Hoy se cumplen dos años desde que el Senado paraguayo, dominado por el cartismo y sus aliados, perpetró uno de los atropellos más flagrantes contra la democracia en nuestra historia reciente: la destitución arbitraria de la senadora opositora Kattya González.
El 14 de febrero de 2024, con apenas 23 votos y violando su propio reglamento interno, que exigía un quorum de 30, la Cámara Alta la removió bajo la excusa de “uso indebido de influencias”, una acusación endeble que no resistiría el escrutinio de un proceso justo. Este insostenible argumento fue desestimado meses después por el Ministerio Público, por lo que quedaba en evidencia el atropello cometido desde el Parlamento paraguayo.
Esta maniobra no fue un acto de justicia, sino un golpe político orquestado para silenciar a una de las voces opositoras más votadas y combativas, que había denunciado corrupción y defendido reformas en un Congreso plagado de intereses oscuros.
La hipocresía del Congreso paraguayo es abrumadora. Los mismos senadores que impulsaron un reglamento en diciembre de 2023 para “proteger” la investidura legislativa, exigiendo una mayoría calificada de 30 votos, lo ignoraron descaradamente cuando se trató de eliminar a una adversaria incómoda. Si los paraguayos estaban acostumbrados a que “a las palabras se las lleve el viento”, con este acto atroz empezarían a asimilar que a las normas del Congreso, dictadas por los propios congresistas, también se las llevaría el viento cuando de defender sus intereses se trate.
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Predican institucionalidad mientras practican el abuso de poder, amparados en mayorías coyunturales que priorizan lealtades partidarias sobre el Estado de derecho. Este doble estándar no solo erosiona la credibilidad del Parlamento, sino que envía un mensaje claro: la democracia en Paraguay es selectiva, reservada para quienes se alinean con el oficialismo colorado. La destitución de la senadora se inscribe en un patrón de violencia política, que ve en estos actos un retroceso sistemático en los derechos humanos.
Aún más indignante es la inacción de la Corte Suprema de Justicia, que ha mantenido “dormido” el caso durante estos dos años. La exlegisladora presentó una acción de inconstitucionalidad inmediatamente después de su expulsión, y aunque la Sala Constitucional ampliada se integró, incluyendo ministros como Gustavo Santander, Víctor Ríos y otros, no ha emitido resolución alguna hasta el día de hoy.
Esta mora judicial no es casualidad; se parece más a una cobardía institucional. La Corte Suprema, supuestamente el mayor custodio y guardián de la Constitución, se convirtió en una entidad amordazada, posiblemente influida por presiones políticas, como las reuniones clandestinas con el Ejecutivo que han saltado a la palestra.
¿Cómo explicar que un caso trascendental para la democracia, que podría sentar precedentes sobre la independencia legislativa, languidezca por dos largos años en los pasillos del Palacio de Justicia? El Ministerio Público ya dictaminó que la expulsión fue inconstitucional, recomendando a la Corte hacer lugar a la acción. Sin embargo, el silencio cómplice persiste, dejando a Paraguay expuesto a más condenas internacionales.
Recientemente, el senador Natalicio Chase (ANR, cartista), uno de los artífices de esta infamia, ha reavivado la controversia con declaraciones que destilan cinismo y desprecio por las normas. En una entrevista televisiva, no solo reiteró su voto a favor de la expulsión, sino que tildó a González de “delincuente” y defendió que un juicio político es “político” y, por ende, ajeno a las garantías del debido proceso.
Estas palabras no solo son un insulto personal, sino un atentado contra los principios fundamentales del derecho. Chase ignora, o finge ignorar, que Paraguay ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en casos similares. En la sentencia del caso Bonifacio Ríos Ávalos y otro vs. Paraguay, de 2021, la CIDH declaró al Estado responsable por violar la independencia judicial en el juicio político a un ministro de la Suprema Corte, enfatizando que, contrariamente a lo que sostiene Chase, incluso los procesos políticos deben respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y la motivación adecuada de las decisiones.
Esta jurisprudencia es vinculante para Paraguay, y aplicarla al caso de González sería un paso hacia la madurez democrática. Pero el cartismo demuestra que prefiere la impunidad, repitiendo errores que cuestan reputación y recursos que todos los paraguayos deben pagar en un futuro no tan lejano.
Dos años después, la destitución de Kattya González no es un capítulo cerrado; es una herida abierta en el tejido democrático paraguayo. La Corte Suprema debe romper su silencio y resolver con valentía, honrando su rol constitucional.
El Congreso debe recordar que la hipocresía tiene un costo: la pérdida de legitimidad ante un pueblo harto de abusos. Y figuras como Chase deben entender que la verdadera delincuencia radica en socavar las instituciones para perpetuar el poder.
Paraguay merece una democracia real, no esta farsa de mayorías arbitrarias.