¡Basta de impunidad! fueron las palabras de la diputada Johanna Ortega en una conferencia de prensa brindada esta semana para anunciar la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público por “lesión de confianza” en contra de 14 concejales colorados del municipio capitalino.
La denuncia se sostiene en el último préstamo de G. 184.000 millones avalado y aprobado, como en las mejores épocas del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, por la Junta Municipal en el mes de diciembre pasado. Tras el pedido realizado por el intendente en ejercicio, Luis Bello, en dicha oportunidad, la moción de aprobación tuvo el apoyo de la bancada colorada.
Fueron 14 los votos oficialistas que dieron “rienda suelta” al nuevo multimillonario endeudamiento, que sería financiado por cuatro bancos de plaza a dos meses y a un interés de G. 66 millones por día, según la denuncia de Ortega, produciendo un nuevo descalabro financiero para la intendencia, para el bolsillo de los contribuyentes y para la economía de los asuncenos.
En aquella sesión, el concejal Álvaro Grau (Patria Querida) enfatizó que no apoyaría el pedido de la Intendencia al cual calificó como una “tremenda irresponsabilidad”, ya que el préstamo sería utilizado para pagar una deuda que tuvo que haber sido cancelada durante el ejercicio fiscal 2025, conforme lo establece la Ley Orgánica Municipal.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La diputada Ortega remarcó que la denuncia se realiza en contra de los 14 concejales colorados por su grado de complicidad en el hecho punible de lesión de confianza, ya que los fines para los cuales se solicitó el préstamo no están amparados por ley. Es decir que no bastó que la intervención a la administración de Nenecho haya cuestionado con dureza la práctica de acceder a préstamos para cubrir gastos corrientes, para que este grupo de concejales haya incurrido prontamente en lo mismo, seguramente en la seguridad que tienen de que no serán molestados por la Fiscalía y la Justicia.
En ese sentido, en efecto, el artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal establece: “Se entenderá por ‘crédito público’ la capacidad que tiene la Municipalidad de captar recursos financieros para realizar inversiones productivas, atender casos de evidente necesidad o emergencia, reestructurar su organización o refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses, comisiones y gastos respectivos. Se prohíben realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes”. Sin embargo, sostuvo la diputada que el dinero del préstamo fue utilizado para pagar a los planilleros y operadores políticos de Óscar “Nenecho” Rodríguez, es decir, en clara violación de la ley.
Sostuvo que ese préstamo no solo nunca pudo haberse hecho para pagar gastos corrientes y deudas heredadas de la administración anterior, sino que no pudo realizarse comprometiendo el próximo ejercicio fiscal, ya que el art. 196 de la Ley Orgánica Municipal establece que los préstamos de déficit temporal de caja deben pagarse dentro del periodo: “Las municipalidades podrán obtener, con autorización de sus respectivas Juntas Municipales, préstamos de corto plazo para cubrir déficits temporales de caja. Los límites de tal endeudamiento estarán determinados por la capacidad institucional de pago y las previsiones de su presupuesto, las cuales no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. El plazo de pago de este tipo de financiamiento no podrá superar el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente” (las negritas son nuestras).
Sin embargo, ya como lo refirió el concejal Álvaro Grau en aquella sesión de aprobación, el préstamo avalado por la Junta Municipal se debe cancelar en los meses de enero y febrero del siguiente ejercicio fiscal, con lo que quedaría consumada la grave violación legal y podría configurarse la lesión de confianza y otros hechos conexos que determine la Fiscalía.
Por último, la diputada denunciante, y precandidata a la intendencia, sostuvo que el Ministerio Público debe investigar el “desmadre” generado tanto por la administración de Nenecho Rodríguez como por la Junta Municipal.
Más allá de la gravedad de los hechos denunciados, lo preocupante y vergonzoso es el completo desapego a las leyes en el cual se mueven las autoridades, tanto municipales como centrales. El multimillonario endeudamiento avalado por 14 concejales colorados de Asunción fue advertido en su momento por otro concejal, sin embargo, no les importó apartarse de la Ley Orgánica Municipal, que, para ellos, debe ser la columna vertebral de su actuar.
Pero mientras el Ministerio Público siga cajoneando casos emblemáticos, la Corte Suprema siga dilatando resoluciones trascendentales para la democracia como la acción de inconstitucionalidad planteada por la exsenadora Kattya González, los tribunales de apelación sigan coqueteando con la impunidad al no dar respuesta en tiempo eficaz a recursos dilatorios como el planteado por el exgobernador de Presidente Hayes Óscar “Ñoño” Núñez, hermano del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, o el fiscal general del Estado siga esperando que el mago “Mandrake” haga su trabajo, los concejales colorados de la comuna capitalina tal vez piensan: “si otros pueden quedar impunes, por qué nosotros no”.
Y probablemente ese sea el pensamiento de funcionarios deshonestos, de autoridades electas que olvidaron sus juramentos, de quienes aceptan “sobres voladores” o quienes justifican sus fechorías diciendo que son “perseguidos” por la prensa crítica.
Entonces, mientras los ministros de la Corte Suprema de Justicia sigan bajando la cabeza o manteniendo reuniones clandestinas, como si tuvieran algo que esconder, y el Ministerio Público siga dependiendo de la “magia” para hallar culpables o la conveniencia para abrir investigaciones, seguiremos diciendo que el tango de la corrupción se baila de a tres: “el que corrompe, el que se deja corromper y el que permite que eso siga sucediendo”.