El principal antecedente jurídico del Tratado de Itaipú es el Acta de Yguazú, rubricada el 22 de junio de 1966 tras zanjarse un conflicto de límites por los Saltos del Guairá, en el que Brasil literalmente invadió el territorio paraguayo y desplegó sus tanques de guerra en la frontera. Con el acta se dio por superada la disputa y se proclamó la disposición de realizar los estudios para el aprovechamiento binacional del gran potencial energético por diferencia de altura del río Paraná en el tramo compartido entre los saltos y la desembocadura del río Yguazú. Se acordó que la energía resultante sería dividida en partes iguales y se reconoció un derecho de preferencia para la adquisición a “justo precio” de “cualquier cantidad que no vaya a ser utilizada para el suministro de las necesidades de consumo” de alguno de los dos países, es decir, de Paraguay.
Cuando se firmó el Tratado de Itaipú siete años después, el 26 de abril de 1973, a regañadientes Brasil aceptó la partición de 50/50, aunque solo formalmente, ya que se introdujeron cláusulas (luego calcadas por Argentina en Yacyretá) que le dejaron abiertas las puertas para quedarse con la parte del león, tal como terminó ocurriendo en la práctica. Lo del “justo precio” directamente se dejó de lado.
El resultado es que, entre mayo de 1984, fecha en que se puso en operación la primera turbina, y junio de 2025 (último dato confirmado), Itaipú produjo 3.089 millones de megavatios/hora, de los cuales Brasil se llevó su parte más el 80% de la parte paraguaya. En ese lapso de 41 años Paraguay le cedió al Brasil 1.235 millones de MWh, un volumen gigantesco, y recibió a cambio, ya fuera del precio de costo, un promedio de 4,4 dólares el MWh. No, no se trata de un error: 4,4 dólares por MWh cedido, cuando el “justo precio” de esa energía, a valores muy conservadores, es por lo menos diez veces mayor.
El argumento esgrimido para ello fue que Paraguay “solo puso el agua”, dado que no tenía la capacidad financiera para hacerse cargo de su parte de la deuda por la construcción de la central. Por un lado, decir solo puso el agua en una hidroeléctrica es lo mismo que decir solo puso el petróleo. Por el otro, Brasil no pagó la construcción de Itaipú, que se autofinanció de principio a fin. Al contrario, como principal prestamista, se benefició enormemente con un billonario flujo de intereses de una deuda que terminó siendo exorbitante y en gran medida espuria.
Pero al margen de la falacia del argumento, en cualquier caso, el mismo ha dejado de existir. En febrero de 2023 se pagó la última cuota de la deuda y el 13 de agosto del mismo año, en coincidencia con la jura de Santiago Peña como presidente de la República, se cumplió el plazo de revisión del Anexo C del Tratado, al transcurrir 50 años desde su puesta en vigencia.
Peña ha tenido dos opciones a plena disposición. O renegociar los términos del Tratado de Itaipú, asegurándose de que el Paraguay por fin reciba lo que corresponde por su energía a valores reales, o ejercer la soberanía nacional sobre los recursos del país y subastar los excedentes energéticos del Paraguay en su territorio, con sus reglas, sin pedir permiso, al mejor postor, a lo sumo concediéndole a Brasil un derecho de preferencia y la posibilidad de igualar la mejor oferta. No ha hecho ni una cosa ni la otra.
La triste realidad es que se cumple un nuevo aniversario y Paraguay sigue hasta el día de hoy cediendo a precio vil su energía al Brasil, ante la vista gorda del Gobierno. Santiago Peña no ha tenido ni la firmeza, ni la visión ni el liderazgo para restituir y hacer respetar los legítimos derechos del país y de todos los paraguayos.