A poco de haber asumido el cargo, el presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, constató, entre otras cosas, que el Hospital Regional de Encarnación, ciudad conocida como la “perla del sur” (nombre que ahora disputa con Pilar), nada tiene de tal en lo que atañe al servicio del ente y que el cambio exige “sincerarnos”. Calificó de “irregular” que gran parte del personal de blanco cobre un salario indigno, pues su carga laboral sería “pesada” y carecería de apoyo tecnológico. La flamante autoridad sanitaria agregó que no comprende que un nosocomio importante se halle en el estado en que lo vio, pero su visita le habría permitido conocer el panorama, obligándolo a mejorarlo. Ilustró la desidia reinante al señalar que un equipo de anestesia, guardado durante dos años en una ciudad vecina, no funcionó al ser instalado. Prometió enviar técnicos para repararlo lo antes posible.
En cuanto a la falta de medicamentos, porque “las administraciones anteriores dejaron la responsabilidad inherente”, anunció que dentro de un mes se tendría el 80% de los de alta rotación. Afirmó, en fin, que el quirófano, que debe ser un espacio cerrado, tenía “una ventana improvisada en su cierre”, algo fácil de reparar. Creyó oportuno informar a los consejeros que “se debe dar una protección extrema al paciente”, como si, por lo visto, fuera preciso transmitirles tamaña obviedad. Aunque no estaría de más, porque es evidente que los consejeros, algunos ya renunciantes mientras otros están atornillados a sus sillas, nunca realizaron visitas de inspección a dichos nosocomios. Probablemente ni siquiera recorrieron la sede central de la institución, a juzgar por las graves irregularidades que a menudo se denuncian allí mientras la pelota les pasa entre piernas.
Faltan insumos básicos en los hospitales y hay equipos averiados por falta de mantenimiento, así como médicos de guardia que abandonan sus puestos, porque estos funcionarios, tanto administrativos como sanitarios, no son castigados como manda la ley. Si se compran equipos inútiles es porque en el IPS campean la corrupción y/o la desidia. Como señalamos, de estos vicios no se habrían venido enterando los miembros del Consejo de Administración que, salvo el ya reemplazado Gustavo González Maffiodo, representante del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y Víctor Insfrán Dietrich, representante de los trabajadores, quien ya presentó su renuncia, no han tenido el decoro de poner sus respectivos cargos “a disposición”, como les había pedido el nuevo presidente. Quizá sea natural que no deseen perder sus jugosos ingresos mensuales de 32 millones de guaraníes, aunque nunca se hayan tomado la “molestia” de visitar los hospitales y las unidades sanitarias del IPS para observar sus carencias y, por ende, el inmenso dolor de los asegurados y sus familiares.
No obstante, los consejeros que desoyeron al nuevo presidente, con una excepción, ya han aprobado los cambios propuestos por el flamante jefe en la cabeza de algunas direcciones. Los consejeros sugeridos por los empleadores y los trabajadores tienen la suerte de que las organizaciones de sus respectivos representados no se muestran atentos a su buen desempeño; por regla general, les dejan hacer y dejar de hacer lo que se les antoje. En otras palabras, han venido tolerando fechorías de diversa índole, perpetradas en perjuicio de los asegurados y en beneficio de unos consejeros insensibles y quizá codiciosos, porque la experiencia les enseña que no deben temer que los fiscales y los jueces actúen con el rigor debido, en defensa de los aportantes y de la vida de los asegurados.
Se diría que el Consejo de Administración del IPS es un “territorio liberado” de los alcances de la ley penal: hasta hoy, ninguno de sus expresidentes ni de sus consejeros ha sufrido una condena firme, lo que aporta el estímulo necesario para que la corruptela continúe imperando en la previsional.
Si casi todos ignoraron el pedido de renuncia que les hizo el nuevo titular del IPS, nada obsta a que el jefe del Poder Ejecutivo los destituya por propia iniciativa. Prescindir de sus pésimos servicios hará bien a los asegurados y a sus familiares: si no se ocupan de visitar los centros de atención del IPS para conocer in situ sus precariedades es porque la suerte de las víctimas les tiene sin cuidado.
Si les restara una pizca de dignidad, deberían irse a sus respectivas casas, por el bien del país: su presencia en un órgano que deshonran resulta una afrenta no solo a los asegurados y a sus familiares, sino a la ciudadanía toda, que tiene derecho a que la función pública sea ejercida por personas honestas, idóneas y sensibles a las necesidades que debe atender una entidad previsional, que debe estar al servicio de los asegurados y no de la extendida e inservible burocracia allí empotrada.