Lo único verdaderamente rescatable de la engañosa “reforma” de la Caja Parlamentaria, que acaba de ser aprobada con modificaciones por el Senado y vuelve para su sanción definitiva a Diputados, es la supuesta prohibición expresa de cualquier aporte, subsidio, garantía o respaldo financiero del Estado para la impresentable “jubilación vip” de los miembros del Poder Legislativo. Sin embargo, subrepticiamente, ambas cámaras dejaron la puerta abierta para un rescate público en caso de liquidación del fondo, lo cual es inadmisible y echa por tierra cualquier teatro de renuncia de privilegios que se quiera montar.
Los administradores y defensores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo, o Caja Parlamentaria, presidida por la exsenadora Blanca Lila Mignarro, afirman que la misma es absolutamente sostenible, autosustentable y que no requiere de dinero estatal para cumplir sus objetivos.
Esta afirmación es falsa, pero, sea que lo fuera o no, si los parlamentarios quieren participar en una especie de “sistema Ponzi”, donde los aportantes de hoy paguen generosas jubilaciones a sus colegas retirados, pero se encuentren con que ya no habrá suficientes fondos cuando les toque retirarse a ellos, es problema suyo. Toda vez que no sea el Estado, es decir, el conjunto de la ciudadanía, el que en última instancia tenga que pagar los platos rotos.
Hay sobradas razones para presagiar que tarde o temprano buscarán recurrir al Estado para tapar los agujeros de un régimen que, matemáticamente, no tiene ninguna posibilidad realista de autofinanciarse.
En primer lugar, son ellos los que hacen las leyes. Así como hoy, ante la presión ciudadana y para aplacar las críticas, pueden descartar un aporte estatal en la ley orgánica de la Caja y eliminar el subsidio público que se incorpora cada año en el Presupuesto General de la Nación, así lo pueden restituir en cualquier momento. De hecho, ese subsidio ya había sido suprimido y luego vuelto a restablecer.
En segundo lugar, originalmente el proyecto taxativamente prohibía que el Estado saliera al rescate de la Caja Parlamentaria en caso de quiebra o liquidación, en cuya situación la entidad únicamente podía responder con sus activos. Tal prohibición fue sigilosamente dejada de lado.
Con las últimas modificaciones introducidas por el Senado, el sistema quedaría constituido de la siguiente manera: con tan solo quince años de aportes del 24% de sus remuneraciones legislativas, los parlamentarios acceden a una jubilación ordinaria equivalente al 80% de sus dietas y gastos de representación, lo que hoy representa 30.320.000 guaraníes por mes de por vida, y con apenas diez años de aportes pueden acceder a una jubilación extraordinaria del 60%, que hoy serían 22.740.000 guaraníes. En ambos casos se requiere una edad mínima de 60 años, según el proyecto del Senado. El régimen alcanza optativamente a los legisladores suplentes que pasan a ocupar una banca, si es que deciden completar el faltante.
En realidad, la jubilación es un poco menor (unos 26 y 20 millones de guaraníes mensuales, respectivamente) porque el jubilado sigue aportando el 14%, pero muy considerable de todos modos y, en caso de fallecimiento, el cónyuge superviviente continúa cobrando una pensión del 40% de los haberes. Además, si el parlamentario no cumple los requisitos mínimos u opta por renunciar al beneficio, puede solicitar la devolución del 95% del total de sus aportes, previa cancelación de las deudas que tenga con la Caja.
Por mucho que lo quieran maquillar, cualquiera con una calculadora puede concluir que no hay manera de cerrar los números, debido básicamente a cuatro factores objetivos: 1) la limitada y rígida base de aportantes (son solo 125 cotizantes activos, 80 diputados y 45 senadores); 2) el corto período de aporte (10 o 15 años); 3) las altas jubilaciones; y 4) la opción de retirar todo lo contribuido al fondo común.
Por ejemplo, un legislador que viva 25 años después de jubilarse terminará cobrando 7.800 millones de guaraníes (ya con el descuento del 14% y sin considerar ajustes ni aguinaldos), habiendo aportado solo un quinto de ese monto, con el agravante de que cada vez habrá más retirados por cada aportante activo.
Se señala que la Caja obtiene utilidades por intereses de préstamos otorgados a sus miembros, pero es difícil imaginar que con eso se puedan cubrir semejantes diferencias. Por lo demás, se trata de una caja jubilatoria, no de una cooperativa ni de una financiera, para lo cual, dicho sea de paso, debería someterse a las normas de prudencia y de supervisión del sistema financiero para protegerse ante posibles pérdidas o desvíos.
Con este panorama, irremediablemente la Caja Parlamentaria entrará en crisis en un futuro no muy lejano y querrán que el Tesoro público salga en su auxilio. La población tiene que estar alerta y no permitirlo. Alegarán que el Estado, como empleador, también tiene que hacer su aporte, pero entonces que entren al régimen general, que contribuyan 25 años y que reciban beneficios adecuados a la realidad, como cualquier hijo de vecino.