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El último 23 de febrero, la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología informó que el nivel del río Paraguay estaba a tres metros por debajo del acostumbrado, afectando sobre todo a los puertos de la capital y de Concepción. Casi un mes más tarde, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) anunció un déficit de lluvias entre abril y agosto, que causaría una bajante de los ríos y, por ende, dificultades en la provisión de agua potable y en el comercio exterior por vía fluvial; además, aumentaría el riesgo de incendios urbanos y rurales, dañando la biodiversidad y la calidad del aire; el comunicado concluyó sugiriendo a las instituciones competentes adoptar “medidas de emergencia y/o de contingencia a fin de minimizar los impactos de la sequía al desarrollo socioeconómico”. El 9 de julio, la dirección antes citada señaló que es muy probable que el tiempo seco persista incluso hasta fin de año, con lo que el pronóstico ministerial se quedaría corto.
En el mes en curso se supo, entre otros infortunios, que la bajante del río Paraná redujo en un 18,4% la producción de Itaipú Binacional, que indígenas chaqueños recibieron agua potable recién luego de bloquear el tramo rutero Pozo Colorado- Concepción y que la falta de lluvias afectaba gravemente la producción de la chía y del maíz en el departamento de San Pedro. Y bien, aunque los fenómenos meteorológicos pueden tener comportamientos atípicos, no es temerario suponer que las sequías y las inundaciones tienen cierta periodicidad previsible, de modo que las instituciones competentes bien podrían tomar las medidas oportunas para al menos atenuar sus consecuencias nocivas.
En otros términos, hay que impedir que surjan “emergencias” generadas por hechos en verdad predecibles, antes de que sea preciso remediar sus consecuencias. En tal sentido, se espera que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones haya tomado disposiciones para dragar los ríos internacionales y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA para abastecer de agua potable a zonas chaqueñas carenciadas.
Nuestro país no es castigado por la naturaleza con ciclones, terremotos o erupciones volcánicas, sino por las autoridades públicas debido a la corrupción, la ineptitud y la negligencia. Es indignante constatar, una y otra vez, que las desgracias colectivas son aprovechadas por los politicastros para promover sus campañas electorales con “donativos” que apenas sirven para paliar por un momento las necesidades resultantes de la inoperancia estatal. Para practicar el clientelismo, les conviene que no se provea de agua potable en forma permanente ni se levanten muros de contención o se impida la ocupación de áreas inundables. Al igual que una pandemia, las catástrofes naturales son también una buena ocasión para desviar fondos públicos. La propia SEN tiene una lamentable historia en la materia.
En 2023 el Poder Ejecutivo hizo lo correcto al vetar un proyecto de ley que declaraba estado de emergencia en cinco departamentos y distribuía entre sus gobernaciones 35.000 millones de guaraníes para mitigar los efectos de las inundaciones, aparte de ordenar que diversos organismos otorguen subsidios y asistencia técnica. Vale recordarlo porque la sequía podría ser hoy un pretexto para lanzar una iniciativa similar, bastante apetitosa para los voraces hombres públicos de turno. No se requiere una repentina lluvia de dinero, sino una planificación presupuestaria que atienda los datos meteorológicos anuales para que se ejecuten a tiempo las obras necesarias.