La conocida organización Transparencia Internacional (TI) ubicó nuevamente al Paraguay en una poco envidiable posición en su índice de percepción de la corrupción de 2025, figurando en el puesto 150 entre 182 naciones del planeta y con uno de los peores desempeños de nuestra región. Desde hace años, nuestro país no ha variado casi su lugar en los puestos de rezago, figurando entre algunos considerados poco menos que Estados fallidos en esta materia. La cuestión no es difícil de entender, atendiendo lo que se publica todos los días en los medios de comunicación, que revelan una podredumbre repetida en el manejo de los bienes públicos que drena importantes recursos que bien podrían haberse destinado en beneficio de la población. Pareciera que las cuestionables prácticas están en el ADN de numerosos funcionarios de la administración pública nacional.
Hace apenas pocos días, el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añetete) denunció que el Instituto de Previsión Social (IPS) adjudicó el último noviembre a un consorcio ligado a un hijo del senador Luis Pettengill (ANR, cartista) un contrato por 49 meses para proveer de sábanas y prestar el servicio de lavandería, por un monto máximo de 80.000 millones de guaraníes de un total de 160.000 millones (más de 23 millones de dólares), aparentemente a precios muy superiores a los del mercado y sin que hubiera una “competencia real”, según el legislador.
Se trata de un nuevo escándalo en materia de contrataciones públicas, precisamente una de las copiosas fuentes de enriquecimiento ilícito para los que mandan y sus cómplices del sector privado, que causa un grosero perjuicio al fisco y a los eventuales oferentes honestos. Lo habitual es que se violen sistemáticamente los principios rectores de la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas, entre ellos los de “economía y eficacia” e “igualdad y libre competencia”. Así ocurre porque hay funcionarios, oferentes y contratistas que ignoran los principios de “integridad y buena fe” y porque presumiblemente los responsables del Sistema Nacional de Suministro Público, encabezados por el Ministerio de Economía y Finanzas, no se rigen siempre por los principios de “probidad y ética”.
El drama de las licitaciones fraudulentas tiene que ver menos con la falta de normativas que con la corrupción impune, derivada a su vez de que, por lo general, los servidores públicos no se sienten tales; de hecho, dan la impresión de que están al servicio de sí mismos, de sus allegados y de sus jefes políticos. A menudo se recurre a las contrataciones directas, campo propicio para la manipulación, sin respetar ni siquiera una pandemia, como ocurrió con la del covid 19, con las cuestionadas compras realizadas por la Municipalidad de Asunción de los “detergentes de oro”, y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil con los “tapabocas de oro”. El primer caso sigue en sede judicial, en tanto que el segundo concluyó en 2024 con el sobreseimiento definitivo del exdirector Édgar Melgarejo y de otros procesados, porque la firma proveedora Proyectos Global SA devolvió al Estado 119 millones de guaraníes: así de fácil. Se recordará también que una licitación del IPS fue abortada en 2019, debido a un escándalo que involucró al habitual proveedor del ente, Óscar Chamorro Lafarja, dueño de una firma de seguridad privada, y al senador Dionisio Amarilla (PLRA, cartista), quien por tal motivo perdió su escaño. Sin olvidar el caso de los muebles chinos contratados para las escuelas, a precios aparentemente muy inflados.
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Son muy pocas las licitaciones en pro de un “amigo de la casa” que resultan frustradas y menos aún las que conllevan una sanción penal. La tentación de incurrir en una lesión de confianza no se detendrá ni siquiera ante una peste, mientras la impunidad siga siendo la norma en las contrataciones públicas.
Las corruptelas en las licitaciones tienen consecuencias directas en los servicios públicos, pues implican privar a la población del acceso a prestaciones a las que tiene derecho por ser financiadas con su dinero, directa o indirectamente. La Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el Ministerio Público tienen mucho que hacer para poner coto al gran negociado en el que participan agentes estatales y particulares, confabulados contra el bien común.
Sin duda alguna, las contrataciones públicas ocupan un lugar destacado en el esquema de corrupción que tan mala calificación le dan al país. El desastroso desempeño judicial es un aliciente para que surja todo tipo de prácticas corruptas, como la vergonzosa “mafia de los pagarés”, en perjuicio de miles de personas, la mayoría de escasos recursos. Dichas prácticas se traducen también hasta en las coimas que con suma frecuencia se denuncian en las calles y rutas, por parte de agentes de la Policía Nacional, de la Caminera y de la Municipal, siendo muchas veces afectados los extranjeros, que denuncian en sus redes y aumentan la mala fama del Paraguay.
A este paso, el nombre del Paraguay continuará apareciendo en pésimos lugares de las encuestas internacionales de corrupción, para vergüenza de quienes aman al país.