Hay siete cajas de pensiones “funcionando” en el país, con un total de 986.254 afiliados activos y 161.123 pasivos que ya están percibiendo sus haberes, en una relación de seis aportantes por jubilado, según el Boletín Estadístico de Seguridad Social 2024 elaborado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). La mayor parte corresponde al Instituto de Previsión Social, con 726.972 aportantes y 76.105 jubilados y pensionados, y en segundo lugar está la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas, o Caja Fiscal, con 233.892 aportantes y 74.330 jubilados al cierre de 2023. Las otras son más pequeñas, lo que no significa que sus problemas sean comparativamente menos serios. Varias están técnicamente en quiebra. Hay un caso, el de la Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios, por ejemplo, que solo tiene ¡3 aportantes activos! y 321 pasivos. De más está decir que las pensiones las paga el Estado, es decir, los contribuyentes. Junto con las cajas bancarias, la de Itaipú, la de la ANDE y la Municipal totalizan 25.394 aportantes y 10.688 pensionados. Eso es todo. Menos de un millón de personas aportan a la seguridad social frente a una fuerza laboral de 3.082.606 y una población total de 6.400.000 habitantes. Esto es a todas luces insostenible.
Paraguay, que era un país muy “joven” hasta no hace mucho, ya está claramente en la curva descendente de su “bono demográfico”, que es un momento único e irrepetible en el que la población activa supera varias veces en número y proporción a la población pasiva. Este es un período particularmente favorable para el crecimiento económico y para el ahorro jubilatorio a largo plazo en los sistemas “de reparto”, pero, lamentablemente, no se hicieron las correcciones a tiempo y hoy nuestro país tiene un nivel de cobertura que está entre los más bajos de América Latina y el mundo.
Además, todas las cajas están en crisis, incluido el IPS, cuyo Fondo de Pensiones entró en saldo rojo (ingresos no cubren los egresos) veinte años antes de lo previsto y actualmente ya está consumiendo sus reservas.
Es absolutamente perentorio hacer reformas. Por un lado, hay que controlar el déficit galopante de la Caja Fiscal, estabilizar urgentemente al IPS y garantizar la aplicación de normas de administración y ratios de solvencia internacionalmente aceptados. Hace más de un año que se promulgó una ley de supervisión y todavía no se pone en vigencia. Por el otro, es crucial universalizar las contribuciones y el ahorro jubilatorio. Todos tienen que aportar, empleados, empleadores, cuentapropistas, incluso hay que buscar la manera de que lo hagan los informales, para ganarse una pensión el día de mañana.
La sociedad paraguaya no se está dando cuenta de la tremenda bomba de tiempo a la que se enfrenta. Muchos creen que es algo de muy largo plazo que no está entre sus prioridades más inmediatas. Se equivocan. Los tiempos se han precipitado, ya no estamos hablando de “futuras generaciones”, la amenaza es inminente, el estallido pronto se hará irreversible y los efectos sobre la calidad de vida de la población y sobre las posibilidades del desarrollo nacional serán devastadores. Los gobiernos lo saben, pero no dan la talla, no quieren meterse en problemas ni pagar el costo político, pareciera que solo les importan las repartijas y los negociados.