La reforma de la Caja Fiscal, aprobada con celeridad en la Cámara de Diputados la semana pasada, revela una verdad incómoda sobre el Estado paraguayo: un crónico abandono e irresponsabilidad que permitió que el sistema previsional público acumule déficits millonarios durante años, mientras ciertos sectores mantienen privilegios intocables sin empacho y a la vista de la ciudadanía. El problema no comenzó con este Gobierno, sin duda, pero sus integrantes, empezando por legisladores que representan al cartismo gobernante, no quieren desprenderse del todo de irritantes privilegios, mientras exigen hacerlo a otros sectores.
El déficit de la Caja Fiscal cerró el año 2025 en 380 millones de dólares, un buraco que el Estado cubre con recursos generales, es decir, con impuestos de todos los contribuyentes, y que ha crecido a un ritmo acelerado de 100 millones de dólares anuales.
Según fuentes oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en los últimos cinco años, el acumulado supera los 1.380 millones de dólares, equivalente a una carga estructural que desvía fondos de salud, educación e infraestructura en escuelas y hospitales públicos hacia el pago de jubilaciones insostenibles.
Este desequilibrio no surgió de la noche a la mañana, sino que es el resultado de décadas de inacción, cálculos desactualizados por el aumento de la expectativa de vida, jubilaciones tempranas sin ajustes correspondientes y una corrupción lacerante. El Estado, en lugar de anticipar y corregir las distorsiones, prefirió postergar el problema, financiando con deuda implícita el lujo de un sistema que beneficia desproporcionadamente a algunos grupos mientras amenaza la viabilidad general.
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Y aquí radica la hipocresía más flagrante: en efecto, mientras se exige a docentes, magistrados, policías y militares, como corresponde, aportar más (hasta 19% en sectores deficitarios), retrasar su retiro a los 57 años con 25 de servicio y aceptar tasas de reemplazo variables, los diputados y senadores preservan su propio régimen privilegiado, la llamada “jubilación vip” con reglas mucho más laxas.
Con solo 10 años de mandato, los legisladores acceden a beneficios que la ciudadanía común tardaría décadas en alcanzar, en un fondo separado que desembolsa mensualmente más de G. 2.500 millones para 212 jubilados. Si bien ahora el titular del Congreso y otros voceros del cartismo proclaman que ya no van a recibir nada del Estado, permanecen intactos los afrentosos puntos principales de su jubilación vip, que aparece insostenible y que, tarde o temprano va a requerir nuevamente el auxilio de “papá Estado”.
Como era de esperar, en la misma sesión extraordinaria de los diputados se declaró en cuarto intermedio el debate sobre su propia caja, priorizando la aprobación exprés de la reforma de la Caja Fiscal, pero tras otro cuarto intermedio también aprobaron la de la Caja Parlamentaria, prácticamente sin tocar sus privilegios.
Esta conocida estrategia de “chutar para adelante” lo que no les conviene que se trate, o simplemente armar un teatro de peleas, ofensas y berrinches entre ellos para terminar molestos, levantarse y suspender la sesión, es hartamente conocida por la ciudadanía, por lo que no debiera extrañar que cada vez que se intente dar tratamiento a la “jubilación vip” nos sorprendan con un nuevo capítulo de telenovela.
Se “maquillan” ajustes cosméticos, como propuestas de elevar la edad a 65 años, pero el mensaje es claro, “las reglas duras son para los demás”.
Esta doble vara no solo erosiona la confianza pública, sino que socava la legitimidad de cualquier reforma. ¿Cómo exigir sacrificios a miles de trabajadores públicos si los “representantes del pueblo” se niegan a dar el ejemplo?
La falta de previsión del Estado no es solo técnica; es política. Se ha tolerado un sistema donde los déficits se socializan (todos pagan vía impuestos), pero los privilegios se privatizan (unos pocos gozan de jubilaciones generosas y tempranas).
El resultado es previsible: protestas en las calles, desconfianza generalizada y un Congreso que, en lugar de liderar con equidad, opta por atropellar procesos y proteger sus castas, sus nepobabies, sus viajes lujosos con invitaciones fraguadas, sus “BACHIlleres”, sus paseos en autos lujosos decomisados del narcotráfico, hasta dinero para sus clubes deportivos, y otras tantas mieles del poder temporal que ostentan.
La reforma de la Caja Fiscal sin dudas es necesaria para evitar un colapso mayor puesto que las proyecciones indican que sin cambios, el déficit podría escalar a US$ 683 millones en 2028 y acercarse al tamaño de la deuda pública en décadas futuras.
Pero su éxito depende de que se extienda la misma lógica de sostenibilidad y justicia a todos, empezando por eliminar o alinear radicalmente la jubilación parlamentaria. Paraguay merece un Estado previsivo, no uno que predica austeridad mientras sus élites mantienen lujos insostenibles.
El Senado tiene ahora la oportunidad de corregir este rumbo: o se avanza hacia un sistema equitativo para todos, o se confirma que las reformas son solo para los de abajo. El verdadero patriotismo se predica con el ejemplo, caso contrario, es solo un eslogan de campaña para que las cosas sigan igual.