Tal como se temía, pese a los discursos, los amagos, las manifestaciones de supuesta preocupación por las finanzas públicas, ni se aprobó la reforma de la Caja Fiscal ni se modificó la jubilación vip de los parlamentarios. Las respectivas postergaciones no auguran otra cosa que el típico oparei. Los analistas ya vaticinan suba de impuestos y posible pérdida del grado de inversión del país. En síntesis, nada ha cambiado: el 10% de la fuerza laboral sigue manteniendo sus privilegios a costillas del otro 90%.
Había tres factores que hacían presagiar que esta reforma, aunque extremadamente necesaria, urgente y justa, era ya muy improbable a estas alturas. Lamentablemente, los tres factores persisten y se combinan en contra de la gran mayoría indefensa.
Uno de esos factores es la previsible resistencia de los distintos sectores de la burocracia estatal, que alegan muy cuestionables “derechos adquiridos” y amenazan con movilizaciones y huelgas para defender un régimen jubilatorio a todas luces insostenible, exponencialmente deficitario, con beneficios infinanciables, divorciados de la realidad y de los que rigen para el sector privado.
Otro factor es que los congresistas y la casta política no están dispuestos a renunciar a su propio mayorazgo y condición de “ciudadanos de primera”, lo que, entre otras cosas, les permite acceder a una alta pensión vitalicia con tan solo diez años de aportes. Parecía que, a lo sumo, admitirían pequeños retoques y, al final, ni siquiera eso. Esto constituye un obstáculo moral insalvable, porque no puede el Congreso legislar para los demás lo que no quiere aceptar para sí mismo.
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El tercer factor, y quizás el más determinante, es que Santiago Peña no se atrevió a asumir el costo político cuando debió hacerlo. Tardó demasiado en presentar el proyecto de ley y, ya a la mitad de su mandato, con su popularidad desgastada, su mayoría legislativa endeble, con el oficialismo dando muestras de sus primeras fracturas y en un año electoral, le resulta sumamente difícil enfrentarse al funcionariado, pedir renunciamientos a los propios parlamentarios y encarar la reforma estructural más complicada de su agenda.
Peña asumió sabiendo que una de las grandes cargas que tendría que afrontar su administración era el agravamiento del déficit de la Caja Fiscal, pero dejó que llegara a casi 380 millones de dólares en 2025, el 0,8% del PIB, la mitad del tope establecido en la ley para todo el Estado, con tendencia a profundizarse mucho más en el corto plazo. Era fundamental neutralizar ese riesgo cuanto antes, aprovechando el envión inicial de su Gobierno, cuando estaba en mejores condiciones políticas para lidiar con la esperable reacción de los segmentos afectados, pero dejó pasar la oportunidad.
También sabía que, para avanzar en la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, necesariamente tendría que comenzar por la Caja Parlamentaria. Sin embargo, al contrario, restituyó el subsidio estatal para la jubilación vip de los miembros del Congreso y, no contento con eso, declaró que la clase política “se lo merece”.
La postergación de esta reforma tiene altos costos para el país. Aun si se llegara a aprobar una versión suavizada, como se comenta, ya sería insuficiente para aplacar el peso sobre las cuentas nacionales, sobre todo porque el Gobierno tampoco redujo el gasto público en otras áreas y soporta fuertes presiones fiscales, con deudas vencidas con proveedores y contratistas que rondan los 1.000 millones de dólares. Con este panorama, no es descabellado esperar la creación o aumento de impuestos, de manera directa o disfrazada, para elevarle todavía más la factura a la ciudadanía.
El otro alto costo potencial es la posible pérdida del grado de inversión otorgado al país por dos de las tres grandes calificadoras internacionales de riesgo. No se trata de una especulación, sino que ello está específicamente mencionado como una de las variables que les harían “bajar la calificación en los próximos 12-18 meses”, por debilitamiento del panorama fiscal. También esto podría impulsar al Gobierno a plantear una suba de impuestos.
Gran parte de la culpa recae personalmente sobre Santiago Peña, quien ejerce el Poder Ejecutivo y es el principal responsable de la administración del Estado, por su accionar dubitativo y su falta de firmeza para hacer lo que debía hacer cuando tenía que hacerlo por el bien del Paraguay.