El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, sería uno de los que trabajan –según lo asegura él mismo– “16, 17 horas por día, a riesgo de la propia vida”, para que los periodistas tengan “mayor seguridad”. Según parece, estos deberían estarle muy agradecidos y hasta quizá rogarle que no se esfuerce tanto, para no tener un peso sobre su conciencia si algo le ocurriera a este esforzado funcionario. Por lo demás, debería saber que no puede seguir teniendo un horario vip como el de un embajador paraguayo en Qatar, por ejemplo, así que debería empezar a adaptarse a las exigencias de su nuevo cargo: un motín en una cárcel controlada por la mafia puede estallar en cualquier momento, sin ajustarse necesariamente al agobiante horario de trabajo asumido por el señor ministro. Dice jugarse el pellejo por quienes tienen la insolencia de criticarlo; en verdad, no se le exige tanto ni mucho menos, sino solo que demuestre idoneidad en el ejercicio del puesto al que llegó tras haber fracasado en la conquista de una banca.
El laborioso hombre público se ofuscó debido a la noticia de que la Policía Nacional (PN) habría puesto al corriente a su Ministerio de que tres reclusos de la penitenciaría regional Cereso de Cambyretá –identificados con nombre y apellido– estaban planeando un gran asalto. No se tomaron medidas para frustrar el que se cometería el 7 de noviembre en General Delgado, de Itapúa, en perjuicio de un vehículo transportador de caudales: las celdas de los internos citados fueron registradas recién al día siguiente del atraco, siendo presumible que si se hubiese intervenido antes, podría haberse impedido el hecho. ¿No se le avisó al flamante director de la prisión, Carlos Cecilio Silva, de lo que allí se estaba tramando?
El ministro de Justicia e, increíblemente, también el comandante de la PN, comisario general Carlos Humberto Benítez, restaron valor a los datos brindados, por considerarlos imprecisos: se cruzaron de brazos, sin creer oportuno tomar las medidas que ameriten el caso. “No se cumplió el protocolo”, según Barchini, pese a que la nota de advertencia estaba firmada por el jefe de Gabinete del Departamento de Control del Crimen Organizado, comisario Pedro Heriberto Lesme, y haber sido autorizado por el comisario Luis López, responsable del mencionado Departamento policial. La nota fue enviada al jefe de Seguridad, Información e Inteligencia Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Trabajo, subcomisario Derlis Ramón González. Como se ve, hubo una advertencia formal, están identificados los protagonistas, pero el ministro exige “seguir el protocolo”, aunque se produzca un mortal atraco de los malvivientes. ¿Cuál sería el protocolo? ¿Poner una nota de inteligencia en mesa de entrada de Secretaría en horario de oficina?
Ni el ministro de Justicia ni el comandante de la PN necesitaban trabajar tantas horas ni estar “arriesgando la propia vida”, sino hacer que funcionen los respectivos aparatos que dirigen, y, para peor, en vez de ajustar las líneas, atribuyen la tremenda pifiada a fallas en el “protocolo” de comunicación. Los delincuentes, agradecidos. El episodio es una muestra de que la seguridad de las personas y de sus bienes no parece estar en buenas manos.
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Es de esperar que el ministro del Interior, Enrique Riera, se haya tomado tiempo para pedir explicaciones al comandante policial, suponiendo que su jornada laboral también sea tan extensa como la de su colega. En verdad, tiene mucho que hacer para que la inseguridad no siga aumentando. Entre otras cosas, debería detectar y poner fuera de servicio al menos algunas de las 1.700 pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas sobre todo en el Chaco para el narcotráfico y denunciadas por él mismo hace poco más de un año, en su calidad de senador. Pero a la fecha, a tres meses de haber asumido su actual cargo, no se conoce que haya desactivado al menos una de esas pistas. Cabe apuntar a su favor que aún no ha culpado a la prensa de crear una falsa “sensación de inseguridad”, aunque no debe excluirse que en algún momento caiga en esa tentación.
La charlatanería no es la mejor manera de gestionar un Ministerio; para ello, hace falta conocer el área de su competencia, algo que ni Ángel Ramón Barchini ni Enrique Riera están demostrando. La Constitución no exige que los ministros sean idóneos, de modo que, desde el punto de vista formal, sus respectivos nombramientos son inobjetables; pero eso sí, ya resulta evidente que el jefe de Estado, Santiago Peña, pudo haber tenido mejor tino. En cuanto al comisario Carlos Humberto Benítez, titular de la PN, tal vez deba saber que los reportes de sus subordinados deberían ser analizados con prontitud y seriedad, aunque no sean exhaustivos, incluso corriendo el riesgo de dar un golpe en falso: lo peor es no hacer nada, más aún cuando se indica la fuente de lo referido. Ah, y no es necesario trabajar más horas de las necesarias, “a riesgo de la propia vida”. Más importante tal vez sea trabajar con mayor inteligencia y eficacia. Y, asumir las propias responsabilidades, sin distribuirlas a los cuatro vientos.