Aparte de los militares y de los policías, también los docentes pretenden conservar sus privilegios en el marco de la reforma de la Caja Fiscal promovida por el Poder Ejecutivo debido a su “acelerado deterioro”, al decir del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. “Estamos en pie de guerra”, llegó a decir Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), como si fuera lo más natural del mundo. Por tanto, recurren desde ya a la extorsión, amenazando con no iniciar las clases en este año lectivo si sus demandas no son aceptadas. Paradójicamente, los gremios docentes nucleados proponen la inmediata instalación de una “mesa técnica” para hallar un consenso antes de que el Congreso trate el proyecto de ley en marzo.
Debe entenderse que se llegaría a un acuerdo solo si se aceptaran las exigencias de los docentes, una de las cuales consiste en que la edad mínima para su jubilación no sea de 57 años, sino que basten 25 años de aportes, como hasta hoy. Además, pretenden que el aporte estatal sea del 14 por ciento. El Gobierno, por su parte, dice que si no se fijan edades mínimas para los docentes, entre otros, el déficit de la Caja Fiscal llegaría a 683 millones de dólares en 2028. El año lectivo 2026 se extenderá desde el 23 de febrero hasta el 30 de noviembre, con una pausa invernal de diez días, estando previstas cinco “horas pedagógicas” de clases, de treinta minutos cada una, de lunes a viernes. Compárese con que un asegurado del Instituto de Previsión Social (IPS), que no puede jubilarse antes de los 60 años de edad, tiene una jornada laboral de ocho horas, sin que sus vacaciones anuales lleguen a casi tres meses, sino a un mes. También cabe atender que, por regla general, un trabajador del sector privado debe demostrar su idoneidad, antes y después de ser contratado. Por regla general, aquí no hay padrinos político-partidarios que valgan, como sí valen –y mucho– en la educación pública, como bien saben los propios beneficiados que, en retribución, suelen actuar como comparsas electorales.
Bien se sabe que, según informes del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, en sus siglas en inglés), siete de cada diez alumnos paraguayos no comprenden textos básicos. Más escandaloso aún resulta que el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, haya revelado que el 70% de los docentes, es decir, el mismo porcentaje que el anterior, falló en las pruebas de comprensión lectora realizadas en los concursos públicos de oposición de 2025. El extendido analfabetismo funcional, que afecta no solo a los educandos, refleja el rotundo fracaso de los Institutos de Formación Docente (IFD), algo que también debería inquietar a la FEP, pues podría sospecharse que la gran mayoría de sus miembros sufre un notable déficit formativo, pero por este tipo de motivos no se organizan huelgas. Es de señalar que Gabriel Espínola, líder de la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-Auténtica), admitió la responsabilidad gremial por la escasa formación del magisterio y que Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores, criticó al Ministerio por no exigir que los IFD sean evaluados por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
En realidad, los docentes deberían estar “en pie de guerra” contra la ignorancia propia y ajena, en vez de lanzar amenazas con el fin de mantener sus prerrogativas en perjuicio de los contribuyentes, en última instancia. Resta mencionar una grave denuncia de los dirigentes sindicales del sector en cuestión, de la que deberían tomar nota el Ministerio Público y la Contraloría General de la República: las administraciones anteriores habrían utilizado los fondos jubilatorios para fines ajenos a la Caja Fiscal, como el financiamiento de la deuda pública.
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Por de pronto, los educadores no deberían victimizarse tanto, sino más bien esforzarse por aumentar sus conocimientos, empezando por consultar el diccionario para entender lo que leen. No es mucho pedir, pues el futuro de los alumnos dependerá en buena medida de lo que ellos sean capaces de transmitir. Lo que es seguro es que la exigencia de privilegios indebidos no va a contribuir en beneficio de la educación paraguaya.