La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) reveló a la Comisión Permanente del Congreso que 81 de las 263 municipalidades no le han informado en los últimos cuatro meses sobre los procesos de compra con los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), proveídos a través del Ministerio de Economía y Finanzas para financiar el almuerzo escolar de los alumnos de centros educativos públicos ubicados en contextos vulnerables. La omisión se inscribe en la falta de transparencia que ha venido distinguiendo el empleo de dichos recursos provenientes de Itaipú Binacional e incluidos en el Presupuesto General de la Nación. Sea atribuible a la corrupción, a la negligencia o a la simple ineptitud, el incumplimiento atenta contra la Ley N° 7021/22, de Suministros y Contrataciones Públicas, que obliga a las Municipalidades a brindar a la DNCP toda la información que requiera sobre la materia.
La misma normativa ordena castigar a quienes ignoran este deber. Esto implica que los 81 intendentes remisos deben ser sancionados, a lo que se suma que la DNCP puede investigar de oficio o por denuncias y que los ciudadanos deben darle, a pedido suyo, los datos, documentos e informes que tengan, aparte de facilitarle inspecciones y otros actos investigativos, en el marco de los procesos de contratación.
Como se ve, estas últimas disposiciones, que le otorgan amplias facultades a la DNCP para vencer la renuencia de las Municipalidades a dar cuenta de sus actuaciones, también ordenan la cooperación ciudadana para evitar, entre otras cosas, que las contrataciones sean direccionadas hacia algún oferente a cambio de una retribución, con la complicidad de los concejales. Este es un asunto de suma relevancia en cuanto al empleo de los recursos del Fonacide. De la provisión del almuerzo escolar, así como de la infraestructura educativa, bien pudo haberse ocupado exclusivamente el Ministerio de Educación y Ciencias, pero se creyó oportuno descentralizarlas, suponiendo que las necesidades locales serían mejor detectadas y satisfechas por sus autoridades, bajo el control de los lugareños.
Y bien, la experiencia de más de once años resulta decepcionante: los recursos del Fonacide han venido siendo saqueados a diestra y siniestra, sin que los ojos ni los oídos de la población lo hayan podido impedir. No han sido muchos, hasta hoy, los exintendentes condenados por lesión de confianza en esta materia, como Samuel González (Arroyito), Roberto Cárdenas (Lambaré) y Gustavo Alfonzo (Arroyos y Esteros). Es preciso que la ciudadanía se valga de los mecanismos de participación previstos en la ley orgánica, empezando por organizarse para exigir a la Municipalidad que brinde toda la información pública que haya logrado, como la suma de dinero a ser destinada al almuerzo escolar. También sería conveniente que los vecinos asistan a las audiencias públicas consultivas, que deben convocar las autoridades comunales, a las sesiones plenarias de las Juntas Municipales y a las de sus Comisiones Asesoras para efectuar, en este caso, una exposición verbal sobre un asunto relevante para la población, como lo es la provisión del almuerzo escolar. Como se ve, es grande la responsabilidad de los pobladores, cuya falta de interés u otra causa ha permitido la fuga de recursos que estaban destinados para beneficiar a sus hijos.
Es decisivo informarse primero y controlar después la gestión de los fondos recibidos para el efecto, sobre todo con la ayuda de los medios de prensa locales, si los hubiera. Dado que la corruptela ya puede surgir en el procedimiento contractual, es necesario que quienes tengan noticia de ella efectúen la denuncia que corresponda ante la DNCP. En las localidades pequeñas y medianas no debe costar mucho observar repentinos signos de enriquecimiento ilícito en las autoridades locales, derivados del desvío de los fondos previstos para el almuerzo escolar o la infraestructura educativa. Los padres deberían indignarse ante el latrocinio perpetrado contra el presente y el futuro de sus hijos, y ser los primeros en denunciarlo ante las autoridades correspondientes.
Aunque, en esta indignante situación, debe reconocerse que el Congreso tiene también mucha responsabilidad, ya que en los casos en que los pobladores promovieron la intervención de sus municipios, no han tenido el acompañamiento de los legisladores, quienes de esta manera se vuelven cómplices de los latrocinios.
Pese a todo, más allá de lo que hagan la DNCP o, eventualmente, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, en el ejercicio de sus atribuciones legales, lo que importa es que la ciudadanía ponga bajo la lupa a la administración local y denuncie públicamente, mediante escraches –siempre dentro de la ley–, a sus autoridades si no tienen eco en los organismos del Estado correspondientes: será una medida eficaz para impedir que los sinvergüenzas sigan lucrando miserablemente a costa de las nuevas generaciones.