El intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) suspendió la ejecución del proyecto de estacionamiento tarifado y controlado, hasta tanto la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Municipalidad informe sobre “las denuncias ciudadanas, de público conocimiento, respecto a las deficiencias de la aplicación móvil multiplataformas del sistema integrado, y su usabilidad”. Tardó ocho días para concluir que el chapucero emprendimiento, que se extendería por quince años, empezó muy mal y no solo por la deficiencia tecnológica apuntada, sino también porque Parxin no emitió facturas por sus primeros ingresos y faltan señalizaciones, aparte de que los “cuidacoches” siguen en las calles donde actúan empleados del consorcio.
Era del todo previsible que surjan estos y otros inconvenientes, pues Geolatina SA, la empresa que con el 60% de las acciones –tras adquirir el 13 de junio de 2016 el 20% de las que correspondían a Onix SA sin el permiso municipal de rigor–, aparece como la que debería ser la empresa líder del Consorcio Parxin, pero este sostiene que ese papel sigue correspondiendo a Onix SA, pese a su exiguo paquete accionario. Probablemente, Geolatina se niega a ser la que lidere el consorcio porque carece de la experiencia exigida en el pliego de bases y condiciones de la licitación pública, realizada en 2015, de haber gestionado durante al menos tres años tres mil sitios de parqueo que hayan generado veinte millones de dólares de ingresos, como mínimo.
Nenecho Rodríguez encargó a la Dirección antes referida fiscalizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones, olvidando que este documento también ordena que la firma que dirija el consorcio tenga cierta pericia y que, como se lee en el propio considerando de la resolución que suspende el emprendimiento, la Municipalidad debe “asumir la medida legal que corresponda ante la existencia (...) de incumplimiento grave (...) que apeligre la vigencia del servicio”.
El contrato firmado exigía experiencia propia, no la que se pueda ir adquiriendo a costa de los usuarios. En consecuencia, ante las graves dificultades registradas ya en el inicio, la resolución que corresponde es rescindir el contrato. De todos modos, la Municipalidad ya debió haberlo hecho con anterioridad, porque la nueva composición accionaria del consorcio violó la condición prevista en el pliego de bases y condiciones, con lo que hubiera respondido de paso a la iniciativa popular de más de nueve mil capitalinos e incluso a un pedido de la Cámara de Diputados. Pero el intendente, con la complicidad mayoritaria de los ediles, se empeñó en llevar adelante la iniciativa, que se tornó irregular por culpa exclusiva de Parxin. Se toleró mansamente que fuera ignorado un requisito esencial para la concesión del servicio y ahora Nenecho Rodríguez apela a una tibia medida solo para que se calmen los ánimos excitados por las evidentes torpezas denunciadas. El contrato seguiría vigente, contra viento y marea, a despecho de la grave e insanable irregularidad generada tras su adjudicación.
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El caso va mucho más allá de la tecnología aplicada: es indispensable atender el requisito impuesto por el pliego de bases y condiciones con respecto al liderazgo del consorcio y, por ende, poner fin a la relación contractual: ninguna de las partes puede quebrantar las reglas del juego con toda impunidad, como lo ha hecho Parxin al modificar su integración. Quienes dirigen una entidad pública están obligados a cumplir y a hacer cumplir lo acordado por ella de acuerdo a la ley, pero la Intendencia y la Junta Municipal continúan admitiendo como socio al infractor, a sabiendas de lo ocurrido. Es como para sospechar que en este maloliente asunto hay intereses personales inconfesables.
¿Por qué cuesta tanto rescindir el contrato? Como las autoridades municipales no han negado que la firma que lidera Parxin carece de la experiencia exigida ni el representante del consorcio, el exviceministro de Transporte Pedro Britos ha demostrado lo contrario, se podría presumir que hay motivos contantes y sonantes que inducen a la Municipalidad a ser muy permisiva.
El emprendimiento está viciado, de modo que lo pertinente es darlo por terminado de una vez, como debería saberlo la Contraloría General de la República, aunque hasta hoy no se haya pronunciado formalmente acerca de la composición accionaria del consorcio. Por de pronto, el diputado Daniel Centurión (ANR, abdista) le ha pedido que fiscalice el contrato, lo que parece oportuno. Y desde luego, habrá que devolver a los usuarios cuanto hayan pagado en forma indebida.
No basta, en suma, con que se suspendan los efectos de la orden del inicio de la infeliz concesión, firmada por el intendente el 1 de septiembre de 2023: debe ser cancelada cuanto antes, para evitar males mayores.