El titular de la DNCP, Agustín Encina, si bien señala que no hay “impugnación”, sino “retención” a causa de “inconsistencias en el monto presupuestado”, niega que se haya procedido a la adjudicación. Asegura que la institución hizo observaciones y que, hasta tanto las mismas no se subsanen y no se presenten los documentos en forma, “el proceso no puede continuar”.
Sin embargo, el diputado Mauricio Espínola (ANR-Añetete) divulgó una resolución del IPS del 18 de noviembre de 2025 en la que se adjudican dos lotes de hasta 80.000 millones de guaraníes cada uno al consorcio Dylav, integrado por DYSA Healthcare SA e Industrias Médicas del Paraguay, y al consorcio Industrias Médicas, integrado por Ao Potî e Industrias Médicas del Paraguay. Consultado por ABC, el gerente de Salud del IPS, Derlis León, confirmó la resolución de adjudicación para ambas empresas. Afirmó que el proceso está para la firma de contratos, pero que aún no se ejecutó porque se aguarda el código de contratación aprobado por la DNCP.
Si estas adjudicaciones se hicieron o no efectivas es algo que el Consejo de Administración debe dilucidar de inmediato. Al margen de ello, el solo hecho de que esta licitación se haya desarrollado en estos términos alcanza ribetes de escándalo, con mayor razón en la catastrófica situación financiera en la que se encuentra el Fondo de Maternidad y Enfermedad, o Fondo de Salud, del IPS, que solo en medicamentos tiene una deuda vencida cercana a los 180 millones de dólares, según el instituto, y de 350 millones de dólares, según las farmacéuticas.
Entre ambos lotes, el monto es de un mínimo de 80.000 y un máximo de 160.000 millones de guaraníes. El precio que figura para lavado con provisión de sábanas es de entre 105.750 y 301.310 guaraníes por unidad. Los montos son entre 6% y 90% superiores a los de una licitación similar del Ministerio de Salud del mismo año, adjudicada a las mismas empresas, algo que Derlis León atribuyó a “gasto logístico”.
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En los dos casos, en el del MSP y, peor aún, en el del IPS, la sobrefacturación aparece como evidente. Comparativamente, las sábanas salen más caras que las de alta calidad compradas al por menor. Solo con el monto mínimo (que los contratistas cobrarán sí o sí) se pueden adquirir 265.000 sábanas al precio de referencia, cuando todo el IPS tiene, como mucho, 2.000 camas de internación, 1.300 de ellas en el Hospital Central y el resto en hospitales regionales y clínicas periféricas.
Alegarán que no se trata solo de provisión, sino de “higienización y desinfección”, pero el precio unitario que figura para lavandería es de 40.220 guaraníes por kilo. Una tintorería privada en Asunción cobra hasta 30.000 guaraníes por carga de 10 kilos, lo que sugiere una sobrefacturación de más de 1.000%, injustificable aun considerando cualquier tipo de complejidad especial que impliquen las sábanas de hospital.
El caso no acaba aquí. En el consorcio Dylav figuran como accionistas Juan, Olivia y Blanca Pettengill, familiares directos del senador Luis Pettengill, cuyas empresas sugestivamente participaron en la elaboración del pliego y precios referenciales, según el dictamen 62/25 de la Unidad Operativa de Contrataciones del ente.
Desde luego, este no es un hecho aislado en el IPS, sino apenas otro triste ejemplo de este verdadero antro de descontrol y corrupción, pero resulta indignante que se medre sin descaro en medio de tantas carencias, con la complicidad o anuencia del Consejo de Administración.
Los miembros del Consejo cobran altos salarios, gozan de múltiples privilegios y no cumplen su deber de velar por los intereses de los asegurados. Lo preside Jorge Brítez y lo integran Gustavo González Maffiodo, Carlos Pereira, José Jara Rojas, Víctor Insfrán Dietrich y José Emilio Argaña Contreras, estos tres últimos en “representación” de los jubilados, trabajadores y empleadores, respectivamente. Todos son responsables, incluyéndolos a Pereira y a Argaña, el primero de los cuales renunció recientemente al cargo, mientras el segundo solo puso el suyo “a disposición”.
Pero el máximo responsable es quien los nombra y los sostiene: Santiago Peña. El presidente de la República convocó a Brítez esta semana y, según el vocero Guillermo Grance, le “exigió impulsar cambios estructurales importantes”. A la luz de tantos hechos, es una reacción muy tibia y muy tardía del Gobierno, insuficiente para la familia de Braulio Vázquez, insuficiente para los miles de asegurados que sufren un pésimo servicio mientras ven cómo se dilapidan o se roban sus aportes, e insuficiente para toda la ciudadanía de bien del país.