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La denuncia del suministro de un plato de carne de cerdo con abundante jugo, bautizado ya como “kure caldo”, en el marco del programa Hambre Cero, que habría hecho vomitar a alumnos de un colegio de Mariano Roque Alonso, indujo al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a sumariar a la directora denunciante, Mercedes Jacquet, quien hizo pública la situación. Más aún, una circular del Viceministerio de Educación Básica había advertido a las autoridades de las escuelas que serán pasibles de “consecuencias administrativas, civiles o penales” si realizan tales denuncias. El viceministro David Velázquez advirtió que “no es atribución de los directores el determinar la calidad de los alimentos recibidos; eso corresponde exclusivamente a la empresa (proveedora)”. No obstante, dejó la posibilidad de reportar los datos en el Registro Único de Estudiantes. En otras palabras, si una directora ve pésimas condiciones en los alimentos, debe servirlos igual a los alumnos aunque estos sufran las consecuencias, mientras realiza la denuncia a través del mencionado registro. En resumen, las firmas proveedoras se autocontrolarían, siendo así jueces en causa propia.
Según el contralor general de la República, Camilo Benítez, lo que sus auditores verifican aleatoriamente sobre el terreno, que este año llegaría como mínimo al 10% de los centros educativos, es la cantidad de alumnos y la de raciones, así como la “satisfacción del usuario”, cuya opinión sería “sustancial”. Por de pronto, es curioso que la empresa proveedora haya sido sancionada provisoriamente (con la suspensión del pago por las raciones proveídas en la mencionada institución), pese a que su denunciante no podía juzgar la calidad de los alimentos, según el MEC, y a que solo habría actuado por sentir una supuesta “animadversión contra el programa Hambre Cero”, según el ministro Tadeo Rojas.
Volviendo al comunicado del viceministro de Educación Básica, que hace agua por todos lados, y que atribuyó a la empresa proveedora el control exclusivo de la calidad alimentaria, se dejó de lado al Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), que el último viernes fiscalizó la entrega de los comestibles en el colegio en cuestión. Convendría que también controle su calidad al azar, porque es presumible que el comunicado referido haya atemorizado a más de un docente para hacer más denuncias.
Además, es aconsejable que la ciudadanía, valiéndose de la plataforma especial creada por la Contraloría General de la República, revele las deficiencias del programa Hambre Cero para “velar por el destino de los recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y la preeminencia del bien común sobre el particular”, como dice la Ley N° 7264/24. A ello se agrega que la N° 5210/14, sobre Alimentación Escolar y Control Sanitario, dice que aquí la responsabilidad para implementar “la política de alimentación escolar saludable y sostenible será compartida, distribuida y coordinada de acuerdo a las competencias y al manejo de los recursos entre los tres niveles de gobierno, conjuntamente con la sociedad civil, con miras a instalar la transparencia”.
La Federación Nacional de Estudiantes Secundarios tiene razón al afirmar que “todos debemos ser los controladores”, y criticó tanto la calidad de los alimentos como la falta de cobertura universal y de transparencia en la gestión de los recursos. Por su parte, la Federación de Educadores del Paraguay, que también se hizo eco del pésimo estado de los alimentos entregados en el departamento Central, exigió que se anule el sumario abierto a la directora antes mencionada.
Parece claro que la salud de los alumnos no debe quedar de hecho en las exclusivas manos de las empresas abastecedoras; es indispensable que del imprescindible control preventivo de la calidad de las comidas y de los recipientes que las contienen, también se ocupen los propios docentes y ciertas entidades públicas, aunque el viceministro Velázquez le haya negado competencia, así como al MDS y a las Gobernaciones, integrantes del Consejo de Alimentación Escolar. Sería aberrante que los contratos respectivos impidan que la calidad de los comestibles sea examinada por los adquirentes para impedir que la salud de los consumidores sea afectada. Ni el viceministro ni la firma proveedora han citado alguna cláusula al respecto. ¿Habría que confiar a ciegas en la bondad de los productos suministrados? En este asunto está en juego la salud pública, de modo que convendría que el Ministerio competente, del que depende el INAN, se pronuncie al respecto. Es inadmisible que los alimentos comprados con el dinero de los contribuyentes causen a los alumnos tan siquiera un ligero malestar, por haber confiado a ciegas en el autocontrol de los vendedores.
Los directores de los centros de enseñanza no deben amedrentarse ante el sumario instruido a su colega de Mariano Roque Alonso. Antes que nada, tienen el deber primario de precautelar la salud de los educandos que asisten a las escuelas para aprender y no para arriesgarse con la ingestión de comidas en mal estado.
