Ríos, el exlegislador por el PLRA y actual ministro de la CSJ que sigue administrando la Universidad Nacional de Pilar en sus horas libres, entre otros. Ahora nos enteramos de que el propio senador Rivas, cuyo título es cuestionado, siendo aún diputado presentó en abril de 2021 un proyecto de ley para crear la Universidad René Cassin, entre cuyas carreras figura precisamente la de Derecho. El tratamiento de la iniciativa está aún pendiente.
A la proliferación de universidades privadas se suma la creación de nuevas públicas, que hoy llegan a ocho: la última –la Nacional de Misiones– surgió en 2020 mediante un raudo trámite legislativo, en tanto que se halla en estudio –créase o no– la fundación de la Universidad Nacional del Alto Paraguay, un departamento de 22.000 habitantes en el que difícilmente haya suficientes bachilleres y profesores idóneos que justifiquen la iniciativa. La Universidad Nacional de Asunción, que no figura entre las cien mejores de Latinoamérica, tiene una Sección Quiindy de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que en 2021 homenajeó al exministro de la CSJ Antonio Fretes, por el vigésimo aniversario de su creación: es solo una de sus 19 filiales, siendo improbable que en ellas, como en general en la educación superior, se formen profesionales competentes.
Especial atención merecen en este contexto las 44 filiales de Medicina de 23 universidades, de las que solo quince tienen el visto bueno de la Aneaes, lo que no impide que los titulados ejerzan la profesión. Ellas resultan muy atractivas para estudiantes extranjeros y no precisamente por su rigor académico, sino más bien por el motivo contrario; es muy fácil graduarse de médico en el Paraguay, pero no así lograr la validación del título para ejercer la profesión en el Brasil, por ejemplo: el año pasado, solo 18 de los 137 recibidos en nuestro país aprobaron allí el examen correspondiente. La educación superior se ha convertido en un buen negocio, aunque ello suponga poner en riesgo la vida de los pacientes. Nuestro país necesita más facultativos, pero la cantidad no es menos importante que la calidad.
En este contexto, no resulta sorprendente que el ministro de Educación, Luis Ramírez, anuncie ahora que se han detectado más de 1.000 títulos adulterados correspondientes a una sola universidad privada, cuyo nombre se mantiene aún en reserva. Además, otros 100 de un instituto superior docente que no existe.
Desde hace años, el Círculo Paraguayo de Médicos se opone a la habilitación de nuevas carreras, debido a la insuficiencia de centros de práctica y de docentes capaces: habría departamentos donde se abrieron hasta doce, pese a que tienen un solo hospital para las prácticas formativas. Alarmado por las irresponsables aperturas, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social planteó ya en 2020 al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) que se suspenda la habilitación de más carreras; respondiendo al pedido, los senadores Blanca Ovelar (ANR), Enrique Riera (ANR), Ramón Retamozo (ANR), Hermelinda Alvarenga (PLRA) y Esperanza Martínez (FG) presentaron en 2021 un proyecto de ley que suspende la habilitación de nuevas carreras médicas por cinco años. Aprobado con modificaciones por la comisión asesora competente, esta es la fecha en que aún no ha sido tratado por el pleno. Entretanto, el presidente del gremio médico, Jorge Rodas, acaba de informar al Presidente de la República que “se habilitan carreras de medicina de manera irregular”, ante la inoperancia del Cones.
El drama se extiende a toda la educación terciaria y a todas las disciplinas: habrá que evitar la creación de más universidades y clausurar las carreras que incumplan ciertos requisitos mínimos en cuanto a los programas, a la carga horaria efectiva, a la idoneidad de los profesores y al equipamiento de las instalaciones. No se están formando buenos profesionales, sino simplemente expidiendo títulos, con lo que se pone en riesgo la vida, la libertad o los bienes de las personas. Es preciso promover la excelencia académica; la “formación” universitaria no debe ser un simple negocio para el sector privado ni un servicio más para el estatal. En esta materia se está jugando con fuego.