Con el voto favorable de los 23 de la vergüenza, el Senado de la Nación concedió un permiso indefinido sin goce de sueldo al senador cartista Hernán David Rivas, en medio del escándalo por su presunto título falso de abogado.
En vez de exigir su renuncia inmediata o impulsar con seriedad el juicio de pérdida de investidura, la Cámara Alta optó nuevamente por el camino más cómodo y corporativo: un blindaje político disfrazado de “licencia temporal”.
Este no es un simple trámite administrativo. Es un salvataje descarado que prioriza la protección de uno de los suyos por encima de la dignidad institucional, la credibilidad del Congreso y el mínimo sentido de decencia pública.
La senadora Yolanda Paredes lo expresó sin eufemismos durante el debate: “El caso Rivas tiene solo dos salidas: pérdida de investidura o renuncia”. Calificó el pedido de permiso como inconstitucional, recordando que el artículo 199 de la Constitución Nacional contempla esta figura únicamente para asumir como ministro del Poder Ejecutivo o para dedicarse al servicio exterior o diplomático. “No hay manera de que ese señor se vaya a la casa con permiso. Eso me parece ofensivo”, afirmó con contundencia.
Paredes fue más allá y exigió responsabilidad directa al Partido Colorado: “Así como yo lo hice, yo misma promoví la pérdida de investidura de un personaje nefasto, así también el Partido Colorado debe hacer su mea culpa. Que se haga cargo del carruaje y delincuente que metieron”.
No ahorró críticas duras al sistema judicial paraguayo, al que describió como “vergonzoso” por sostener a Rivas en la banca y ratificar sus actuaciones en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), pese a las graves denuncias de uso de título falso, tráfico de influencias y hasta coacción a fiscales. Para ella, permitir este permiso es una “burla” al esfuerzo de miles de familias paraguayas que se sacrifican para que sus hijos obtengan títulos legítimos.
Pero más allá de todo, este escándalo trasciende la figura individual de Hernán Rivas. Representa la demostración más clara y dolorosa del fracaso simultáneo de los tres poderes del Estado: El Poder Ejecutivo falló de manera rotunda al no ejercer un control real y efectivo sobre la expedición y registro de títulos universitarios por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Según la investigación fiscal, se permitió que un título de abogado fuera registrado en un tiempo récord de apenas 4 horas y 16 minutos, sin verificación rigurosa, mientras miles de jóvenes paraguayos invierten años de estudio y esfuerzo para obtener un título auténtico. El negocio de los “títulos mau” creció y se consolidó bajo la mirada complaciente, o directamente cómplice, del Estado.
El Poder Judicial optó, una vez más, por la ruta de la impunidad selectiva. A pesar de las evidencias presentadas, incluyendo declaraciones de exfuncionarios de la Universidad Sudamericana que revelaron irregularidades, la Cámara de Apelaciones concedió el sobreseimiento definitivo argumentando prescripción del hecho.
El Poder Legislativo, que debería ser el principal contrapeso y guardián de la honorabilidad pública, se convirtió una vez más en el escudo protector del cuestionado senador. Lejos de preservar la dignidad de la Cámara, los 23 de la vergüenza prefirieron otorgar un salvataje político antes que enfrentar la verdad incómoda y asumir las consecuencias.
Estos mismos 23 senadores –o un núcleo muy similar– ya tienen un historial lamentable. Cada tanto la ciudadanía se lo recuerda por haber atentado contra la democracia y las instituciones. Con exactamente 23 votos echaron a la senadora Kattya González en febrero de 2024, en un proceso exprés y controvertido que anuló la voluntad de más de 100.000 electores que la habían elegido como una de las senadoras más votadas.
La historia los ha marcado como “los 23 de la vergüenza”, un grupo que parece creer que puede llevarse la República sobre sus hombros como si fuera un costal de arena, manipulando reglas, ignorando la Constitución y priorizando el corporativismo por encima del bien común.
Pero la República no es un costal que se carga y descarga a conveniencia: es una institución que pertenece al pueblo paraguayo, no a un puñado de senadores que la tratan como propiedad privada.
¿Cuál es el verdadero temor que mueve a quienes impulsaron este permiso? Tal vez no sea solo la suerte personal de Hernán Rivas. Quizás lo que realmente preocupa es que, si este caso cae con todo el peso de la ley y la opinión pública, comiencen a “saltar” otros casos similares de títulos falsos o irregulares entre políticos, funcionarios, magistrados y figuras influyentes del país. La impunidad se defiende en bloque porque, cuando uno cae, el riesgo es que caigan varios.
Es hora de que la Justicia paraguaya deje de ser un actor pasivo, lento o directamente cómplice y se encargue de este caso, y de todos los casos análogos, con verdadera independencia, seriedad, celeridad y apego estricto a la Constitución y a las leyes.