“Para promover la actividad turística y económica o celebrar ocasiones especiales”, la Ley N° 7544/25, propuesta por el Poder Ejecutivo, faculta a este a declarar cada año hasta tres días feriados adicionales a los trece determinados en ella. Como se sabe, esa atribución discrecional, a ser ejercida por la sola voluntad del Presidente de la República, fue estrenada luego de que el seleccionado paraguayo de fútbol se haya clasificado para competir en el próximo campeonato mundial y fue ejercida de nuevo con relación al último viernes 26 de diciembre, para permitir –según la intención expresada– a “miles de paraguayos y paraguayas que tienen su fuente de trabajo en otra localidad o región, viajar a sus respectivos hogares, lo que permitirá el reencuentro de la familia paraguaya (...) en esos días especiales, y también abrirá una gran ocasión de promover el turismo interno (...), generándose un impacto comercial y económico positivo general en la sociedad”. Sin embargo, esta actitud optimista del jefe del Ejecutivo fue cuestionada por el sector empresarial y, aunque parezca increíble, por trabajadores, ya que la larga pausa va a ocasionar serias pérdidas a las empresas y a restar ingresos a los hogares.
En realidad, los días feriados sirven para conmemorar hechos muy relevantes de diverso orden y no para fomentar el turismo y la economía, razón por la que no resulta apropiado, por ejemplo, que el Día de los Héroes, el de la Paz del Chaco, el de la Jura de la Constitución y el de la Batalla de Boquerón sean trasladados, eventualmente a un día lunes, para alargar un fin de semana. Más allá de la distorsión de su sentido en la ley citada, es de señalar que el primero de los fines previstos en ella –promover el turismo– no parece haberse logrado en gran medida con el último feriado, ya que muchos de los lugares habituales de concurrencia estuvieron bastante raleados, probablemente a causa del pronóstico meteorológico negativo.
Mucho más significativo es que los feriados adicionales no estimulan la economía, sino más bien todo lo contrario, según los empresarios nucleados en la Unión Industrial Paraguaya (UIP). Su presidente, Enrique Duarte, afirmó ya el 12 de diciembre que cualquiera de ellos supone para su sector un costo estimado en nada menos que 40,8 millones de dólares, pues su producción depende de una planificación logística que no puede ajustarse a última hora. Agregó que, a diferencia del sector público, cuyos ingresos estarían garantizados, el privado solo puede abonar salarios mientras produce, y subrayó que los días feriados deben ser previsibles para evitar daños económicos. Ciertamente, los industriales, así como los comerciantes formales, pueden operar los días feriados, pero en tal caso deberán abonar el salario hora ordinario del día hábil con un recargo del 100% y otorgar al personal un día de asueto remunerado, en la semana posterior.
Las atinadas palabras del presidente de la UIP fueron tardías porque el 3 de diciembre, Santiago Peña ya había satisfecho la declaración de la Cámara Baja del mismo día, que le instaba a decretar feriado nacional el 26 de diciembre de 2025. Contrariamente a la opinión de los actores económicos –la gente que trabaja–, los proponentes de la medida –diputados cartistas– alegaron que la misma dinamizaría la economía local durante el “fin de semana largo”, además de dar a los trabajadores una ocasión para compartir más tiempo con sus familias, tras la festividad navideña. Llama la atención de que tan “plausible” propósito no haya sido compartido por los directamente interesados o beneficiados. También el 3 de diciembre, a iniciativa del senador Basilio Núñez (ANR, cartista), entre otros, la Cámara Alta aprobó por unanimidad (!) una declaración que exhortaba al Poder Ejecutivo a declarar feriado el 2 de enero porque, según los promotores, ello favorecería a miles de familias que viajan por Año Nuevo. Por lo demás, “hay que ver quién viene a trabajar ese viernes (...) ni los funcionarios van a venir”, sostuvo el legislador.
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Felizmente y al menos hasta hoy, Santiago Peña ignoró el nuevo disparate, de tinte populista como el anterior y por ende engañoso: tratar de congraciarse con el pueblo, declarando días feriados que sirvan de puente entre uno tradicional y el fin de semana siguiente, también perjudica a los hogares de menores ingresos, instalados en gran medida en el amplio sector informal, aparte de afectar a quienes, por ejemplo, tienen agendada una consulta médica.
La existencia de la Ley N° 7544/25 no significa precisamente que el jefe de Estado debe utilizar indefectiblemente los tres días autorizados para declarar los feriados, o recurrir a ella con fines populistas o proselitistas. Peor aún, no debe perjudicar a la actividad económica. En suma, debe apuntar al bienestar general.