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Sin duda, los paraguayos tenemos buenos motivos para quejarnos de las acciones u omisiones de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, que afectan de continuo nuestra poco envidiable calidad de vida: la corrupción, la ineptitud y la indolencia que las distinguen afectan no solo servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación y la seguridad, sino también el medioambiente, el tránsito, la infraestructura vial y la provisión regular de electricidad y de agua, entre otras cosas que mucho tienen que ver con el bienestar colectivo. Hay que admitir, empero, que no toda la culpa la tienen ellas, porque también sus propias víctimas son en parte responsables de sus desdichas cotidianas, debido a una extendida conducta incivil.
Valga como primer ejemplo que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay está acuartelado hasta mañana, debido al gran número de incendios forestales, provocados por el factor humano en el 95% de los casos, muchas veces debido a la imprudente quema de basuras a cielo abierto. Se trata de un delito ambiental, castigado en teoría por la Ley N° 716/95 con tres a ocho años de prisión y multa de 500 a 2.000 jornales mínimos. La práctica impune del rozado, en la que incurren tanto los pequeños labriegos como los grandes ganaderos, a sabiendas de su ilicitud, persiste porque no se aplica la ley ni se tiene conciencia del daño que puede causarse no solo a la vegetación, sino también a quienes viven en el entorno.
Esta suerte de insensibilidad hacia los demás, en última instancia, también se observa cuando se arrojan desperdicios a los cursos de agua o a los raudales, “falta gravísima” esta última que una ordenanza de Asunción sanciona con una multa de 20 a 2.700 jornales mínimos. Es muy cierto que la basura no es recogida regularmente por los camiones municipales, pero los vecinos deberían protestar también con todo vigor contra los irresponsables que contribuyen al bloqueo de los sumideros, perjudicándose también a sí mismos. Por cierto, la ley antes citada sanciona igualmente con multa de cien a mil jornales mínimos a quienes “depositen o incineren basuras u otros desperdicios de cualquier tipo en las rutas, caminos o calles, cursos de agua o sus adyacencias”, pero poco se sabe de su aplicación.
Los dueños de predios baldíos y de edificaciones abandonadas están obligados a mantenerlos limpios, pero resulta que su desidia los convierte en criaderos de alimañas que atentan contra la salud pública: les tiene sin cuidado que en sus inmuebles proliferen mosquitos que transmitan el dengue o la chikunguña, aunque su desidia conlleve una multa municipal.
Tampoco hay compasión por el prójimo cuando en horas de la madrugada se escucha música a todo volumen, pese a que la Ley N° 6390/17 ordena a la Policía Nacional dirigirse al lugar para medir el sonido y, dado el caso, pedir su cese inmediato; si persiste y se comprueba la comisión de un hecho punible, debe informar al Ministerio Público dentro de las doce horas. También el pésimo hábito de lanzar petardos para festejar o protestar, así como el de circular en motocicleta con un acompañante y hasta con una criatura en brazos, sin el uso del casco reglamentario, suponen una notable desconsideración hacia los demás.
Las normativas citadas son en gran medida letra muerta, pero más allá de lo que ellas prohíban y castiguen, la cuestión es que son muchos los habitantes de este país que no tienen en cuenta el derecho ajeno en su vida diaria. No se trata solo de respetar las disposiciones vigentes, sino también –y en primer lugar– de cumplir con el imperativo moral de respetar al prójimo. En consecuencia, los problemas que a diario causan molestias deben atacarse desde los dos frentes: el de las autoridades que deben aplicar con rigor las normativas, y el de la propia gente, reacia a cumplir con sus obligaciones, sin consideración hacia los demás.