En el día de la Virgen de Caacupé, los obispos del Paraguay pusieron nuevamente énfasis sobre los principales problemas que afectan a la población de nuestro país, resaltando en numerosas referencias los efectos de la corrupción y la necesidad de adoptar medidas para combatirla por sus efectos nefastos sobre nuestra sociedad. El oficiante principal, el obispo local monseñor Ricardo Valenzuela, enfatizó en su homilía que los gobernantes deben atender siempre el bien común. Sostuvo que sus acciones deben fundarse en la honestidad y en el espíritu de servicio, sobre todo hacia los más vulnerables, para que tengan una vida digna. “Ello exige erradicar la corrupción, una de las grandes causas del triste estado de un país, como el nuestro, que necesita contar con una educación de calidad, crear empleos dignos y asegurar la provisión de los servicios básicos”, agregó.
Por su parte, los obispos del Paraguay emitieron una Carta Pastoral sobre el Bien Común, una de las más enjundiosas de los últimos años, que fue leída en sus puntos principales por el presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), monseñor Pedro Jubinville, en la que hicieron un repaso de los temas más candentes de la actualidad y sugirieron algunas líneas a seguir. Entre otras cosas, censuraron el uso de los bienes públicos como si fueran particulares. Criticaron que el desequilibrio entre los poderes estatales haga que la política proteja a unos pocos frente a los demás.
Entre otras cosas, el documento propone “cuidar con esmero los bienes de uso común”, hacer de cada partido una “escuela de ciudadanía” y de elaboración de propuestas políticas, aplicar con rigor la ley de financiamiento de los partidos y defender la independencia de los poderes del Estado. En cuanto a la economía, los eclesiásticos aplauden el mayor equilibrio y la disciplina fiscal, así como la baja inflación y la solidez del sistema financiero, pero señalan la mala distribución de la tierra y la exclusión de los indígenas, de los campesinos y de la población urbana “precarizada” de los beneficios del crecimiento. La propiedad privada y la riqueza serían legítimas si cumplen su función social; los bienes deben administrarse con “criterios de servicio, austeridad y rendición de cuentas”. Otros reclamos consistieron en que “el Estado no absorba lo que las comunidades pueden hacer” y se resuelva la crisis del transporte público.
En lo que atañe a la ecología, indicaron que la “distancia entre el marco legal y la realidad ambiental” deja “vía libre al extractivismo depredador”, sin castigar a quienes contaminan el ambiente, lo que aumentaría la desigualdad. Sugirieron aplicar la ley ambiental y fiscalizar a las industrias que desechan productos tóxicos en cursos de agua. Sostuvieron que cuando la justicia no funciona, la armonía social se quiebra por falta de confianza en el Estado, se alienta la corrupción y se dificulta atraer inversiones serias. El Poder Judicial estaría “sobrecargado, mal dotado, presionado políticamente y afectado por prácticas corruptas”, generando morosidad y fallos que “parecen tener precio”. Pidieron reforzar los mecanismos de control, de selección y de sanción de los jueces, “blindándolos de los arreglos políticos”.
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En cuanto al sistema educativo, el documento refiere la alta deserción escolar, el analfabetismo funcional, la infraestructura deficiente y una centralización que “asfixia”. La carta pastoral habla de “asegurar la continuidad educativa”, de “reformar el currículum bilingüe”, de que la docencia sea “meritocrática”, de invertir más allí donde hay pobreza y deserción. A criterio de los obispos, la sanidad refleja las desigualdades existentes: se invierte poco y mal y hay entidades superpuestas; no existe un acceso equitativo y continuo a la atención. La salud se habría convertido en un “negocio” y en las zonas rurales faltan medicamentos, ambulancias y “personal de blanco”. Instaron a despartidizar la gestión sanitaria, aumentar la inversión, mejorar la formación médica y prestar atención a la salud mental.
En otra parte de la carta, los obispos de la CEP consideran inadmisible que solo el 28,6% de la población tenga un seguro médico, que más del 60% del trabajo sea informal, que las mujeres y los jóvenes sean los más desprotegidos y que muchas familias deban endeudarse para ser atendidas.
Es plausible, en fin, que los obispos se hayan ocupado a la vez de la corrupción y de la participación. Deploran que este país sea uno de los más corruptos de la región y que, por ende, el dinero no llegue a los hospitales, a las escuelas, a las comunidades indígenas ni a la seguridad interna. Cuestionan también lo que consideran el nombramiento irregular de funcionarios, el amaño de licitaciones, la presunta sumisión de la judicatura y la narcopolítica. A su criterio, el remedio contra esta “enfermedad” sería la participación ciudadana organizada, no solo votando en los comicios, sino también interviniendo en consejos escolares, comisiones vecinales o en audiencias públicas, entre otras actuaciones, para controlar el uso de los recursos destinados a las comunidades. La vigorosa carta pastoral concluye exhortando a participar en un “pacto nacional por el bien común que ponga en el centro a los más pobres, que sanee nuestras instituciones y que haga visible (...) el rostro de un Dios que es padre de todos...”.
Los gobernantes y los gobernados harán bien en atender este señero mensaje, que muestra con claridad los graves problemas que afectan al país, así como las vías para solucionarlos de acuerdo al bien común: si así fuera, tendríamos un Paraguay mucho mejor.