Cuando el Gobierno de Santiago Peña, por boca del saliente ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos –quien renunció o fue removido del cargo–, anunció una economía de guerra, debido a la aguda situación de las finanzas públicas, se esperaba que el apriete de cinturón alcanzara para corregir los despilfarros en las instituciones del Gobierno y los privilegios de autoridades y políticos. Pero estos casi no fueron afectados, mientras se agudizan las necesidades en las instituciones que atienden, por ejemplo, la educación y la salud. Entre otras cosas, muchos padres claman por útiles para sus hijos, mientras una fotografía publicada el lunes en la tapa de nuestro diario muestra una patética situación: un paciente que fue sometido a cirugía sobre una camilla, con las manos sobre taburetes y sobre frazadas dobladas. Y conste que esto ocurrió en el Instituto de Medicina Tropical (IMT), en plena capital del país; no estamos hablando del Alto Paraguay ni de ningún otro alejado lugar.
Tampoco dista mucho de Asunción el Hospital Nacional de Itauguá, cuyos médicos residentes denuncian “indignantes” condiciones laborales, causadas por la humedad, el hacinamiento y la aglomeración, reflejados en un conmovedor video difundido por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed). Es obvio que las principales víctimas del desastroso sistema sanitario son los pacientes y sus familiares, debido a la falta de insumos, de medicamentos y de equipos, entre otras carencias. “Cristo agoniza hoy en los hospitales”, graficó el Viernes Santo el padre Aldo Bernal, cura rector de la Catedral, pero resulta que el presidente de la República, Santiago Peña, dijo en febrero que “no hay nada que no podamos conseguir en la salud pública”. Y bien, al cabo de cinco años, por ejemplo, aún no ha acabado la construcción de dos pabellones del Hospital Básico de Yataity del Norte. La culpa es compartida con el anterior Gobierno, pero el actual, que todo lo podría, tampoco parece muy eficiente.
La deuda pública con los proveedores farmacéuticos rondaría los 1.200 millones de dólares, pero continúa el malgasto desaforado y no solo, desde luego, por la vía de las bonificaciones en beneficio propio y en el de la clientela enchufada en el Presupuesto. En vez de intentar que su gestión mejore notablemente a poco más de la mitad de su mandato, el jefe de Estado prefiere recurrir a la mera propaganda para intentar ocultar lo que la población percibe a diario: destinará para el efecto más de 9.700 millones de guaraníes –unos 1,5 millones de dólares– de Itaipú Binacional, suma que podría asignarse más bien a atender alguna necesidad urgente del sistema sanitario. Aquí la “economía de guerra”, en lo que atañe a la atención médica, está de hecho en plena marcha, incluso antes de que el ministro saliente de Economía y Finanzas haya hablado de ella.
No es que se practique la austeridad, ni mucho menos, sino que se precariza el tratamiento de los pacientes debido a la insuficiencia de recursos humanos y materiales provocada no solo por el despilfarro, sino también por la deshonestidad pura y dura. Por este motivo, el Círculo Paraguayo de Médicos creó en octubre de 2025 una Oficina de Anticorrupción en Salud y Educación Médica. Su presidente, Jorge Rodas, dijo que “hay una corrupción generalizada en el sistema de salud; no todos pueden hablar, pero todos están enterados”. Es presumible que también lo estén Santiago Peña, así como el Ministerio Público, que ha recibido varias denuncias de la citada entidad, sin que se conozcan los resultados.
Es penoso que haya “muertes evitables” no solo en el Instituto de Previsión Social, sino presumiblemente también en los hospitales dependientes del Ministerio respectivo. En la sanidad se juega tanto con la vida como con la dignidad de los enfermos y de los profesionales de la salud, sin que se avizoren cambios: al Gobierno le importa más la propaganda, también realizada inaugurando hospitales inconclusos, que las penurias que deben soportar quienes no pueden costear una atención privada.
Habrá que ver si la evidente calamidad sanitaria induce al Poder Ejecutivo a un benéfico cambio de rumbo, para lo cual debería, en primer lugar, ejercer una conveniente autocrítica, en vez de la autocomplacencia. La situación no da para más.