De manera temeraria, por decir lo menos, en el Presupuesto 2026 se previó un incremento de los ingresos ordinarios muy superior al que se está registrando en la práctica.
“La situación fiscal no es la más fácil, al país le va bien, al fisco no tanto, eso es raro, pero es lo que está ocurriendo. Vamos a tener, y no quiero que suene tan fuerte, pero ya veo los titulares que van a salir, una economía de guerra para la parte fiscal. No estamos en condiciones de seguir el mismo ritmo de cuando nosotros teníamos incrementos impositivos equivalentes al 20% interanual, que fue lo que ocurrió durante el primer año de gestión”, señaló el ministro.
Lo que no dijo es que este escenario era plenamente previsible, como él bien lo sabe en su carácter de ministro del área y de economista calificado, pese a lo cual el Gobierno no tomó las precauciones necesarias cuando debió hacerlo para asegurar la sostenibilidad de las finanzas estatales. Siguió gastando y gastando (y no necesariamente racional y eficientemente), endeudándose y endeudándose, como si la bonanza fuera eterna.
Los ciclos económicos, como el nombre lo indica, son cíclicos. A períodos buenos invariablemente les siguen otros que no lo son o no lo son tanto, y viceversa, debido a múltiples factores, situaciones no contempladas y por la propia dinámica del complejo funcionamiento de la sociedad y de la actividad económica real.
Esto se ha visto reflejado claramente en el ritmo de las recaudaciones tributarias. En 2024, como lo señaló el ministro, el aumento fue del 20%, impulsado por el fuerte repunte del crecimiento económico pospandemia y el buen clima para la agricultura. Pero en 2025 ya fue del 9%, menos de la mitad. En enero de 2026 la variación interanual fue del 0,7% y en febrero cayó a cifra negativa de -2,9%, especialmente por la reducción de los ingresos aduaneros debida, en parte, al tipo de cambio.
Si se sabía que esto iba a ocurrir más temprano que tarde, lo que correspondía a una administración responsable y eficiente era aplicar medidas “contracíclicas”: aprovechar el momento de apogeo para generar ahorros y realizar reformas que fortalezcan la base fiscal, con el fin de estar en mejores condiciones para cuando las tendencias comiencen a revertirse.
Este Gobierno no ha hecho nada de eso, como lo prueba el fuerte aumento de la deuda pública, cuyo saldo pasó de 15.500 a 21.500 millones de dólares, del 36% al 43% del PIB, en solo dos años y medio de gestión. Supuestamente se está reduciendo el déficit fiscal, que fue nominalmente del 2% del PIB en 2025, con la meta de volver al tope del 1,5% del PIB en 2026, pero eso es irreal, porque existe una enorme deuda vencida con proveedores y contratistas que simplemente se ignora en la contabilidad. Solamente a las constructoras y a las farmacéuticas se les debe unos 1.000 millones de dólares, monto que equivale a todo el déficit oficialmente admitido.
Esto se produjo en un contexto de aumento de las recaudaciones e ingresos extras de Itaipú por diferencia tarifaria. El monto exacto y la ejecución de esto último es un misterio, ya que no ingresa al Presupuesto ni pasa por los mecanismos institucionales de rendición de cuentas, pero es otra fuente más de dinero con la que contó el Gobierno. Pese a ello, se le debe a cada santo una vela. Basta sumar y restar para darse cuenta de que no solamente no ha habido un achicamiento del gasto, sino que se gasta muchísimo más que antes.
También se sabía desde un principio que había que detener la sangría de la Caja Fiscal, pero el Gobierno no se atrevió a hacerlo cuando todavía tenía el caudal político para llevar adelante la reforma. El resultado es que ya se ha promulgado la ley que, en palabras del propio Fernández Valdovinos, “implica básicamente dejar el statu quo”. O sea, cambiar algo para no cambiar nada.
Se llega a esta instancia por culpa del Gobierno, pese a lo cual la “economía de guerra” en el sector público es necesaria, porque la alternativa es elevar los impuestos, volver a flexibilizar el cronograma de convergencia del déficit fiscal, amenazar la sostenibilidad macroeconómica, dañar la credibilidad del país, poner en riesgo el grado de inversión, espantar capitales. Sin embargo, no es la primera vez que prometen ajustar el cinturón. No cumplieron antes, ¿cumplirán ahora, en pleno año electoral? Dudoso.