Según sus propias palabras, el senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) puede entregar “en un segundo” algún cargo en Itaipú Binacional, cuyo director general paraguayo es su hermano Justo Zacarías Irún. Es lo que surge del diálogo que tuvo el último 26 de marzo con el precandidato a edil de Ciudad del Este Osvaldo Sánchez (ANR, cartista) y presidente de una seccional colorada de dicha localidad. Este aparentaba molesto porque hasta entonces no había sido incorporado a la entidad, mediante un contrato de prestación de servicios administrativos con una firma de su hermanastro Avilio Acuña, por un monto de 15 millones de guaraníes mensuales. Y conste que, según dijo el citado Sánchez, él había ayudado a que Rocío Abed (ANR, cartista), esposa de Justo, logre una banca en la Cámara de Diputados.
Tras el aparente uso indebido de influencias, que conlleva la pérdida de la investidura parlamentaria, al día siguiente de esa reunión se firmó una autorización de servicio entre la Itaipú y el hermano del político colorado. Acorralado por la prueba contundente, el senador ya ensayó una nueva versión: la contratación no se concretó y ese documento solo habría sido un “visto bueno” para que los trámites prosigan, insistiendo en que él se habría limitado a la irreprochable actuación de “preguntar o averiguar”. Pese a los intentos de desmentida, las descaradas tratativas no deben sorprender a nadie, en virtud de que en la función pública el carnet partidario importa mucho más que un título académico, según destacó en 2023 el entonces candidato presidencial Santiago Peña ante funcionarios de la misma entidad binacional.
Bien se sabe que esta gran empresa hidroeléctrica es un feudo que los Zacarías Irún parecen explotar a vista y paciencia de los miembros paraguayos del Consejo de Administración, designados por el Poder Ejecutivo, así como de la Contraloría General de la República y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que no fiscalizan los llamados “gastos sociales” ni las licitaciones del Parque Tecnológico de la entidad binacional, que financió, entre otras cosas, la compra irregular de pupitres chinos presuntamente sobrefacturados, para mal de la industria nacional. Lo antedicho revela lo que parece ser un desvío de fondos públicos hacia cierto movimiento interno de la ANR en perjuicio de otros en las cercanas internas partidarias, lo que induce a suponer que la historia se repita con mayor fuerza de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre venidero, en pro de los candidatos del partido oficialista. En otros términos, Itaipú Binacional –al parecer– hace el papel de una proveedora de recursos, exenta del control de los organismos estatales encargados de verificar la corrección de las contrataciones públicas y del empleo de fondos destinados para solventar obras y servicios. La citada entidad operaría así como una enorme “caja chica”, valga la paradoja, de los dueños del poder de turno, con el acuerdo de los consejeros nombrados por Santiago Peña. Si tan descaradamente se cocina la entrega de cargos según gestión de algún político con influencias, podría afirmarse que la entidad ha sido corrompida por el sectarismo político.
Si de esta manera tan politiquera se manejan los asuntos en la entidad, lo que revelaría un enorme descontrol, poca esperanza cabe de que la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú pueda realizarse en términos convenientes para nuestro país. Una vez más, se está observando allí lo que parece ser una falta de honestidad, idoneidad y patriotismo, que tanto perjuicio ya ha causado al Paraguay.