El crimen organizado no solo se dedica al contrabando de cigarrillos y al tráfico de drogas, sino también al de armas y municiones. Así, en un nuevo escándalo delictivo que sacude al Paraguay, se ha desmantelado, gracias a la cooperación de organismos extranjeros, una red montada en nuestro país, que importaba dichos elementos bélicos de Croacia y los hacía llegar a bandas mafiosas del Brasil, a través de intermediarios.
Llama la atención que en la trama presuntamente hayan participado altos oficiales de las Fuerzas Armadas, hoy unos aún en servicio activo y otros ya en situación de retiro, entre los que figura el general Arturo González, el excomandante de la Fuerza Aérea hasta hace muy poco, en cuyo domicilio fueron hallados unos mil millones de guaraníes.
Si se confirmara su intervención en el repugnante negocio, podría entenderse que no los haya puesto en un banco por temor a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes. Tampoco sorprendería el monto del hallazgo si es cierto que el grupo presuntamente dirigido por el argentino Diego Dirisio, dueño de la firma International Auto Supply, tuvo en los últimos años un volumen de negocios de nada menos que unos 300 millones de dólares. De esta manera, quien sería un importante traficante de armas de Sudamérica operaba desde Asunción, sin que, una vez más, los organismos nacionales hayan sabido nada y se enteran de lo que pasa en nuestro país gracias a otros Gobiernos. En este caso, la iniciativa provino de Estados Unidos y Brasil.
Ya han sido detenidos trece de sus miembros, en tanto que Dirisio y su esposa, la conocida exmodelo Julieta Nardi, se hallan prófugos, así como César Adolfo Benítez, un primo hermano del anterior jefe de Estado Mario Abdo Benítez, que ingresó en la Dirección de Material Bélico (Dimabel) durante su mandato. ¿Tendremos nuevos Marset y Dalia López, invisibles para nuestras autoridades?
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Se sabía de varios casos de armas y balas sustraídas por militares de esa dependencia del Ministerio de Defensa, que terminaban en manos de criminales, como los que ultimaron a una hija del exgobernador de Amambay Ronald Acevedo, pero no así de la probable participación de oficiales de elevada jerarquía en el ilícito tráfico internacional en cuestión. Informes internacionales ya habían dado cuenta de que el crimen organizado brasileño se surtía en el mercado paraguayo, pero hasta ahora no se había difundido que ciertos uniformados de verde olivo de tan alto nivel se contaban entre los presuntos proveedores.
Desde luego, es de suponer que ni la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) tenía la menor idea de nada, al igual que el organismo militar encargado de informarse de cuestiones relativas al tráfico de material bélico; vale recordar aquí que la Ley N° 5241/14 que encarga al Ministerio de Defensa coordinar con la SNI “las acciones de los distintos organismos encargados de la inteligencia militar”; no estaría mal que estos se ocupen también de averiguar a qué se dedican coroneles o generales en su tiempo libre, para evitar un nuevo bochorno. Durante la dictadura, no pocos de ellos se dedicaban al contrabando, que era “el precio de la paz”: por lo visto, en estos tiempos algunos han decidido también incursionar en otro terreno peligroso.
El 27 de octubre, los gobiernos paraguayo y brasileño acordaron formar un grupo de trabajo bilateral para fortalecer las iniciativas de combate al tráfico de armas, bajo la dirección de la Dimabel y de la Policía Federal del Brasil: debió reunirse en Asunción en la primera mitad de noviembre, mientras el Operativo Dakovo, que también se realiza en Estados Unidos, estaba en plena marcha. La experiencia enseña ahora que habría que depurar a fondo la Dimabel, para no seguir durmiendo con el enemigo. Si el narcotráfico permeó todas las instituciones, el “armatráfico” ya lo hizo al menos en las militares, lo que también resulta inquietante, dado que el pundonor de las Fuerzas Armadas es incompatible con la condición de proveedor de la mafia.
Ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, el citado general Arturo González, hoy detenido, se refirió hace algunas semanas al costo de los radares que el país necesita para, entre otras cosas, combatir el narcotráfico. Vale recordarlo para entender que en la lucha contra el crimen organizado no todo depende del equipamiento: la calidad del factor humano sigue siendo de primordial importancia, de modo que se espera que en la Academia Militar también se inculquen ciertos valores morales para que las Fuerzas Armadas no lleguen a parecerse cada vez más a la putrefacta Policía Nacional. No puede permitirse que quienes, según la Constitución, detentan el monopolio del uso legítimo de las armas para defender al país y a sus habitantes, sean precisamente los que las provean a quienes atentan contra ellos.