A propósito de la reunión mau en Mburuvicha Róga entre seis de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República, Santiago Peña, y en la que habrían estado también su asesor político y vicepresidente tercero de la ANR, José Alberto Alderete, y el presidente de ese partido, Horacio Cartes –presencias no desmentidas hasta ahora–, los miembros de la máxima instancia judicial dieron su descargo el miércoles en la sesión plenaria. Entre otras cosas confirman que tal reunión se llevó a cabo en el quincho presidencial, por fuera de la agenda oficial y al parecer en horas de la noche.
Pero como lo paradójico pareciera estar de moda en nuestro país, dicha sesión plenaria inició con las palabras de su presidente, el ministro César Diesel, quien en alusión al Día Internacional de los Derechos Humanos y luego de jactarse brevemente del cumplimiento por parte del Poder Judicial de sus compromisos en esa materia, remató diciendo que “en esta fecha renovamos nuestra voluntad de seguir fortaleciendo políticas públicas que garanticen igualdad, inclusión y transparencia en todo el territorio nacional”.
Estos tres derechos fundamentales, ejes de una democracia pluralista y participativa, deben ser sin dudas una prioridad en la agenda estatal por parte de los tres poderes, en especial, de aquel encargado de interpretar las leyes y hacerlas cumplir. El rol del Poder Judicial para garantizar la igualdad de acceso a la justicia, sin distinción ni discriminación, la transparencia en la gestión, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en los diversos estamentos que imparten justicia, es determinante en un Estado de derecho para que los artículos 16 y 47 de la Constitución Nacional no sean simples utopías descriptas en las hojas amarillas de aquel documento que en 1992 esparcía un aroma de esperanza.
El artículo 16 de nuestra Ley Suprema expresa con vehemencia las características que deben tener los jueces, tribunales y toda autoridad pública que decida sobre los derechos de otras personas, resaltando que deben ser personas “competentes, independientes e imparciales”, ya que si la independencia se doblega ante el poder político y la balanza de la imparcialidad se tuerce en favor de los poderosos, la justicia dejará de ser justa y el Poder Judicial se convertirá en el verdugo que atento espera el momento de soltar la cuerda de la guillotina.
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Con igual fuerza se levanta el artículo 47 para recordarle al Poder Judicial la obligación de garantizar la igualdad de acceso a la justicia, allanando todos los obstáculos que la impidiesen. Eso significa, entre otras cosas, dictar sentencias en un plazo razonable, movidos única y exclusivamente por las leyes y el derecho, sin injerencias externas y velando por un acceso sin discriminación.
Luego de las rimbombantes palabras de apertura del ministro Diesel, que nada tenían de contundentes, sino más bien eran ruidosas, el ministro Eugenio Jiménez Rolón interrumpió movido por la “ansiedad”, para decir que la mentada reunión con el Presidente de la República “se produjo por iniciativa de la Corte Suprema”; sin embargo, días atrás, en entrevista con ABC Cardinal, el ministro Víctor Ríos reconoció no saber nada sobre tal encuentro, al cual nunca fue invitado, al igual que su colega Manuel Ramírez Candia. El ministro Gustavo Santander Dans habría sido invitado, pero no asistió. Si tal reunión fue solicitada por la CSJ, ¿por qué algunos ministros no estaban al tanto? o peor aún, ¿por qué se realizó a escondidas, es decir, por fuera de la agenda oficial del Presidente de la República?
Según Jiménez Rolón, dicha reunión se llevó adelante para solicitar al presidente mayores recursos presupuestarios para que el Poder Judicial pueda cumplir con sus funciones. Si esto fuese así, ¿por qué no estuvo presente el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos?
Luego de realizar la correspondiente “autoalabanza” cedió el micrófono a su colega, el ministro Alberto Martínez Simón, quien agregó un tema más a los supuestamente tratados en Mburuvicha Róga, diciendo que el presidente Peña había abogado por un pedido del Viceministerio de Industria y Comercio y la Cámara Paraguaya de Motocicletas (Cipama) sobre el pago diferenciado de tasas para este segmento.
Sin rubor ni empacho, acto seguido el ministro Martínez Simón, mencionó que en el punto 15 del orden del día de la sesión plenaria de la Corte se tenía previsto ratificar la resolución de la CSJ de fecha 4 de diciembre que resuelve la suspensión de efecto de las tasas. Es decir, el pedido del presidente Peña sería inmediatamente cumplido, violando groseramente el derecho de acceso igualitario a una justicia independiente.
El ministro Víctor Ríos a su turno expresó su postura diciendo a sus colegas que, en la función pública, más aún en los altos cargos, “no solo hay que ser, sino también parecer”, y lamentó no haber sido invitado si en verdad tal reunión se llevó a cabo para tratar temas administrativos.
Siguiendo con los refranes, es oportuno citar aquel que dice “el que nada debe, nada teme”, y en este entuerto, cuando más se necesita reestablecer la confianza en los órganos de justicia, una reunión secreta donde aparentemente participa el presidente del partido político de Gobierno y líder del movimiento mayoritario en el Congreso, no es precisamente la mejor muestra de transparencia y buena gestión de los ministros de la Corte Suprema. Si en verdad se reunieron con fines puramente “administrativos”, ¿qué necesidad tenían de hacerlo de manera secreta, entre gallos y medianoche, y sin invitar a todos los ministros?
Muy por el contrario, esta “clandestina” reunión se da en medio de varios casos controversiales que deben ser resueltos por la máxima instancia judicial o que involucran al Poder Judicial, como el estudio de la inconstitucionalidad planteada por la exsenadora expulsada Kattya González, la investigación abierta contra el líder opositor Miguel Prieto, el esquema del conocido caso de “la mafia de los pagarés” en el cual se había pedido el juicio político de los ministros de la Corte, la denuncia de Cartes contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros temas trascendentales para la seguridad jurídica y el Estado de derecho. La ministra Carolina Llanes ensayó una burda justificación aludiendo que llevó una carpeta con un “plan de caja”.
El artículo 3 de la Constitución Nacional expresa claramente que “el gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control”. La injerencia política en la justicia paraguaya es la termita que destruye la viga que sostiene la democracia, socava los pilares fundamentales de un Estado de derecho y derrumba las paredes de la República.
La democracia no es solo el gobierno de las mayorías, sino que requiere límites para proteger a las minorías y los derechos fundamentales. Cuando los tribunales se usan para priorizar intereses particulares por sobre la ley, condenar a inocentes, absolver a culpables o doblegarse ante un mandato imperativo, no solo se ceden las prerrogativas constitucionales, sino que se traiciona el principio mismo de justicia igualitaria y se abre la puerta a la arbitrariedad, la persecución selectiva y la impunidad de los poderosos.
Y es allí donde los tribunales dejan de ser la última garantía de los ciudadanos frente al abuso del poder y se convierten en un instrumento más al servicio de quien controla el Estado. La ley ya no protege a todos por igual, sino protege a los aliados y castiga a los adversarios. Hoy Astrea no solo está vendada, al parecer, también vive de rodillas.