El eterno drama del transporte público de pasajeros en el área metropolitana tiene un nuevo episodio, como si las experiencias acumuladas a lo largo de los años aún no bastaran para agotar la paciencia de los usuarios y de la ciudadanía en general. A pocas semanas del último “paro” ilícito, ahora se ha llegado al colmo de que, según cierto documento interno del Viceministerio de Transporte, a cargo de Emiliano Fernández, el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), dirigido por César Ruiz Díaz, le entrega datos de 2024 y no los de 2025 para ajustar la tarifa técnica; además, bloquearía la revisión de los precios de chasis y carrocerías, buscando imponer los de buses inexistentes en el mercado local.
El erario ya entregó a los “empresarios” del transporte, en menos de un mes, unos 7,6 millones de dólares en concepto de subsidios operativos y compensaciones por deudas acumuladas, pero es evidente que algunos de ellos siguen insatisfechos, aunque además cada “línea” reciba de Petropar combustible por hasta 50 millones de guaraníes, a un precio inferior al de los emblemas privados. Siendo así, Cetrapam podría volver a recurrir a las indignantes “reguladas” punibles, como lo constituiría también el hecho de aportar datos ajenos a la realidad de hoy para obtener más dinero público. En cuanto a las trabas técnicas, no sería raro que se apunte a esconder operaciones irregulares o que impliquen una nueva variante chantajista, con el fin de arrancar concesiones del Estado.
Desde ya, sería aconsejable que la Contraloría General de la República y eventualmente el Ministerio Público abran de oficio una pesquisa en torno al escabroso asunto, si el Viceministerio no se atreve a formular una denuncia penal, como debería hacerlo. Sobre todo, si estima que las empresas del Cetrapam ocultaron documentos para elevar la tarifa técnica del pasaje y en consecuencia inducir a un aumento injustificado de los subsidios, que en la última década llegaron a 1,7 billones de guaraníes. Y solo para el transporte del área metropolitana. No se incluye el resto del país.
César Ruiz Díaz tildó a las autoridades del Viceministerio de “mentirosos compulsivos”, pues las facturas ya habrían sido remitidas hace tiempo. Una de las dos partes está mintiendo con el mayor descaro, razón de más para que los organismos antes referidos tomen cartas en este viejo conflicto que tanto castiga a los usuarios indefensos.
Santiago Peña dijo ya el año pasado que la reforma del transporte público de pasajeros en el área metropolitana “llevará su tiempo”, sin dar mayores precisiones. Tal como se ven las cosas, no hay indicios de que dicha reforma vaya a concluir bajo su mandato presidencial, sino más bien de que proseguirá la disputa entre unos supuestos adictos a la mentira y unos asiduos practicantes de las infames “reguladas”. Según parece, los usuarios pueden esperar, tanto como los contribuyentes de todo el país que financian los subsidios. Unos y otros son víctimas y espectadores de un espectáculo bochornoso, que ya dura demasiado. Habrá que ver si las implícitas acusaciones formuladas en el informe interno del Viceministerio tienen alguna pronta consecuencia.
Es hora de que cuanto antes se ponga fin a una sempiterna disputa que afecta en primer lugar a quienes se ven forzados a recurrir al transporte público y, por tanto, a exponerse a frecuentes prácticas extorsivas como las “reguladas”, siempre impunes pese a que la Ley N° 6789/21 castiga a quienes las realicen con la cancelación de las licencias, los itinerarios y los subsidios. Es necesario que tanto los organismos de control como de justicia, dado el caso, pongan manos a la obra. Sería intolerable que se pretenda incidir con toda mala fe en el cálculo del pasaje y de los subsidios, para obtener cobros indebidos a expensas del fisco.
Ya es suficiente con lo que a diario padecen los pasajeros en los buses atestados o en las prolongadas esperas generadas con vileza, como para que, además, quienes pagan en impuestos termine, ilícitamente, en los bolsillos de sus desalmados verdugos. Es preciso poner fin a sus diarios infortunios, agravados durante las odiosas “reguladas”, aplicando la ley con todo rigor, como es debido.