La nueva ley de la función pública y de la carrera del servicio civil, pieza clave de la tan mentada, mil veces prometida y nunca cumplida reforma del Estado, duerme el sueño de los justos, mientras este Gobierno, en la práctica, ha hecho en estos once meses todo lo contrario a lo que la misma postula. El proyecto establece que “la única vía de ingreso” a la función pública será el concurso de oposición, “salvo casos de desastres o calamidad declarada previamente por ley”. Por suerte, por ahora a Peña no le ha tocado ningún desastre o calamidad, pero en su corta administración ha habido un ingreso récord de nuevos funcionarios sin concurso.
Solamente en el último trimestre de 2023, coincidente con el primero de este Gobierno, el número de funcionarios públicos asalariados creció en 8.237 personas, lo que representa un 2.000% en relación con el resto del año y el doble en relación con el sector privado en el mismo período, pese a que en el ámbito privado se desempeña el 81% de los asalariados de la fuerza laboral.
Asimismo, el proyecto establece reglas estrictas para los “cargos de confianza” o “puestos de conducción política”, cuyos titulares en algunos casos podrán contratar directamente hasta tres asesores, pero estos no podrán ser parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; deberán contar con un mínimo de 5 años de experiencia profesional efectiva y quedarán desvinculados inmediata y automáticamente una vez que termine la función “política” de su contratante. En cambio, para indignación de la ciudadanía, lo que se ha visto en esta etapa ha sido una notoria multiplicación de “nepobabies”, planilleros de lujo y cargos de favor para cónyuges y allegados.
En cuanto a la composición del gasto público, otra gran columna de las reformas estructurales, la primera medida que tomó este Gobierno, fue hacer aprobar una ley especial para elevar el déficit fiscal y realizar una ampliación presupuestaria con un fuerte paquete de nuevo endeudamiento, presuntamente porque había deudas vencidas con contratistas y proveedores no incluidas en la contabilidad oficial. Aun en el caso de que fuera así, lo cierto es que se usó como excusa para “patear” a 2026 la convergencia al tope del déficit al 1,5% del PIB sin ninguna justificación.
Desde entonces, si bien el déficit anualizado se ha reducido levemente del 4,1% del PIB con que cerró 2023 al 3,2%, ello ha sido exclusivamente a costa de más recursos extraídos a la ciudadanía y de un recorte drástico de las inversiones públicas, que a mayo habían caído 50% frente al mismo lapso del año anterior. Los gastos corrientes y fijos, principalmente salarios, no solo no disminuyeron, sino que aumentaron fuertemente en más del 10%.
Peña también criticó a Mario Abdo por la duplicación de funciones en la administración central, pero se olvida que él aceptó sin quejas la total desnaturalización de su ley de “reorganización administrativa”, a la que, al ver que se tenía que tocar a la clientela, sus propios aliados en el Congreso le quitaron todas las fusiones que había propuesto el Poder Ejecutivo.
Otra reforma esencial es la previsional. El Gobierno comenzó con ímpetu, haciendo aprobar contra viento y marea la creación de un ente supervisor como paso necesario para el control de la solvencia del sistema. Pero se promulgó la ley y no pasó absolutamente más nada. Pasan los meses y sigue sin entrar en vigencia con el pretexto de que no se eligen representantes para el Consejo de Seguridad Social. Mientras tanto, la situación del IPS es cada vez más alarmante y nada en absoluto se ha hecho para contener el déficit de la Caja Fiscal, que el año pasado perdió más de 300 millones de dólares del dinero de los contribuyentes.
Finalmente, solo por mencionar algunos de los ejemplos más importantes, a un año de la cancelación de la deuda de Itaipú y del vencimiento del plazo de revisión del Anexo C, todavía ni siquiera se ha definido la estrategia, ni integrado el equipo negociador, ni iniciado las conversaciones. Aunque el Gobierno se jacte de ello, lo único que ha conseguido ha sido una diferencia temporal en la tarifa para obtener un monto de “gastos sociales”, mientras cada día que pasa Brasil se sigue quedando con los excedentes energéticos del Paraguay sin pagar el precio que corresponde por ellos.
Entonces, no sabemos de qué reformas profundas habla Santiago Peña. Hasta ahora las del Gobierno han sido de pura inercia y de continuación de lo que ya se venía haciendo. Tanto es así que el mayor puntero político del cartismo, Basilio “Bachi” Núñez, lo que más destacó fue el operativo en Tacumbú. Esperemos que en el informe del año que viene tenga más hechos para mostrar.