Cargando...
El último 2 de febrero, el jefe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, reveló que el 8 de diciembre del año pasado, en el marco de una operación paraguayo-brasileña, fue allanada una casa de Pedro Juan Caballero para detener a Ronaldo Mendes Nunes. Este presunto narcotraficante del Comando Vermelho ya se había dado a la fuga, dejando abandonado su vehículo en la vivienda perteneciente a la firma agro-ganadera Salto Diamante, entre cuyos accionistas figura el diputado Eulalio Gomes Batista (ANR, cartista), que estaría vinculado al “clan Mota”, de Ponta Porã. Jalil Rachid dijo también que el órgano que dirige seguiría realizando trabajos de inteligencia para dar con el prófugo y que la cuestión jurídica quedaba a cargo del agente fiscal Celso Morales.
Nada más de supo del caso hasta hace unos días, cuando el medio digital brasileño Campo Grande News informó que el Ministerio Público Federal del país vecino responsabiliza al citado legislador paraguayo del rescate del fugitivo. Pues bien, informado del inminente operativo por altos funcionarios de la Senad, según el órgano periodístico, empleó su camioneta para facilitar la huida del supuesto mafioso y al ser interceptado por los agentes, invocó su inmunidad parlamentaria para frustrar la inspección del vehículo. Hasta hoy se ignora que el gravísimo hallazgo del Ministerio Público Federal brasileño haya conmovido al homólogo paraguayo o al Honorable Congreso de la Nación. ¿Cuánto ha avanzado la pesquisa del agente fiscal, al cabo de casi cinco meses? Si (aún) no tiene elementos de juicio suficientes para que el diputado Gomes Batista sea sometido a proceso, previo desafuero, tendría que decirlo cuanto antes. Seguir callando da motivos para pensar un montón de posibilidades, la mayoría no favorables al fiscal.
La opinión pública también querría saber si los tentáculos del crimen organizado llegan hasta la Senad, haciendo que se filtren informaciones. El hecho no asombraría si se recuerda que su extitular Luis Rojas había dicho en 2015 que siete de cada diez subordinados eran corruptos y que el anterior jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, afirmó varias veces, en el ejercicio del cargo, que el crimen organizado se había introducido en todas las instituciones. Es de preguntarse, pues, si la investigación fiscal en curso se extiende hasta el ente encabezado por Jalil Rachid. Por cierto, un legislador puede y debe ser detenido cuando “fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal”, como lo es, por ejemplo, el de facilitar la fuga de un delincuente.
Esta no es la primera ocasión en que un parlamentario es relacionado con el narcotráfico. Ya ocurrió en 2014, cuando una comisión senatorial vinculó con dicha actividad delictiva a varios diputados titulares, entre ellos el actual gobernador sampedrano Freddy D’Ecclesiis (ANR, cartista), y el suplente Carlos Rubén Sánchez (“Chicharõ”), quien dos años después fue recibido en la residencia presidencial por el entonces “asesor político” Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), siendo asesinado presumiblemente por la competencia en 2021. Un año antes, el ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio –hoy también investigado– dijo que tenía “varios nombres” de políticos que protegen a narcotraficantes, que ellos “se cuidan muchísimo después del caso ‘Cucho’” y que los congresistas de las zonas fronterizas son “más proclives”.
La última observación aludió también, quizá, al exdiputado Ulises Quintana, a quien el Ministerio Público acusó en 2019 de asociación criminal y lavado de dinero del narcotráfico, hoy en libertad ambulatoria. El exdiputado y actual senador Erico Galeano (ANR, cartista) no habría sido muy prudente: tras el Operativo A Ultranza Py, fue imputado en 2023 porque habría lavado dinero para el narcotráfico en asociación criminal.
Hasta hoy, ningún legislador que ha delinquido en este contexto, según una comisión senatorial o el Ministerio Público, ha sido condenado por la judicatura. Es más, uno de ellos fue elegido gobernador, otro llegó a ser candidato a intendente municipal y el tercero sigue ocupando una banca. Habrá que ver qué ocurre con el diputado Gomes Batista, en la mira del Ministerio Público Federal brasileño: ¿también lo está en la del órgano dirigido por Emiliano Rolón? No hay muchos indicios.
Se diría que el crimen organizado tiene muy buenos contactos con el poder político, lo que implica que combatirlo presupone depurar el Congreso, entre otras instituciones, una tarea prcticamente imposible. Pero no hay que perder las esperanzas, no todo está perdido. Es de desear que lleguen gobernantes interesados en limpiar nuestra patria.