Aún no ha llegado el gasoíl que debía proveer de urgencia la firma catarí ligada a Alejandro Domínguez Pérez, en virtud de un contrato del 30 de septiembre de 2024, pese a las nueve prórrogas otorgadas por Petróleos Paraguayos (Petropar). La última, que data del 4 de noviembre pasado, vencerá el próximo 28 de febrero, siendo muy improbable, en vista de los antecedentes, que esta vez se cumpla con la obligación pendiente. Por de pronto, el presidente de la empresa estatal, Eddie Jara, cuya declaración jurada de bienes y rentas fue severamente objetada por la Contraloría General de la República, se apresta a realizar una nueva “compra de oportunidad”, de hasta 80.000 metros cúbicos del mismo combustible y de nuevo mediante un “procedimiento especial”, debido a la supuesta premura del caso. Es de esperar que esta vez la entrega no tenga tantas prórrogas.
Se ignoran los precios de referencia, al igual que los documentos del proceso, a ser publicados solo tras la adjudicación del contrato, esto es, una vez logrado el acuerdo, sin que la ciudadanía pueda enterarse de nada. La iniciativa respondería a la razonable presunción de que la firma catarí, creada ex profeso para el negocio o negociado en cuestión, también incumpliría el último plazo concedido poco más de un mes antes de que Eddie Jara haya dicho a la Comisión Bicameral de Presupuesto que su paciencia estaba “llegando al límite”. La de la opinión pública ya se había agotado mucho antes, pero el jefe del Poder Ejecutivo, Santiago Peña, conserva la suya por misteriosos motivos.
El pretexto esgrimido para contratar a la improvisada firma catarí fue el precio del carburante, como si no hubiera importado su presunta falta de experiencia en la comercialización del producto. Por lo demás, el “procedimiento especial”, autorizado por la Ley N° 7021/22, de Suministro y Contrataciones Públicas, reglamentada por la Dirección Nacional competente, conlleva el serio peligro de que se atente contra la transparencia en la gestión pública y se permitan operaciones montadas para favorecer a ciertos oferentes y a sus socios del sector público. La que ahora está en marcha obliga a preguntarse si Petropar, como manda la ley citada, ha analizado “los riesgos que puedan afectar la correcta ejecución del contrato e impidan alcanzar los resultados esperados, de tal forma que sea posible evitarlos o mitigarlos, en el caso de que llegaran a ocurrir”.
Todo indica que tal análisis, que “debe reflejarse en el diseño del contrato, indicando quién asume el riesgo y la forma de gestionarlo”, no fue realizado con respecto a la empresa catarí. A modo de disculpa, Eddie Jara alega que en ninguno de los casos referidos hubo desembolsos, es decir, un daño patrimonial, pero ello no excluye que se haya causado un perjuicio, al menos en lo que atañe al programa anual de contrataciones de la empresa pública, suponiendo que la tenga, como ordena la ley.
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También convendría modificar la ley antes citada para impedir que por la vía reglamentaria se cometan barbaridades a través de los procedimientos especiales de contratación que, según la normativa, debería permitir “tutelar de la mejor manera el interés público”. Obviamente, lo que en Petropar se está tutelando es un interés inconfesable, eludiendo licitaciones públicas a través del atajo de la contratación directa. La premura en la compra y el bajo precio, invocados por Eddie Jara, aparentan burdas excusas para eliminar los principios de igualdad y libre competencia. El hecho de que, en el mejor de los casos, la firma Doha Holding Group LLC vaya a entregar el gasoíl recién diecisiete meses después de la firma del contrato para la urgente provisión, gracias a la extrema tolerancia de la petrolera estatal, revela que la urgencia no era tal: aquello fue una tomadura de pelo a la ciudadanía que no debe quedar sin la condigna sanción. A riesgo de incurrir en una imperdonable ingenuidad, es de esperar que la indignante historia no se repita en esta nueva “compra de oportunidad”.