El contralor general Camilo Benítez calificó de “escandalosos” ciertos datos de la declaración jurada de bienes y rentas del presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, referidos en un informe preliminar del órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, resultante de una pesquisa motivada por casi cien denuncias ciudadanas. De ellos se desprendería que las erogaciones del jefe de la citada empresa estatal, quien ostenta un nivel de vida bastante alto, son incompatibles con los ingresos por él declarados en 2024, ya que sus gastos superaron sus ingresos en más de 1.039 millones de guaraníes, mientras que este año el déficit ronda los 960 millones de guaraníes.
Más aún, durante dos años habría pagado por su tarjeta de crédito un promedio de 150 millones de guaraníes mensuales, y habría prestado a otra persona la suma de 3.500 millones de guaraníes, en tanto que su utilidad en los últimos cinco años anteriores a su ingreso en la función pública habría sido de unos G. 305 millones, de acuerdo a datos brindados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Camilo Benítez dijo que no se pudo hallar la trazabilidad de ese dinero, pero que Eddie Jara no se habría enriquecido ilícitamente, pues la incongruencia antes referida ocurrió cuando él aún no ejercía un cargo público. Si así fuera, no debería excluirse la posibilidad de un eventual hecho punible de lavado de activos, dada la referida falta de trazabilidad.
Cualquiera sea el caso, el Ministerio Público tendría que abrir una investigación si en los próximos días –se le dio un plazo de diez días hábiles– Eddie Jara no justifica con documentos las actuaciones objetadas por el órgano contralor, entre las que también se incluyen la autoasignación de viáticos sin respaldo migratorio y la transferencia cada mes a su cuenta personal de 20 millones de guaraníes de Petropar. Curiosamente, escandalosas transferencias como esas estarían reglamentadas en dicha empresa como una suerte de “caja chica”, pero debe haber “una normativa clara que diga en qué se puede gastar ese dinero y cómo se rinde”, según afirmó el contralor general, haciéndose eco del principio del Derecho Público de que está prohibido lo que la ley no permite expresa o implícitamente.
El jefe de la Contraloría señaló también que “en otros países, el funcionario da un paso al costado, mientras aclara su situación; estas alegaciones son graves y los montos son importantes”. Es muy improbable que quien hasta ahora otorgó nueve prórrogas a la fantasmal firma catarí tenga el decoro de apartarse del cargo que enloda y que pueda refutar las observaciones del órgano contralor, de modo que el presidente Santiago Peña debería considerar su reemplazo. Este funcionario, que abusa sin descanso de la paciencia ciudadana y que en su gestión incurre en la baja artificial de precios, prohibida por la Constitución, niega que haya irregularidad alguna en su actuar y en el manejo de sus bienes, atribuyendo las observaciones del órgano contralor a la “falta de información actualizada”.
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En verdad, la Contraloría se habría fundado en “informes oficiales del sistema financiero”, como los proporcionados por el Banco Itaú sobre la trazabilidad bancaria, que habrían causado una verdadera conmoción por el “manejo absolutamente desprolijo de la contabilidad”. “Aunque la plata sea lícita, burlarse de la gente en un país con tanta pobreza genera indignación”, dijo el contralor general de la República. Si a Eddie Jara le gusta exhibir su bienestar a diestra y siniestra, entre otras cosas junto con su pareja, la diputada Johana Vega (ANR, cartista), es porque se cree impune, como tantos otros en la función pública. Habrá que desengañarlo, cumpliendo y haciendo cumplir, eventualmente, la ley penal.
Desde ya, se impone alejarlo de Petropar de una vez por todas, para que no siga causando tanto daño al país. Su permanencia en el cargo amenaza al erario y agravia a los ciudadanos de bien. Por de pronto, la Contraloría General de la República ha cumplido con su deber. Ahora resta que si el presidente de Petropar no disipa las sospechas del informe preliminar, el Ministerio Público haga lo que debe.