En pleno receso parlamentario, la Cámara de Diputados dio media sanción a sendos proyectos de ley, que apuntan a reformar las cajas Fiscal y Parlamentaria, aunque las respectivas leyes a ser eventualmente promulgadas regirán recién desde el próximo año. La necesidad de reformar el sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, que entre 2014 y 2025 acumuló un déficit de más de 1.500 millones de dólares, es innegable, como lo señaló más de una vez el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. Tal como están las cosas, la Caja Fiscal es simplemente insostenible, salvo que se recurra a un fuerte aumento de la carga tributaria, con el inevitable impacto negativo en la macroeconomía.
Las sumas que perciban los jubilados y pensionados deben provenir de sus aportes y no de los subsidios estatales derivados de los impuestos directos e indirectos que abona la gran mayoría de quienes están fuera del sistema: las “cajas” deben sostenerse por sí mismas. En el caso de los docentes, de los policías, de los militares y de los magistrados, por ejemplo, el Poder Ejecutivo propone “ajustes” en cuanto a la edad mínima requerida para jubilarse, a los años de aporte y a la correspondiente tasa de sustitución; es decir, al porcentaje del último salario que corresponda al beneficiario.
Los docentes, entre otros, han salido a las calles para oponerse a una iniciativa que ya debió haber sido abordada por gobernantes anteriores. El actual decidió mover el avispero, probablemente más compelido por recomendaciones de organismos internacionales que por un impulso patriótico, sobre todo en época electoral. Con toda certeza, la resistencia generada en diversos sectores resulta alentada, más allá de la necesidad imperiosa de la reforma, por el hecho de que un Gobierno, en el que la corrupción y el derroche campean, carece de autoridad moral para realizar ajustes, aunque ellos sean absolutamente necesarios. De dicha autoridad también carece el Poder Legislativo, por similares motivos. En este caso concreto, una mayoría no quería desprenderse de sus privilegios en una caja propia.
Precisamente, el proyecto referido a la Caja Parlamentaria contempla para este año un aporte estatal de 4.550 millones de guaraníes del Presupuesto nacional, para que un legislador se jubile tras quince años de aportes, cobrando el 80% de su dieta y gastos de representación, o con diez años de aportes, cobrando el 60%. Curiosamente, los presupuestos de 2020 a 2024 no incluyeron fondos para el efecto, pero sí el del año pasado, por razones que se ignoran: previó 2.500 millones de guaraníes, que fueron ejecutados. ¿Por qué los contribuyentes deberían solventar una jubilación tan privilegiada? Probablemente debido al generalizado repudio ciudadano, la Cámara Baja se vio obligada a ser menos generosa consigo misma que el Poder Ejecutivo, al disponer en el proyecto aprobado que “está expresamente prohibido todo aporte, subsidio, garantía o respaldo financiero del Estado, en cualquiera de sus formas, al patrimonio en cuestión”. Claro que esta disposición no tiene rango constitucional, de modo que podrá ser modificada en todo momento, incluso a través de la próxima ley presupuestaria.
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Se debatió el hecho de que todo legislador deba aportar necesariamente a su “caja” el 24% de sus remuneraciones, aunque pueda retirar sus aportes, pues ello implicaría que no tenga un carácter privado, sino público. De hecho, no fue eliminada dicha caja, como pretendían los diputados opositores, de modo que los congresistas seguirán gozando de ciertas prerrogativas, como cobrar una jubilación ordinaria, equivalente al 80% de la dieta, con quince años de aportes.
Vale reiterar que el régimen jubilatorio en cuestión es moral y financieramente insostenible: tarde o temprano, la “clase política” echará mano al subsidio estatal, a costa de los servicios públicos, por la simple razón de que para ella su propio bienestar prima sobre el bien común. No quieren abandonar la sombrilla protectora de “papá Estado”.
Como se ha visto una vez más, para el común de los legisladores, empezando por los cartistas, “la caridad empieza por casa”: no quieren renunciar a su jubilación privilegiada porque se sienten más allá del bien y del mal en el manejo de los asuntos públicos.