Esta semana retumbó en el oído de los paraguayos, sobre todo en la memoria de quienes padecieron una larga dictadura, las palabras de José Fernando Duarte Penayo, director de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) e hijo del expresidente Nicanor Duarte Frutos, a quien no se le ocurrió mejor idea que reivindicar la dictadura stronista, precisamente en tiempos en los cuales las autoridades solo han dado muestra de concentración de poder, sometimiento de instituciones y obediencia a mandatos imperativos.
En una entrevista, el joven dijo que Stroessner fue un presidente que modernizó el Paraguay en muchos aspectos, que en el tramo final de su mandato cerró el juego político con violaciones a derechos humanos y persecuciones “que en nuestro contexto no son admisibles”, pero resaltó que forma parte de la historia grande del Paraguay.
En otro pasaje, al señalársele que Stroessner mató, torturó y exilió gente durante su mandato, atinó a decir que la dictadura de Stroessner “mató menos gente que los gobiernos liberales”, y que por esta razón, en términos de letalidad, podría calificar esa etapa como una dictadura “benigna”. Pero aún más, sostuvo que no fue un dictador, sino un “presidente constitucional”.
Estas nefastas expresiones, que solo socavan nuestra frágil democracia, más aún cuando provienen de una persona que sostiene en sus manos la lapicera para la acreditación de la educación superior en el Paraguay, fueron blanco de todo tipo de comentarios por parte de diferentes actores políticos, algunos criticando la reivindicación del dictador, otros, en especial sus correligionarios pertenecientes al movimiento Honor Colorado, dándole muestras de apoyo, en una clara línea política de defender lo indefendible cuando “de los suyos se trata”.
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En armonía con este espíritu, el secretario general de la Junta de Gobierno de la ANR, Eduardo González, se expresó en sus redes sociales refiriendo que la democracia en Paraguay se obtuvo gracias al Partido Colorado y que las expresiones de Duarte Penayo se enmarcan dentro de la libertad de expresión, por lo tanto, las reacciones de repudio son propias de personas “intolerantes”, y culminó dando el apoyo correspondiente a su amigo.
Si bien González reconoció que fue el propio Partido Colorado quien acompañó la caída del dictador el 2 y 3 de febrero de 1989, no se puede tildar de “intolerantes” a quienes critican y repudian la reivindicación de un Gobierno dictatorial que carga en su haber muertes, torturas, desapariciones forzadas, persecuciones, detenciones extrajudiciales, exilios, violaciones y otros hechos atroces. Estas graves violaciones de derechos fundamentales son la muestra palpable de que la intolerancia fue la del dictador, quien promovía la violencia, la opresión y la eliminación de derechos ajenos.
El artículo 3 de la Constitución Nacional expresa claramente que “la dictadura está fuera de la Ley”; esta frase declara explícitamente que cualquier forma de dictadura es inconstitucional e ilegítima. No es solo una declaración simbólica, sino que tiene implicaciones legales concretas, como la limitación de la concentración del poder y la protección del sistema democrático a través del respeto a un Estado de derecho.
Sobre esta lógica, la frase de Duarte Penayo al momento de situar a Stroessner como un “presidente constitucional” pierde todo sentido, ya que el dictador en realidad se alzó con el poder por medio de un golpe militar, se mantuvo en él por medio de la concentración del poder en el ejecutivo y promulgó una Constitución a su medida en 1967 permitiendo la reelección indefinida, lo que le posibilitó presentarse y ganar fraudulentamente las elecciones en 1968, 1973, 1978, 1983 y 1988. ¿Cómo podría ser llamado “presidente constitucional”?
El artículo 3 de la CN no es solo una reliquia histórica, es una herramienta viva para defender la democracia paraguaya contra cualquier atisbo de autoritarismo. Si un régimen viola derechos básicos como la vida, la integridad, las libertades, no puede ser “benigno” o “menos malo”, simplemente está fuera de la ley, y ante eso no se puede ser tolerante so pretexto de ejercer la libertad de expresión, puesto que quien reivindica dictaduras es nada menos que quien acredita la calidad educativa de la enseñanza superior. Entonces ¿cuáles serán los criterios de una enseñanza de calidad? ¿Será aquella que distorsiona la realidad, pretende borrar la historia o relativizar violaciones de derechos humanos?
Pero lo lamentable y preocupante es que las expresiones de Duarte Penayo reivindicando un oscuro capítulo de la historia paraguaya solo nos confrontan con una realidad no muy distante: senadores reconociendo recibir “mandatos imperativos” para levantar o bajar la mano en el Parlamento, ministros de la Corte Suprema aparentemente sometidos al poder político, cajoneando decisiones trascendentales para el fortalecimiento de la democracia, y un Ministerio Público que no es capaz ni siquiera de honrar la memoria de sus propios fiscales que mueren en manos del crimen organizado concluyendo eficazmente sus investigaciones.
Ahí tenemos también un Congreso Nacional que se caracteriza por sancionar leyes en contra de la transparencia y la rendición de cuentas, por perseguir a organizaciones civiles que promueven la libertad de expresión, por amedrentar a la prensa crítica. Un Parlamento que vive desconectado de la realidad del pueblo al que supuestamente representa, autoasignándose beneficios, jubilaciones vip y premiando a sus amigos con jugosos contratos por fuera de la ley.
Por su parte, el Poder Ejecutivo elude dar respuestas a un pueblo sediento de explicaciones. Un presidente que vive arropado en el disfraz de víctima perseguida por la prensa, cuando lo que debe hacer es explicar los cuestionamientos que se le hacen cuando sus acciones despiertan serias sospechas.
Es un pésimo momento para reivindicar dictaduras, ya que se evidencia que la herencia del stronismo corre no solo por las venas de Duarte Penayo, sino por las de quienes hoy tienen en sus manos las riendas del país. Por lo tanto, cada defensor de la democracia ante estos desenfrenos autoritarios no son intolerantes al discurso reivindicador de dictaduras, sino son los nuevos “Carlos” que necesita nuestra República.