El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó este viernes la Ley Nº 7654, que pone en vigencia el memorando de entendimiento firmado entre Paraguay y Estados Unidos para la adquisición de equipos y servicios de defensa.
El acuerdo es complementario al Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas y habilita al Ministerio de Defensa Nacional a gestionar compras mediante mecanismos de cooperación administrados o facilitados por el gobierno estadounidense.
La normativa también establece que los procedimientos de contratación vinculados a estas adquisiciones tendrán carácter excluido, abriendo paso a reglas especiales en materia administrativa y financiera.
Contrataciones tendrán régimen especial
Según el texto promulgado, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, deberá establecer normas específicas de tesorería, contabilidad, patrimonio y contrataciones para adecuarse a los requerimientos de los programas de cooperación militar.
El memorando había sido sancionado por la Cámara de Diputados el pasado 25 de abril.
El acuerdo contempla mecanismos de adquisición utilizados dentro de los programas de seguridad del gobierno de Estados Unidos, entre ellos las Ventas Militares al Extranjero (Foreign Military Sales – FMS), los Artículos de Defensa Excedentes (EDA) y el Financiamiento Militar Extranjero (FMF).
Estos instrumentos son administrados por la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa de Estados Unidos y forman parte de la política de cooperación militar impulsada por Washington con países aliados.
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Buscan fortalecer capacidad militar
De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es fortalecer las capacidades operativas y logísticas de las Fuerzas Militares paraguayas mediante el acceso a equipamiento, tecnología y servicios especializados de defensa.
El Gobierno sostiene que el mecanismo permitirá agilizar procesos de cooperación internacional y mejorar la capacidad institucional en materia de seguridad y defensa.
No obstante, la disposición también habilita un esquema excepcional de contrataciones públicas, un aspecto que históricamente genera cuestionamientos por los limitados niveles de control y transparencia en adquisiciones vinculadas al área de defensa.